miércoles, 28 de febrero de 2024

PROHIBICION INTERNACIONAL De Productos Nocivos a la SALUD: OSC’s

Gilberto Solís Flores

En otra acción más para la concientización de prevenir las diferentes enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, entre otros males de alto riesgo, inclusive mortales, Y asegurar la plena salud de la población mexicana y de otras naciones, se presenta hoy la novedosa prohibición internacional de la distribución y consumo de los productos nocivos a la salud de la comunidad.
Después de aquella masiva protesta internacional, en contra del mortal consumo del tabaquismo y la insistente motivación y distribución de las empresas tabacaleras, que manifestaron los integrantes de más de 20 Organizaciones de la Sociedad Civil en Latino américa en ocasión de la Décima Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco, (COP 10) celebrada en Panamá del 5 al 10 de febrero del año en curso, Sigue hoy la acertada Prohibición internacional del uso de las grasas trans en México y en países de América Latina.
Tal como manifestaron recientemente, representantes de Organizaciones civiles que luchan intensamente por el mejoramiento de la salud, durante el interesante FORO:   -Prohibición del uso de grasas Trans en México; Retos y Perspectivas en Bolivia, Ecuador, Panamá y otros países de la región latinoamericana.
A través del novedoso sistema virtual, los representantes de las Organizaciones Civiles, señalaron que, “El consumo de productos que afectan nuestra salud se ha normalizado debido en gran medida al desconocimiento y a los malos hábitos de las personas, así como al aumento inducido por la industria para que ciertos comestibles sean más apetitosos al gusto de los consumidores, entre otras causas”.
Explicaron los ponentes del Foro que, Entre los productos de mayor consumo se encuentran aquellos que contienen ácidos grasos trans (AGT). Estas sustancias se caracterizan por ser estables al enranciamiento oxidativo, lo que quiere decir que se conservan por un tiempo prologando, es decir, que no se echan a perder fácilmente, lo cual conviene a los negocios de la industria.
En el oportuno y exitoso FORO Latinoamericano sobre la eliminación de sustancias nocivas a la salud, “La regulación de las grasas trans y la eliminación de los aceites parcialmente hidrogenados de la producción industrial de Alimentos se volvió indispensable, pues la comercialización de comestibles de bajo contenido nutricional y abundantes compuestos nocivos para la salud, daña a nuestra población, en especial a quienes no tienen opciones de adquirir alimentos saludables a precios accesibles”, explicó el Diputado Joaquín Zebadúa Alva.
En tanto, la doctora Luciana Castronuovo, especialista de la Fundación Interamericana del Corazón – Argentina, expuso que, en Ese país sudamericano el proceso de regulación y eliminación de esos componentes dañinos se inició desde el año 2010 y se depuró en 2022. Tuvo que darse, agregó, intensa movilización de las Organizaciones Sociales, que sumí a investigadores y funcionarios del Ministerio de Salud, pues la influencia de las industrias retrasaba la discusión en el Poder Legislativo y su publicación.
Por México, en su interesante participación en el Foro, el Maestro Erick Antonio Ochoa director de la Organización Salud Justa MX destacó que, “Construir argumentos de beneficio a la Salud pública con base científica, y acercarse y persuadir a tomadores de decisiones clave, han sido determinantes para avanzar en la regulación de las grasas trans y la eliminación de los aceites parcialmente hidrogenados.
Afirmo, que en México, fue venturosa la intervención de la SEANADORA Margarita Valdez presidente de la Comisión de Salud en el Senado de la República, así como del Diputado Joaquín Zebadua secretario de la Comisión Homóloga, la primera, integró la iniciativa correspondiente, y el segundo, detuvo las presiones de la industria, que retrasaba la discusión de tal iniciativa, que finalmente fue aprobada en las dos Cámaras.
De Ecuador, la Especialista en Nutrición, Yadira Morejón, subrayó que su país fue pionero en la aplicación de medidas de protección a la salud en los alimentos al haber establecido en el año 2014 el semáforo nutricional, que advertía a los consumidores sobre los contenidos de grasas, sodio y azucares y de ciertos comestibles,
Apuntó, que en la regulación de productos nocivos para la salud contenidos en alimentos, intervienen personajes de la salud pública y de la producción y que estos deben ser sensibilizados, pues con frecuencia promueven los intereses económicos y de las industrias en particular sobre la protección de la salud de la población.
En su oportunidad, la Doctora Beatriz Marcet Champagne, presidenta de la Coalición América Saludable, una de las entidades convocantes al FORO señaló que “En la capacitación cada día en el apoyo a definir cómo hacemos las Tareas de incidencia política, debemos hacer que la comunicación y la concientización vayan de la mano de la incidencia política, sin dejar de considerar la situación de las Organizaciones sociales en cada uno de nuestros países. -En todos los países se debe aprender de la experiencia de quienes han avanzo más, pero considerando los retos y las posibilidades propias- subrayó el apoyo brindado en la iniciativa;   -Resolve To Safe Lives- de la OMS.
Mientras que el licenciado Williy Alanoa Alvarez Coordinador de la Fundación para la Educación para la Salud de Bolivia, destacó que en ese país se cuenta con una norma espec ifica sobre alimentación desde el año 2016 pero solo se refiere al etiquetado de alimentos y que les faltan estudios sobre los efectos de las grasas trans y los aceites parcialmente hidrogenados para construir argumentos más elocuentes.
Y como ha trascendido entre la sociedad mexicana, definitivamente que son tres las sustancias más nocivas a la salud de la población y las tres principales causas de enfermedades y de muerte cada año de miles de adolescentes, jóvenes y adultos, el tabaquismo, la drogadicción y las grasas trans a las que hay que combatir, eliminar y prohibir de manera conjunta y contundente mediante la motivación y concientización para la educación nutricional y alimenticia.
Añadió que, “Son falaces los alegatos de que se afecta la economía del país, ya que, en la región, los impactos son mínimos para las industrias, pues estas tienen alternativas, fórmulas que hacen la misma función sin ocasionar daños”.

martes, 20 de febrero de 2024

Jueces de ejecución del PJCDMX, facultados para actuar en defensa de derechos de reos

*** El juez de la materia del órgano judicial capitalino, Jorge Osornio Alvarado, dijo que este tipo de impartidores de justicia no sólo resuelven sobre los beneficios que solicitan las personas en reclusión
*** Incluso sus familiares hasta en cuarto grado, precisó, pueden hacer del conocimiento del juez de la vulneración a sus derechos, según se establece en la Ley Nacional de Ejecución Penal

BLAS A. BUENDÍA *

Los jueces de ejecución de sanciones penales no sólo se encargan de resolver sobre los beneficios penitenciarios que solicitan las personas en reclusión, ya que también están facultados para actuar cuando en casos en los que estas consideran vulnerados sus derechos al interior de los reclusorios, afirmó el juez de esa materia, Jorge Osornio Alvarado, del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez.
“La gente no se da cuenta que estamos aquí (los jueces de ejecución de sanciones penales) para poder ayudarles si existe alguna inconformidad, si los golpean, si los castigan a cada rato; si llegan a sus dormitorios y ahí les ponen un celular o droga y los culpan a ellos”, dijo.
El impartidor de justicia consideró que las personas privadas de la libertad no acuden al juez de sanciones penales para denunciar la vulneración a sus derechos por desconocimiento, o incluso por temor a sufrir restricciones por parte de la autoridad penitenciaria, como salidas al patio, o represalias como un cambio de dormitorio.
Precisó que los reos o sus familiares hasta en cuarto grado pueden hacer del conocimiento del juez de ejecución de sanciones de situaciones que vulneren sus derechos humanos en reclusión, acorde a lo estipulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que se resuelva la controversia.
Osornio Alvarado aseguró que las personas privadas de la libertad deben dejar de lado cualquier tipo de miedo, al subrayar que “si no hacemos cosas diferentes no va a pasar nada diferente y van a seguir exactamente en lo mismo”.
Mencionó que cuando los reos hacen del conocimiento a la autoridad penitenciaria de manera directa alguna vulneración a sus derechos, y ésta les da una respuesta negativa a sus intereses, o no le contesta, también puede hacerlo del conocimiento del juez de ejecución de sanciones penales.
Detalló que en el PJCDMX hay en funciones 42 juzgadores de ejecución de sanciones, de los cuales 36 pertenecen al sistema procesal penal acusatorio, cuatro en el sistema mixto y dos especializados en justicia para adolescentes.

Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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Lineamientos garantizan en el PJCDMX respeto a derechos humanos de indígenas

*** El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México emitió este mes los lineamientos para la prestación de los servicios de interpretación, traducción, opinión técnica, dictamen cultural o dictamen lingüístico, con los que se da certidumbre jurídica a las personas indígenas que son parte en un proceso judicial
·*** Estos, son de carácter obligatorio para los servidores públicos intervinientes, con los cuales, además, se garantiza el debido proceso y una impartición de justicia en condiciones de igualdad y no discriminación

BLAS A. BUENDÍA *

Para dar certidumbre jurídica, garantizar el debido proceso y el respeto irrestricto a los derechos humanos de personas indígenas que son parte en un juicio, entre éstos a la igualdad y no discriminación, los impartidores de justicia, el personal de apoyo judicial y administrativo del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), que encabeza el magistrado Rafael Guerra Álvarez, cuentan desde este mes con los lineamientos que rigen su actuar en esa materia.
Esto, luego de que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (CJCDMX) emitiera los Lineamientos para los servicios de interpretación, traducción, opinión técnica, dictamen cultural o dictamen lingüístico que presta el Poder Judicial de la Ciudad de México para garantizar la atención efectiva y protección de los derechos de las personas indígenas, en su calidad de actor, demandado, imputado, víctima o testigo.
Aunque esos servicios ya se prestaban, el órgano de administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia de la capital de la República, consideró pertinente emitir los citados lineamientos, a fin establecer disposiciones generales de carácter obligatorio que deberán atenderse al interior de la institución por los servidores públicos que intervienen en la prestación de los servicios señalados.
“Y con ello proteger y garantizar el debido proceso y acceso a una justicia siempre en condiciones de igualdad y no discriminación”, se establece en el documento en el que además se subraya que se deberá garantizar a las personas indígenas “un trato respetuoso, igualitario, digno y sin discriminación, y con ello coadyuvar en la promoción y protección de sus derechos”.
Los lineamientos se componen de tres títulos; el primero, relativo a las disposiciones generales; el segundo, al servicio de interpretación y traducción, y el tercero, a los dictámenes y/o peritajes: opinión técnica, dictamen o peritaje cultural y dictamen lingüístico.
En el documento aprobado se detallan los procedimientos a seguir en la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del órgano judicial capitalino, en aquellos casos en los que personas indígenas, como partes en un proceso jurisdiccional, requieren el servicio de traducción o de interpretación, por petición de ellos mismos, sus defensores o incluso del impartidor de justicia que conoce de su expediente.
Asimismo, en los casos en los que los juzgadores requieren de una opinión técnica, dictamen o peritaje cultural o dictamen lingüístico, que les ayude a conocer y comprender el contexto de la situación de las personas indígenas sujetas a un proceso judicial, ya sea de índole familiar, civil-mercantil, penal o laboral.
Los servicios de interpretación, traducción, opinión técnica, dictamen cultural o dictamen lingüístico prestados a favor de las personas de origen indígena, son cubiertos con recursos económicos del tribunal, que se erogan a favor de especialistas en la materia pertenecientes asociaciones u organizaciones civiles o públicas con las que el órgano judicial capitalino tiene una vinculación institucional para tal efecto.

Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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Gestión integral de riesgos y protección civil promueven la resiliencia de la población: Guerra Álvarez

*** Al firmar de convenio de colaboración con el H. Cuerpo de Bomberos dela Ciudad de México, precisó que a partir de ese instrumento, se generarán bases y mecanismos de asistencia, así como líneas de trabajo que aporten conocimientos en materia de gestión integral de riesgos de desastres y protección civil

BLAS A. BUENDÍA *

El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, afirmó que la gestión integral de riesgos y la protección civil promueven la resiliencia de la población, además de que son las herramientas más importantes para enfrentar crisis históricas “como las que hemos podido superar juntos”.
Así lo comentó al firmar un convenio de colaboración con el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, Juan Manuel Pérez Cova, cuyo propósito es generar bases y mecanismos de colaboración, así como líneas de trabajo que aporten conocimientos en materia de gestión integral de riesgos de desastres y protección civil.
Con este instrumento se sientan las bases para generar conocimiento, a partir de entrenamientos básico, intermedio y avanzado para la prevención, combate y extinción de incendios, así como elementos básicos y avanzados de comunicación para brigadistas, primeros auxilios, nociones de búsqueda y rescate en estructuras.
Guerra Álvarez subrayó que el objetivo del acuerdo es generar una cultura en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, a partir de fortalecer los vínculos entre el PJCDMX y el H. Cuerpo de Bomberos, tendentes a promover un perfil de enseñanza y capacitación que se traduzca en seguridad para las vidas humanas.
“Espero que los frutos de este convenio se reflejen no sólo en trabajos de prevención, sino además en una robusta agenda de capacitación, programas de investigación, acuerdos específicos y proyectos de interés en beneficio mutuo”, comentó el jurisconsulto.
En el Salón Constitucional, subrayó el papel de los bomberos y de los integrantes de las brigadas de Protección Civil del PJCDMX: “A nombre de toda la comunidad judicial, agradezco con el mayor reconocimiento y humildad el ejemplo, valor y trabajo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y de nuestras brigadas de Protección Civil. Su vocación de servicio, su valor y profesionalismo son capaces de la hazaña más valiosa concebida por la humanidad: salvar vidas”.
El acuerdo prevé que ambas instituciones aportarán sus conocimientos en materia educativa, científica, tecnológica y de innovación, enfocada a la materia de gestión integral de riesgos y protección civil, con el propósito de establecer un vínculo a partir del cual realicen trabajo de prevención, capacitaciones, programas, acuerdos, proyectos de interés con beneficio mutuo e intercambio de experiencia.
El acto contó con la presencia del cuerpo de brigadistas adscritos a la Dirección de Protección Civil del órgano judicial, de mandos y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, consejeras y consejeros de la Judicatura, magistradas, magistrados, juezas y jueces, así como titulares de áreas de apoyo administrativo y judicial.

Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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Jueces familiares del PJCDMX resuelven adopciones internacionales de menores

*** Así señaló la jueza Séptimo Familiar del órgano judicial, Margarita Gallegos López, quien recordó que forman parte de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez
*** Esta instancia se formó en 2010, en el seno de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del PJCDMX

BLAS A. BUENDÍA *

México cuenta con una red de jueces familiares locales encargados de velar por los menores de edad sujetos a adopción por parte de ciudadanos de otros países, así como de restituirlos a sus familias cuando son sustraídos y llevados a otras naciones o traídos a México sin consentimiento de alguno de sus progenitores, destacó la jueza Séptimo Familiar, Margarita Gallegos López, del Poder Judicial de la Ciudad de México, que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez.
Precisó que, en el caso del Poder Judicial capitalino, son 10 los impartidores de justicia especializados en adopción y restitución internacional de menores, cuyos juzgadores forman parte de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez, creada en 2010, en el seno de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), actualmente presidida también por el magistrado Guerra Álvarez.
Destacó que año con año, a instancias de la CONATRIB, se reúnen los integrantes de la Red para mantener el compromiso y responsabilidad con los temas de adopción y restitución internacional, y, para que, a través de los presidentes de cada uno de los 32 tribunales locales del país, “nos ayuden a tener coordinación” con los jueces de cada entidad federativa.
Gallegos López comentó que México ha signado diversos tratados internacionales, y que, a raíz, de una reforma constitucional de 2011, los instrumentos suscritos se convirtieron en norma de cumplimiento obligatorio para el país.
“(Los tratados) forman parte de la normatividad que debe cumplir México frente a los demás Estados. Por ello es que se empezó a trabajar a partir de ese año (2011) y a dar capacitación a nivel nacional a todos los jueces que teníamos que resolver sobre situaciones de carácter internacional, y pues ya llevamos a cabo 14 reuniones de esta Red”, agregó.
Sobre restitución internacional, mencionó que, acorde a lo señalado por la Convención de Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, el procedimiento no debe durar más de seis semanas. Sin embargo, reconoció que ese plazo se puede prolongar debido a que se llegan a presentar problemas para dar con la localización del progenitor sustractor y con el menor.

Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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Actuaciones en juicios mercantiles

*** Caducidad de la instancia en juicios orales mercantiles

BLAS A. BUENDÍA *

La caducidad de la instancia es institución procesal de orden público, irrenunciable, y no puede ser materia de convenio entre las partes, ya que su objetivo es evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente y se deje al arbitrio de las partes su impulso procesal o su paralización indefinida, dijo el magistrado civilista Élfego Bautista Pardo.
En su análisis político-jurídico Así es el Derecho, donde aborda el tema “Caducidad de la instancia en juicios orales mercantiles, advirtió por lo anterior, que de permitirlo se obstaculizaría la impartición de justicia pronta y expedita —también de interés público—, y opera de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio, desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, en los plazos establecidos para cada materia, conforme a la legislación aplicable.
Sin embargo, fundamentó, conforme a la Tesis: VII.2o.C.46 C (11a.), publicada el pasado 2 de febrero en el Semanario Judicial de la Federación, en el juicio oral mercantil la fase postulatoria o escrita termina con el desahogo de la vista con la contestación de la demanda o transcurrido el plazo para ello, por lo que una vez concluida no puede operar la caducidad de la instancia, aun en la hipótesis de que hubiera transcurrido el plazo relativo en esa etapa.
Lo anterior, precisó, en virtud de que el artículo 1390 Bis 9 del Código de Comercio, indica que las únicas promociones escritas son la demanda, la contestación, la reconvención, la contestación a la reconvención, el desahogo de vista y la nulidad de actuaciones.
Por lo tanto, explicó, si los querellantes agotan la parte postulatoria o escrita del juicio oral mercantil, la que concluye con la vista con las excepciones y defensas o, en su caso, cuando transcurra el plazo otorgado para desahogarla, conforme al artículo 1390 Bis 20 de dicho ordenamiento, el juez debe señalar de inmediato la fecha y hora para la audiencia preliminar y, por ende, no es dable que terminada esa fase pueda operar la caducidad de la instancia, aun cuando hubiera transcurrido el plazo relativo, pues para ello el juzgador debió decretarla en dicha etapa.
Esa consideración es congruente con los principios de concentración y continuidad, pues tienen como objetivo procurar el desahogo de la mayor cantidad de actuaciones procesales en una sola audiencia o en el menor número de diligencias procesales, tomando en cuenta que las audiencias deben ser ininterrumpidas, se suspenden excepcionalmente en los términos establecidos en la legislación procesal correspondiente, lo que corresponde al juez, conforme al principio de dirección procesal, pues la rectoría del proceso está confinada únicamente a las autoridades jurisdiccionales, según sea el caso, por lo que, independiente de la petición de las partes, el juzgador debe dar continuidad al juicio, lo que impide que opere la caducidad de la instancia.
Se debe considerar el tipo de juicio y etapa en que está, a fin de determinar si se debe solicitar la caducidad de la instancia o no, ante su eventual improcedencia.
En síntesis, el juicio ejecutivo mercantil se lleva a cabo cuando la demanda mercantil se realiza en un documento que es consecuencia de: 1. Sentencia ejecutoria; 2. Instrumentos públicos; 3. Confesión judicial del deudor; 4. Títulos de créditos; 5. Pólizas de seguro de acuerdo a la ley mercantil; 6. Decisión de los peritos: importe del siniestro; y 7. Facturas, cuentas corrientes, firmados por el deudor.
El magistrado Élfego Bautista Pardo, es Titular de la Tercera Ponencia de la Quinta Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, que encabeza el magistrado penalista Rafael Guerra Álvarez.

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A renovar votos de entrega y virtud en PJCDMX: Guerra Álvarez

*** Así lo planteó el presidente del órgano judicial capitalino, al pie del asta bandera de la Ciudad Judicial, donde encabeza la ceremonia de honores a la bandera
*** En su alocución, recordó la efeméride de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, hace 77 años, del Decreto que reconoció el derecho de la mujer a votar y ser votada en los comicios municipales

BLAS A. BUENDÍA *

Al pie del asta bandera de la Ciudad Judicial, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, aseguró que es importante que el órgano judicial y su comunidad “renovemos votos” de entrega y virtud, a fin de inspirar a generaciones futuras a entregar su vida a la nación.

En la ceremonia de honores a la bandera, subrayó que “profesamos nuestra lealtad” a valores que hacen a la Patria digna de entregarle la vida, porque así las generaciones tejidas en el tiempo materializan los principios de libertad y de justicia en la realidad cotidiana del pueblo de México.
“Hacemos esta ceremonia para consolidar el liderazgo moral del Poder Judicial y refrendar su lealtad a la base sobre la cual Nuestros Héroes edificaron una Nación, y al mismo tiempo proyectamos una emoción que enriquece nuestro espíritu y esa es la ofrenda más importante”, comentó.
En su alocución, Guerra Álvarez recordó la efeméride de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, un día como hoy de hace 77 años, del Decreto que reconoció el derecho de la mujer a votar y ser votada en los comicios municipales.
“Muchos años de conquistas en más de medio siglo han convertido a México en un país en los que los derechos político-electorales de las mujeres son materia de la mayor defensa y ponderación”, dijo ante consejeras y consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México, magistradas y magistrados, jueza y jueces, titulares de áreas administrativas y de apoyo judicial, trabajadores y miembros de la Asociación de Jubilados de la institución.
Afirmó que en pleno Siglo XXI, se vive un proceso electoral en el que las principales candidatas presidenciales son mujeres que demuestran la congruencia social y política de nuestro pueblo por la paridad de género.
Con la presencia de la banda de guerra, la banda de música y la escolta de honor y de la Secretaría de la Defensa Nacional, el magistrado convocó a los miembros de la institución a no dar por hecho las palabras que se invocan en el Juramento a la Bandera.
“Cada vez que recitamos el Juramento a la Bandera, estamos haciendo una promesa solemne de lealtad a las ideas inmortales que fundaron esta nación y mantienen unida a nuestra sociedad”, planteó.

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Inicia PJCDMX segunda etapa de capacitación para la implementación del CNPCyF

*** Está dirigida a 45 magistrados, 173 jueces y unos 1,518 servidores de carrera judicial de las materias civil y familiar, tanto de proceso oral como escrito
*** Se trata de un programa académico aprobado por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, a propuesta de la Comisión para la Implementación de la Oralidad Civil-Mercantil y Extinción de Dominio y del Instituto de Estudios Judiciales

BLAS A. BUENDÍA *

Este lunes inicia en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), que encabeza el magistrado Rafael Guerra Álvarez, la segunda etapa de capacitación a magistradas, magistrados, juezas, jueces y servidores públicos de carrera judicial, con miras a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF).
Se trata de un programa académico de capacitación que se impartirá en el Instituto de Estudios Judiciales del órgano judicial capitalino, dirigido a 45 magistrados, 173 jueces y aproximadamente 1,518 de servidores públicos de carrera judicial, todos de las materias civil y familiar.
El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, también presidido por el magistrado Guerra Álvarez, aprobó el citado programa, a propuesta de la Comisión para la Implementación de la Oralidad Civil-Mercantil y Extinción de Dominio y del Instituto de Estudios Judiciales, que da continuidad a la capacitación iniciada en octubre pasado.
A partir de este lunes, como ya se describió, inicia el evento académico Dirección de Audiencias Civiles y Familiares, dirigido a impartidores de justicia, en sus facetas de primera y segunda instancia, tanto de proceso oral como escrito.
Por otra parte, se prevé la impartición de la capacitación denominada Generalidades del juicio oral, para secretarios proyectistas, secretarios de acuerdos, secretarios judiciales, auxiliares de acuerdos, conciliadores, auxiliares judiciales, pasantes de derecho y jefes de procedimientos de amparos de salas y juzgados civiles y familiares.

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Cómo evitar la judicialización

*** El magistrado civilista Élfego Bautista Pardo analiza en su espacio Así es el Derecho, el tema jurídico de la Nueva Ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias

BLAS A. BUENDÍA *

El pasado 26 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la cual contiene los principios y competencias para la resolución de disputas precisamente antes que los justiciables las lleven a los tribunales, es decir, se busca evitar su judicialización.
Dijo lo anterior el magistrado civilista Élfego Bautista Pardo, en su espacio Así es el Derecho, con el tema jurídico de la Nueva Ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias.
Explica que los mecanismos son negociación, conciliación, mediación, arbitraje y justicia restaurativa. Deben ejercerlo las “personas facilitadoras” tanto para el ámbito público como para el privado, así como para abogados colaborativos certificados por los Poderes Judiciales Federal y de las entidades federativas.
Las personas facilitadoras deberán determinar si los mecanismos son aplicables a los asuntos que les corresponde conocer y, dado el caso, conducirlos conforme a las disposiciones de esta Ley y las que expidan el Consejo Nacional y los acuerdos generales de los Consejos de la Judicatura Federal y locales.
Deberán verificar la identidad y personalidad de las partes y terceros relacionados; cumplir los principios establecidos en esta Ley en todos los asuntos en que participen; corroborar que los convenios reúnen los requisitos de existencia y validez; remitirlos al Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para su registro y, en su caso, validación; vigilar que en los trámites y durante todas las etapas de los procesos en los que intervengan no se afecten derechos humanos —irrenunciables por las partes— de terceros y disposiciones de orden público.
Asimismo, para renovar su certificación deberán actualizarse en los términos de los lineamientos que para tal efecto se expidan; informar a las partes, desde el inicio de la diligencia, la naturaleza y objeto del trámite de los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como el alcance jurídico del convenio, explicando con claridad las consecuencias de su eventual incumplimiento; redactar los convenios a los que hayan llegado las partes.
Si la persona facilitadora no es Licenciada en Derecho podrá ser auxiliada por abogado con cédula profesional, para la elaboración y revisión de los efectos legales del convenio y registro del mismo; corroborar la disponibilidad de los bienes y derechos que sean objeto de la suscripción del convenio, de acuerdo con lo que establezca la legislación correspondiente; hacer del conocimiento de las autoridades competentes los hechos que las leyes señalen como delito, y las demás que expresamente señale la Ley.
Para el cumplimiento de sus funciones, en todos los casos, las personas facilitadoras deberán llevar a cabo los ajustes de procedimiento que se requieran, en términos de lo dispuesto por el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF).
Esta nueva Ley —afirma el Jurisconsulto oriundo del estado de Hidalgo— se aplicará en los Centros de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que tendrán carácter de órganos auxiliares de los Poderes Judiciales Federal y estatales.
De los principios de la ley, uno de los primeros a explicar a las partes es “confidencialidad”, es decir que no habrá registro de lo que digan u opinen ni trascenderán de ninguna manera.
Es indudable que con reformas trascendentales que actualizan todo el ámbito jurídico como lo conocemos al día de hoy, México está viviendo un parteaguas en materia de aplicación del Derecho; por ello es indispensable la constante actualización de todos los operadores jurídicos, tanto postulantes como órganos jurisdiccionales, los que deberá tener, necesariamente, apertura para el cambio de paradigma que forma nuestra realidad jurídica actual, a fin de estar preparados y bien dispuestos para la aplicación de la nueva normatividad, en aras de proporcionar servicios legales y judiciales de calidad a los justiciables.
Así es el Derecho, puntualizó el magistrado Élfego Bautista Pardo, titular de la Tercera Ponencia de la Quinta Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, que encabeza el magistrado Rafael Guerra Álvarez.

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Vasta información sobre derechos de las personas con discapacidad en el PJCDMX

*** Se ubica en el portal web institucional, y corresponde al Comité para el Fomento, Promoción y Difusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del órgano judicial
*** El objetivo de ese acervo es la generación de acciones tendentes a la atención de ese sector de la población con enfoque al respeto a sus derechos humanos

BLAS A. BUENDÍA *

Una vasta fuente de información sobre temas relativos a los derechos de las personas con discapacidad, se encuentra a disposiciones del público usuario de los servicios de la justicia y de los servidores públicos del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), que encabeza el magistrado Rafael Guerra Álvarez.
Esto, en el portal web institucional, a través del micrositio del Comité para el Fomento, Promoción y Difusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del órgano judicial, que tiene como objetivo la generación de acciones tendentes a la atención a ese sector de la población con enfoque al respeto a sus derechos humanos, mediante infografías, animaciones, legislación, videos y bibliografía nacional e internacional.
Dicho comité interno es el encargado de generar acciones para promover la sensibilización y capacitación en materia de discapacidad a los servidores públicos del PJCDMX, a partir del enfoque de derechos humanos en todas las actividades de la institución, el cual está integrado por consejeros de la Judicatura, titulares de áreas administrativas relacionadas con a la atención a ese sector poblacional, y en el cual participan impartidores de justicia como invitados especiales.
A través de videos, se da cuenta de acciones realizadas en la materia, como los recorridos para supervisar la accesibilidad a los inmuebles de la institución, la difusión de campañas y material informativo, los cursos de capacitación impartidos por el Instituto de Estudios Judiciales, entre los cuales destacan Lengua de señas mexicana, Sistema Braille y Toma de conciencia, en el cual participan personal no sólo jurisdiccional y de apoyo judicial, sino incluso de seguridad.
También abordan aspectos como acceso incluyente a la justicia con énfasis en el uso de un lenguaje claro y sencillo, reconocimiento de la igualdad de las personas, inclusión y trato digno, identificación de los tipos de discapacidad, ajustes razonables en los procesos, entre otros.
En cuanto a infografías, Ajustes al procedimiento, ¿Quiénes son las personas con discapacidad?, Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, Lenguaje inclusivo para personas con discapacidad, Cómo hacer un documento en lectura fácil, son algunos de los títulos disponibles en el micrositio.
Por lo que hace a documentos de consulta, se dispone la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, Protocolo de atención y trato digno a personas con discapacidad, Manual de justicia y personas con discapacidad, Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, entre otros.
El micrositio web está disponible en https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/comite-discapacidad/, y en él se encuentra un formato de encuesta que permite al órgano judicial capitalino conocer la opinión del público usuario sobre la accesibilidad a sus inmuebles.

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jueves, 8 de febrero de 2024

¡SE BUSCAN!

¡SE BUSCAN!

Objetivos Prioritarios de la Delincuencia: SSC-FGJ

***Atractiva Recompensa

Ciudad de México. - «Y como en las películas del oeste…» En cumplimiento de su compromiso con la ciudadanía y de su labor específica de combatir el delito y capturar a los individuos generadores de violencia, la Secretaria de Seguridad Ciudad (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ambas de la ciudad de México dieron a conocer el nombre de cuatro personas que se suman a la lista de Objetivos prioritarios, que son buscados por todos los rumbos, y como parte del programa de recompensa se ofrece la cantidad de 500 mil pesos para aquellos ciudadanos que aporten datos precisos para su localización.

Hoy, en conferencia de prensa conjunta, en la sede de la SSC capitalina, el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana, Doctor Ulises Lara López, informó que en esa lista se encuentra Víctor Hugo Avila Fuentes alias “Huguito”, relacionado con diversas averiguaciones previas y carpetas de investigación por la posible comisión de delitos como posesión de vehículo robado, robo agravado calificado en pandilla, robo a transeúnte en vía pública y homicidio por arma de fuego.

Como también destaca en la lista, Luis Enrique Mendoza Manríquez, a quien se relaciona con la posible comisión de diversos actos delictivos como narcomenudeo y homicidio, cuenta con una orden de aprehensión vigente ejecutable por la posible comisión del delito de homicidio calificado por 6 casos, así como lesiones calificadas.

Asimismo, Alberto Fuentes Castro alias “El Elvis” o “El Visco”, que cuenta con una orden de aprehensión vigente y ejecutable por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, se le relaciona con distintas carpetas de investigación por la posible comisión de los delitos de robo y homicidio.

Y el cuarto individuo buscado, es Diego Arturo Vargas Sotelo alias “El Vargas”, considerado posiblemente uno de los encargados del grupo delictivo “La Unión Tepito” y coordinaría la venta de drogas, el cobro de extorsiones en bares y centros nocturnos, así como la probable tortura a comerciantes de las colonias Roma y Condesa.

En su participación durante la conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Licenciado Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer algunas de las detenciones de objetivos prioritarios de los últimos meses, el pasado 9 de enero en dos acciones operativas registradas en la localidad de Alvaro Obregón, se detuvieron seis personas, entre ellos Angel Valencia “N” y Saul Palma “N”, identificados como integrantes de un grupo delictivo dedicado al secuestro, a la extorsión, homicidio y venta de narcóticos.

Como también, el 11 de enero oficiales de la Policía capitalina, al realizar un recorrido de seguridad y vigilancia en la colonia El Tanque, del rumbo de Magdalena Contreras, lograron la aprehensión de Fabian “N”, quien cuenta con tres ingresos al sistema penitenciario por los delitos de homicidio calificado, delitos contra la salud (narcotráfico) y robo agravado calificado, quien pertenece a un grupo generador de violencia en dicha demarcación y en el poniente y sur de la ciudad.

El 15 de enero efectivos de la SSC detuvieron a un hombre señalado como probable integrante de un grupo delictivo del centro de la capital y que está relacionado con un homicidio ocurrido ese mismo día en la región de Venustiano Carranza. De acuerdo con trabajos de investigación David Omar “N”, cuenta con antecedentes penales, en el 2021 por delitos contra la salud, tiene una carpeta de investigación del año 2018 por robo a conductor de vehículo y diversas presentaciones ante el juez cívico por faltas administrativas.

Más aún, el 20 de enero pasado, integrantes de esta dependencia en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, al realizar un operativo especial detuvieron a 7 presuntos miembros de una célula criminal con base en la zona centro de la ciudad dedicada a la compra venta y distribución de narcóticos, en dicho operativo se logró la captura de Raymundo “N” y Luis Enrique “N”, quienes están posiblemente relacionados con agresiones por arma de fuego en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Y el 25 de enero del nuevo año en curso, en atención a un caso relacionado con un ataque directo cometido en septiembre en contra de un compañero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la colonia Santa María la Ribera, se cumplió la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado de Víctor Alexis “N”, “El Cuche” quien era considerado el líder de una banda dedicada a la extorsión y principal autor material e intelectual del homicidio contra nuestro compañero.

Nuevamente en la rueda de prensa, el Doctor Ulises Lara López, agradeció el interés de conocer los nombres de los cuatro objetivos prioritarios que forman parte del programa de recompensas para capturar a generadores de violencia, en el cual se convoca a la ciudadanía a participar de manera activa al aportar información para lograr la aprehensión de dichas personas.

“Los resultados están a la vista, hemos trabajado día con día de manera coordinada, lo que ha derivado en la reducción de los niveles de incidencia delictiva en los últimos años tal y como hemos dado cuenta en los recientes informes. Además de la coordinación de todos los niveles de Gobierno, también se han desplegado labores de inteligencia que han servido para tener una mayor claridad y certeza de quiénes son los generadores de violencia”, indicó Lara López.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana reitera su compromiso de continuar con las acciones de prevención, investigación, inteligencia e intercambio de información con la FGJ, que permitan identificar y detener a los principales generadores de violencia que atentan contra el bienestar de todos los habitantes de la Ciudad de México.

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