EDITORIAL
Corrupción en la Fiscalía General de la República: la impunidad que protege el despojo
Por Karl Novo
Después de una larga batalla contra la enfermedad, regresar a escribir representa un acto de fe en la justicia y en la palabra. Hoy lo hago para denunciar lo que parece ser otro episodio en la interminable historia de la corrupción institucional en México.
Durante años de investigación se ha descubierto una red de complicidades entre particulares, funcionarios y exfuncionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). Entre los involucrados destaca el licenciado Luis Gonzalo Zermeño Maeda, Notario Público número 64 de la Ciudad de México, señalado por haber aceptado documentos falsificados —actas de nacimiento apócrifas— dentro de escrituras públicas, como la número 123,745 del 14 de octubre de 2015.
El caso gira en torno al uso de un acta de nacimiento falsificada atribuida a un hombre identificado como Arturo Hernández “H”, la cual, según registros oficiales, corresponde en realidad a otra persona: Francisco Fernando “N”. La documentación, emitida por el Registro Civil, presenta inconsistencias graves en número de juzgado, libro y foja, lo que revela una manipulación deliberada de los registros oficiales.
La pregunta inevitable es: ¿para qué falsificar documentos de identidad dentro de una carpeta de investigación —identificada como CI: FPJC/74/UI-7 S/D/173/07-2021 D01— y entorpecer el trabajo pericial?
Las respuestas apuntan a tres fines claros: retrasar las investigaciones, revictimizar a quien denuncia y, finalmente, encubrir el despojo de bienes inmuebles de alto valor mediante el uso de documentación apócrifa.
En este escenario, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México parece atada de manos, mientras que la FGR, lejos de garantizar el acceso a la verdad, sirve —en algunos casos— como refugio para funcionarios que transforman la justicia en un negocio. Detrás de cada expediente manipulado, de cada acta falsificada, se esconde una red de intereses económicos y políticos que protege a quienes deberían ser investigados.
El Registro Civil también carga con su parte de responsabilidad. La tardanza en responder a los requerimientos del Ministerio Público, la falta de colaboración con los peritos en documentoscopía y la confusión en los registros solo alimentan la sospecha de complicidad. Si los libros originales existen, deben abrirse. Si no existen, debe investigarse quién los alteró o desapareció.
Frente a este panorama, resulta urgente que las autoridades superiores —tanto en la FGJ-CDMX como en la FGR— escuchen a las víctimas y revisen a fondo las investigaciones. En un país donde la corrupción ha permeado hasta las instituciones encargadas de impartir justicia, callar sería una forma de complicidad.M
éxico no puede seguir siendo rehén de quienes tuercen la ley para proteger a los poderosos. Denunciar es una obligación moral, y escribirlo, una forma de resistencia.
