viernes, 23 de diciembre de 2016

Poder Judicial Federal

Concede la SCJN Suspensión Provisional a Cuauhtémoc Blanco
  
• Concede suspensión para que como consecuencia del juicio político no se le remueva de su cargo y quede sin efecto la prohibición de que salga del estado de Morelos, hasta que la Corte resuelva la controversia.

El Ministro Javier Laynez Potisek, integrante de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite el juicio de controversia constitucional que promovió el presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, en contra de la substanciación del procedimiento de juicio político que se le inició por parte de los poderes Legislativo y Judicial de dicha entidad, quienes deberán dar contestación a la demanda en un plazo de 30 días.
Asimismo, se concedió una suspensión para que se continúe con la tramitación del procedimiento de juicio político al que se encuentra sujeto el promovente, pero no se ejecute la resolución final que se dicte en el mismo y como consecuencia de ello no se le remueva al promovente del cargo de Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos y para que se suspenda la ejecución de la providencia cautelar impuesta por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la prohibición de que el promovente salga del Estado de Morelos .
Todo ello sin prejuzgar sobre el fondo de la controversia y hasta en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie respecto del fondo del presente asunto, con el fin de preservar la materia del juicio .

Las determinaciones señaladas fueron notificadas el día 17 de diciembre de 2016 al Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia estatal y al Municipio actor y surtieron efectos de inmediato.

Poder Judicial Federal

EL MINISTRO PRESIDENTE LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
HIZO UN LLAMADO A EVITAR LA
CONFRONTACIÓN Y A TRABAJAR EN UNIDAD
  
El nuevo sistema penal es responsabilidad no solo de los jueces, sino de todos los actores que participan en él, que están obligados a cumplir con la ley y respetar, sin excepción y sin excusas, los derechos fundamentales de toda persona, si es que realmente éstos se toman en serio, afirmó el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“Los juzgadores estamos obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas. No es opcional. No podemos eludirlo, está dispuesto en la Norma Suprema. Resulta paradójico que incluso algunos de aquellos que impulsaron la reforma Const
itucional de 2011, ahora se inquieten por la exigencia de los jueces de que se cumpla”, manifestó en sesión solemne de Plenos, en la que rindió su informe de labores correspondiente a 2016 ante el Poder Judicial de la Federación.
“Queremos un México de paz, que viva en tranquilidad. Al igual que todos, exigimos el respeto de los derechos sin distinción, como jueces es nuestra tarea y obligación velar por la existencia real y efectiva del Estado de derecho. Si los jueces somos criticados por cumplir con la Constitución, lo tomaremos como un cumplido”, manifestó.
A los jueces, en el nuevo sistema penal, les corresponde no sólo cumplir con su deber, sino exigir y vigilar que toda autoridad lo haga, aseguró al rendir su informe ante los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, integrantes de su gabinete, y los presidentes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, quienes asistieron como invitados especiales a la sesión en la sede del Alto Tribunal.
Los juzgadores federales no son indiferentes a la problemática del país ni evaden sus responsabilidades, sostuvo el Ministro Aguilar Morales, pero aclaró que, pese a lo que señalen la opinión pública o los medios, nadie es culpable sino hasta que así se demuestre siguiendo el debido proceso legal, y hasta que exista sentencia firme inmodificable de un juez competente que así lo determine.
Destacó que el PJF participa de manera relevante, pero responsable en el sistema penal, y como ejemplo dio algunas estadísticas de las múltiples acciones realizadas en el procedimiento penal, en la tarea de combatir el delito.
“Nuestros jueces emitieron legal y oportunamente 859 órdenes de cateo el 70 por ciento de las solicitadas; de las peticiones de arraigo se concedieron 24, esto es el 63 por ciento, de las pedidas. Además, los juzgadores federales dictaron tres mil 702 órdenes de aprehensión, de las cuales 456 ya correspondieron al nuevo sistema, así como otras muchas medidas legales, siempre que han estado plenamente justificadas a criterio de los jueces y conforme a la ley.

Combate a la corrupción
El Ministro Presidente reiteró también el compromiso de su administración con el combate a la corrupción, una práctica incompatible con la esencia del juez, con su inherente independencia, y calificó de mito y consigna mal intencionada la percepción de que el CJF no sanciona a los malos servidores públicos, de la disciplina depende la credibilidad del Poder Judicial de la Federación y sus resoluciones.
“La legitimidad de los jueces está fincada esencialmente en su actuación honesta y por tanto acatable. Tolerar a alguno de estos corruptos es ir en contra de la naturaleza de un juez, es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial federal, es perder la credibilidad de nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad. ¿Cómo podríamos tolerar a un corrupto? Lo digo terminantemente y sin rodeos, ¡de ninguna manera! no hay forma”.
Consideró que corrupto no es sólo quien acepta dádivas económicas, que es el más obvio, sino “todo aquel que corrompe el servicio de justicia, la dignidad del juez, al que agrede a sus compañeros, al que abusa de sus empleados, al que ofende a la mujeres, al que no tiene una conducta personal en correspondencia con la dignidad de su cargo y aun al que no aprecia debidamente y tiene orgullo de su propio papel en la vida constitucional”.
Explicó que los expedientes relativos a los procedimientos disciplinarios de oficio e investigaciones, se desarrollan atendiendo al caso concreto, con pleno respeto a los derechos fundamentales de presunción de inocencia y del debido proceso, y que, con apego a esos principios, se han sancionado a 63 funcionarios del PJF mediante procedimientos disciplinarios en forma de juicio.
Entre ellos están 11 magistrados de Circuito, con sanciones que van desde amonestación hasta la suspensión del cargo, y la imposición de diversas medidas disciplinarias a 14 jueces de Distrito, de los cuales dos fueron destituidos, por considerar que sus conductas son indignas de un juez e intolerables para continuar en el cargo.

Seguridad de los juzgadores
Este fue uno de los temas relevantes del informe del Ministro Aguilar Morales, quien reiteró la condena al asesinato del juez de Distrito ocurrido en Toluca, Estado de México, pero aclaró que el Poder Judicial de la Federación cuenta con protocolos y sistemas previstos para proporcionar, a los juzgadores, protección para ellos y en algunos casos para sus familias.
“Esto no es novedad: en el Poder Judicial de la Federación, tiene ya varios años de implementado, no estamos sólo reaccionando a un evento en particular ni mucho menos hasta ahora”.
Advirtió que ninguna agresión a ningún funcionario del Poder Judicial de la Federación puede, ni de lejos, ser aceptada ni tolerada, mucho menos el homicidio, y sobre este último caso insistió en que las autoridades competentes están realizando la investigación correspondiente.
“Tengo entendido que no han concluido todavía quién es el autor intelectual de este delito y tampoco del móvil que lo generó. Me parece agraviante para la víctima, para su familia y para la verdad, que se especule con ello y se afirme lo que no se ha demostrado”, dijo el Ministro Presidente.
Pidió, por ello, no generar un ambiente de temor injustificado para nuestros juzgadores, sus familias y no propiciar un lastre en su libertad y tranquilidad para juzgar. Detalló que actualmente a 79 juzgadores, jueces de Distrito y magistrados de Circuito se les ha dotado de seguridad especial. Cuentan con vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano.
“Y, desde luego, si pudieran ser más los que lo necesiten, así lo haremos, les daremos esa protección, dentro de los protocolos que existen y siempre que ellos mismos así nos lo digan y comprobemos razonablemente que realmente lo requieren”, garantizó.
El Ministro Aguilar Morales rechazó que la violencia en contra de los jueces o el personal del PJF sea algo cotidiano, o continuo, y aseveró que el homicidio del Juez es un caso excepcional, no por eso menos indignante y terrible, pero aislado.
Para garantizar la seguridad de los juzgadores, dijo, se cuenta con el apoyo estratégico y operativo de varias autoridades federales como la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina e incluso de las policías de la Ciudad de México y de las Entidades de la República, además de personal de seguridad y sistemas de vigilancia con cámaras de circuito cerrado en todas las instalaciones.
Resaltó que el CJF, su Presidente, Consejeras y Consejeros actúan con gran responsabilidad ante las amenazas y toman las medidas necesarias para garantizar la integridad de todo el personal y también del público usuario que acude a las instalaciones del PJF.
“No lo podemos dejar al azar, ni podemos ser indiferentes a ello sin caer en la irresponsabilidad, por el contrario actuamos con seriedad y respeto por la vida humana”.
El Ministro Aguilar Morales recordó que en los últimos años el trabajo se ha incrementado de manera notable, hace escasos siete años, en 2009, la SCJN recibía poco más de cuatro mil 460 asuntos en todo el año. Ya esa era una buena carga de trabajo, sin embargo, para este año estadístico se recibieron 16 mil 139, prácticamente cuatro veces más.

“De ahí que debemos buscar respuestas para solventar esta tendencia objetiva; que quede claro, no con el afán de reducir simplemente el trabajo de esta Suprema Corte, puesto que la función jurisdiccional es vocación plena de las Ministras y los Ministros que con plena convicción, a esta fecha, hemos resuelto más de 12 mil asuntos en este periodo”, destacó.

Comunicación social
El Ministro Presidente ratificó el compromiso del Alto Tribunal de mantener una comunicación con la sociedad, por lo que se favoreció la difusión de información tanto de la actividad de la SCJN y del CJF y se adoptaron innovaciones mediante el uso de tecnologías de la información.

“Conscientes de que las actuales herramientas de comunicación electrónica son las más eficientes, en tarea de la Dirección de Comunicación Social de este Alto Tribunal nos incorporamos a ellas, mediante la red social denominada Facebook, en donde en menos de seis meses rebasamos los 120 mil seguidores y con la cual logramos llegar literalmente a millones de usuarios”, enfatizó.

PJF

INEGI Y EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRESENTAN CUARTO CENSO DE IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA FEDERAL

El Censo de Impartición de Justicia Federal (FIJF) ofrece información sistematizada sobre el quehacer jurisdiccional y administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), así como de los más de 800 Tribunales Colegiados (TCC)y Unitarios de Circuito (TCC)y Juzgados de Distrito que integran el sistema de impartición de justicia federal mexicano.
Este Censo tiene como objetivo generar información estadística y geográfica del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro de los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de alcance nacional en materia de impartición de justicia.
El CIJF cuenta con una base de más de 10 mil 450 datos y los más destacados se presentan en 47 tabulados publicados en la página electrónica del INEGI y accesible a través de enlaces en las páginas de las instituciones que conforman el PJF. El Censo guarda consistencia conceptual, temática y metodológica, lo que permitirá hacer análisis y comparaciones con resultados de otros instrumentos.

Amparos Directos en Revisión
Algunos de los datos que destacan: en el año 2015 ingresaron un total de 1 millón 051 mil 650 asuntos, por 1 millón 032 mil 751 asuntos resueltos en los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC), los Tribunales Unitarios de Circuito (TUC) y los Juzgados de Distrito (JD).
Del total de asuntos que tuvieron conocimiento los órganos jurisdiccionales de la SCJN durante el año 2015, destacan los procedimientos de “Amparo Directo en Revisión”, que representaron el 43.6 por ciento y 55.3 por ciento de ingresos y resoluciones, respectivamente.
Del total de asuntos que tuvieron conocimiento los órganos jurisdiccionales del TEPJF dentro del periodo 2015, destacan los procedimientos de “Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano”, que representaron 72.7 por ciento y 72.5 por ciento de ingresos y resoluciones.

Base Trabajadora
En cuanto al personal con el que contaba el PJF al cierre del año 2015, se identifica un total de 44 mil 560 servidores públicos, de los cuales se registró que 3 mil 418 (7.7 por ciento) se encontraban adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 1 mil 630 (3.6 por ciento) adscritos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y 39 mil 512 (88.7 por ciento) al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), dentro del cual se contabiliza también todo el personal de los TCC, los TUC y los JD, así como personal del Instituto Federal de Defensoría Pública.

En 2015, las mujeres representan el 49.9 por ciento de la plantilla laboral del Poder Judicial de la Federación. 

jueves, 8 de diciembre de 2016

Columna


CRÓNICA SUMMUM IUS GENTIS

LOS ACTOS DE COLEGIOS PRIVADOS PUDIERAN
RECONOCERSE COMO ACTOS DE AUTORIDAD
  
Karl Novo

A propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en este mes de diciembre del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 334/2016, la cual deriva del sobreseimiento decretado en el juicio de amparo promovido por la madre de un menor de edad en contra de su expulsión del quinto año de primaria, por parte de un colegio privado.
El recurso de revisión cuya atracción se solicita controvierte la determinación del Juez de Distrito que considera que los actos reclamados al colegio privado no podían reconocerse como “actos de autoridad”, al derivar de una relación entre particulares y que, por tanto, conlleva obligaciones y derechos bilaterales.
En respuesta, la madre del niño argumentó que la baja definitiva de su hijo por un adeudo de colegiaturas resulta excesiva y humillante, además de que vulnera su derecho a la educación.
De esta manera, la Primera Sala consideró que el asunto reviste características de interés y trascendencia que ameritan su intervención, para pronunciarse sobre:
1. Si es posible reconocer a una institución educativa privada la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo y, de ser así;
2. Si la baja definitiva de un alumno, por adeudar el pago de colegiaturas, puede vulnerar el derecho a la educación y otros inherentes a su condición de estudiante, de modo que sea reclamable a través del juicio de amparo.

NIEGAN AMPARO POR DAÑO MORAL
A ACTOR DEL FILM “PRESUNTO CULPABLE”

Asimismo la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a propuesta del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, decidió el Amparo Directo en Revisión 3619/2015, respecto de una persona que alegaba haber sufrido un daño moral derivado de su aparición en el documental “Presunto Culpable”.
Al estudiar este recurso de revisión, la Primera Sala negó la protección constitucional solicitada por dicha persona al considerar que, en el caso concreto, la información relativa al recurrente, que fue incluida en el documental “Presunto Culpable”, estaba directamente relacionada con el interés público que le es propio al proceso penal.
En este sentido, la Primera Sala consideró que, en términos del artículo 20 Constitucional, el proceso penal debe estar orientado a materializar bienes constitucionales esenciales como son el derecho a la verdad [esclarecimiento de los hechos], la presunción de inocencia lato sensu [proteger al inocente], el combate a la impunidad [que el culpable no quede impune] y la reparación del daño ocasionado por la comisión del delito, de manera que la sociedad en general tiene interés en conocer cómo se tramitan y resuelven los asuntos en materia penal en nuestro país.

AMPARAN A PACIENTES HEMOFÍLICOS VESUS EL IMSS
  
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver el amparo en revisión 385/2016, determinó conceder el amparo a los quejosos, menores, en el que reclamaron de diversas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social la cancelación del programa de tratamiento domiciliario o en casa, por el que les eran entregados, como pacientes de la enfermedad denominada hemofilia, los medicamentos factores VIII y IX, y el equipo necesario para su aplicación; así como la abstención de las responsables de brindarles, de manera oportuna y en las dosis suficientes e idóneas, los citados medicamentos para el tratamiento de la hemofilia y otras alteraciones hereditarias de la coagulación.

En la sentencia se sostuvo que las autoridades responsables violaron el derecho a la salud previsto en el artículo 4 constitucional, sobre la base de que la medida tomada por el IMSS, consistente en la cancelación del medicamento en el domicilio del paciente, se considera como un retroceso en el goce de ese derecho, lo cual es congruente con la Observación General Número 14 del Comité de los Derechos Sociales y Culturales que prevé que la realización progresiva del derecho a la salud significa que los Estados Partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización de ese derecho.
Por su parte, en relación con la abstención de las responsables de brindar a los menores, de manera oportuna y en las dosis suficientes e idóneas, los medicamentos denominados factor VIII y factor IX, para el tratamiento de la hemofilia y otras alteraciones hereditarias de la coagulación, después de valorar las pruebas periciales desahogadas en el juicio de amparo, la Segunda Sala concluyó que las autoridades responsables han otorgado un tratamiento que es conforme con los programas que integran el Manual de Procedimientos para la atención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente con Hemofilia y otras Alteraciones Hereditarias de la Coagulación en los Centros de Atención Especializada en Hemofilia del IMSS.
No obstante lo anterior, derivado de la falta de certeza por parte de ese Tribunal a la data de emisión de esta resolución, en relación con el hecho de que los quejosos continúen siendo atendidos y les sigan siendo proporcionados los medicamentos en las dosis que requieren, conforme a sus necesidades, con base en el principio del interés superior del menor, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y atendiendo a la naturaleza de la enfermedad que padecen los quejosos, así como a la fecha de emisión de los dictámenes periciales rendidos; se determinó conceder el amparo a los quejosos para el efecto de que las responsables, de inmediato, lleven a cabo una evaluación integral del estado de salud de cada uno de ellos y, atendiendo a los resultados, se determine el tratamiento que requiere cada uno y les sean suministrados los medicamentos acorde a los requerimientos de cada paciente.

miércoles, 7 de diciembre de 2016

Tortura y sus Efectos

A CONSTRUIR LOS CRITERIOS JUDICIALES DEL 
NUEVO SISTEMA JUDICIAL PENAL
QUE EXPLOREN TEMAS COMO LA TORTURA Y SUS EFECTOS: 
CONSEJERO TAFOYA HERNÁNDEZ

Inaugura la segunda fase de los “Conversatorios jurisdiccionales federación y estados”, en Apizaco, Tlaxcala

El consejero de la Judicatura Federal (CJF),

José Guadalupe Tafoya Hernández, hizo un llamado a construir criterios jurisdiccionales que consoliden al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), mediante la exploración de temas vinculados con la tortura, sus efectos procesales y la trascendencia de la valoración de las pruebas.
“Construyamos desde hoy, los criterios que habrán de cimentar nuestra actuación como juzgadores con visión experta y de jurisperitos”, expresó ante jueces y magistrados de Tlaxcala.
Al inaugurar la segunda fase de los “Conversatorios jurisdiccionales federación y estados”, en Apizaco, Tlaxcala, Tafoya Hernández hizo un recuento de las experiencias obtenidas por durante la etapa de implementación del NSJP, así como de ejercicios de retroalimentación como son los conversatorios, que aproximan al CJF a los problemas que enfrentan los impartidores de justicia, permitiéndole adoptar criterios de operación y alinear soluciones institucionales.
El también presidente de la Comisión de Carrera Judicial de este cuerpo colegiado destacó la importancia de que la justicia se imparta de forma transparente, pues ello permite a la sociedad constatar la actuación honesta de jueces y magistrados federales y propicia la confianza plena de los justiciables.
Esta nueva forma de impartir justicia que se impulsa desde el Consejo de la Judicatura Federal está acompañada de políticas institucionales encaminadas a la capacitación y actualización permanente, así como a la adopción de buenas prácticas judiciales que redunden en un servicio de justicia de calidad tanto para el justiciable como para los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), destacó.
Por ello, señaló, debemos asimilar el debate que tengamos en este conversatorio y no entenderlo como un mero intercambio de anécdotas, ya que es el punto de partida que dará coherencia al conjunto de los actos procesales, sujetos a un control judicial dentro del NSJP.
Dijo que esta fase del nuevo sistema de justicia penal representa para los juzgadores federales y locales, una oportunidad para los ajustes y correcciones de los conceptos y criterios. Recordó que entre los meses de marzo a junio del presente año se realizó un primer ejercicio constructivo entre juzgadores federales y sus homólogos de todas las entidades que conforman el Pacto Federal, hecho que permitirá orientar a los nuevos juzgadores.
Tafoya Hernández destacó que esta segunda ronda de trabajos dirigidos a la consolidación del sistema de nuevos instrumentos procesales en materia penal, requiere perfeccionar el conocimiento y aplicación de técnicas novedosas, así como una labor acompañada de claridad y certeza jurídica.

Con esta nueva edición de los diálogos, añadió, se reafirma y se hace patente que la interacción de los fueros jurisdiccionales dará rumbo a la consolidación de la reforma penal.

martes, 6 de diciembre de 2016

Penal

EL TRIBUNAL COLEGIADO AMPARA Y PROTEGE A INDIGENA DE LA
ETNIACHOL POR SUPUESTO HOMICIDIO DE RECIEN NACIDO

El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, informa, en el amparo 390/2016, bajo la ponencia del Magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, que basado en la perspectiva de género concedió la protección de la justicia federal a una quejosa perteneciente a la comunidad indígena de la etnia Chol, originaria del poblado de Teoquipa el Bascán, Chiapas, en contra de la sentencia definitiva dictada por la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán que la declaró penalmente responsable del delito de homicidio en razón de parentesco o relación (en agravio de su hijo recién nacido), imponiéndole las sanciones de 10 años y un día de prisión, así como el pago de la reparación del daño.
Por unanimidad de votos, los magistrados federales resolvieron que la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia estatal no aplicó la perspectiva de género a que están obligados todos los juzgadores del país, cuyo objetivo es detectar las situaciones de desventaja tales como las condiciones propias del suceso, derivadas del género mismo, y las barreras culturales evidentes, así como garantizar una impartición de justicia efectiva, completa e igualitaria.

ANTECEDENTES:

La Sala Colegiada Penal responsable estimó que la mujer privó de la vida a su hijo inmediatamente después de que nació, al abandonarlo dentro de un inodoro de baño que contenía agua, lo que propició que falleciera asfixiado por sumersión.
Concluyó el órgano jurisdiccional de amparo que aun cuando quedó demostrado que la quejosa tuvo un embarazo y que el 7 de julio de 2013 alumbró a un niño en el interior de un baño ubicado en un predio de la ciudad de Mérida, Yucatán, en el que laboraba como doméstica, las probanzas no fueron concluyentes para determinar plenamente que, con desacato al deber jurídico impuesto por la norma penal, haya sido ella quien privó de la vida al recién nacido, pues el escenario probatorio pone de manifiesto la actualización de la excluyente del delito prevista en la fracción I del artículo 21 del código punitivo local, en la medida en que el desenlace fatal no fue por voluntad de la quejosa sino por las condiciones y momentos particularmente complicados que sucedieron en torno al evento, tales como el malestar que súbitamente la invadió debido al parto que atendió sola y sin ninguna asistencia médica, lo que sin duda reveló falta de claridad mental en ella para tomar decisiones y, por ende, ausencia de dolo en su conducta.

Aunado a lo anterior debió considerarse las circunstancias y barreras socio culturales y económicas que igualmente giraron en torno al hecho, como pericialmente se demostró, tales como sus rasgos de identidad y pertenencia con su comunidad de origen cuyo índice de marginación es muy alto, y mínima educación sexual y reproductiva, lo que a su vez denotaba falta de información de la solicitante de amparo respecto a embarazos derivados de una relación eventual. Dichos aspectos no debieron ser soslayados por la mencionada Sala responsable al momento de juzgar para conceptualizar el caso a partir de una perspectiva de género, señala la sentencia del Tribunal Colegiado.

Poder Judicial de la Federación

El nuevo consejero obtuvo Jorge Cruz Ramos.

CONCLUYE MAGISTRADO MANUEL ERNESTO SALOMA VERA
ENCARGO COMO CONSEJERO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Calidad humana, desempeño profesional y vocación conciliadora, legado del magistrado Saloma Vera al CJF: Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales.

Siempre tuvo presente su legítima aspiración de lograr un mejor Poder Judicial de la Federación en beneficio de la sociedad, señaló.

El nuevo consejero obtuvo Jorge Cruz Ramos, el voto de 10 de los 11 ministros del pleno, ante quien rindió protesta este mismo lunes para el cargo que ostentará hasta noviembre de 2021.

Tras hacer un llamado a los juzgadores federales a conducirse con calidad humana e integridad tanto con los justiciables como con su personal, así como a evitar el abuso, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar Morales, advirtió que el juez que abusa en lugar de ser líder se convierte en capataz y pierde gran parte de su esencia de juzgador.
Ello al encabezar la Ceremonia de Conclusión de Encargo del magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera como consejero de la Judicatura Federal, responsabilidad que desempeñó a lo largo de cinco años, lapso en el que construyó un importante legado profesional en su paso por este cuerpo colegiado.
En el magistrado Saloma Vera “reconozco al humanista, a uno de esos más allá de los textos y las palabras, al de los hechos y las acciones preocupado siempre por los demás, por evitar la injusticia y por apoyar siempre la buena causa”, señaló el ministro presidente.
Una característica fundamental del proceder del magistrado Saloma Vera fue siempre su actitud conciliadora y abierta a discutir todos los asuntos que se abordaron en las sesiones de Pleno del CJF, donde evitó la confrontación y optó por la argumentación razonada.
Al agradecer el apoyo incondicional del homenajeado para llevar a cabo y consolidar los planes propuestos desde la Presidencia de este cuerpo colegiado, el ministro Luis María Aguilar Morales dijo que Saloma Vera rehuyó de los reflectores para estudiar acuciosamente los proyectos que se sometieron a su consideración y siempre tuvo presente su legítima aspiración de lograr un mejor Poder Judicial de la Federación (PJF) en beneficio de la sociedad.
Quienes hemos tenido la fortuna de conocer y coincidir profesionalmente con él, sabemos que para Saloma Vera la vocación de juzgador se construye día a día; con honestidad, transparencia, autonomía e independencia, añadió Aguilar Morales. “En tu andar por el Poder Judicial de la Federación, que comenzó hace ya algunas décadas, has dejado un aprendizaje del que todos somos beneficiarios, pues no ha permitido adoptar mejores decisiones”, concluyó.
En su oportunidad, el magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera hizo un recuento de objetivos y logros alcanzados a lo largo de su gestión como consejero y sostuvo que del 1° diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2016, integró todas las comisiones de este cuerpo colegiado, presidiendo la de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; la de Vigilancia, Información y Evaluación; la de Adscripción, así como la de Administración. Destacó su participación en las donaciones de los terrenos que hoy son propiedad del PJF como Tepic, Colima y Tlaxcala; en este último, agregó, se construyeron el Centro de Manejo Documental y Digitalización del CJF; el Centro de Justicia Penal y próximamente el edificio sede, así como el Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En Colima se edificó el Centro de Justicia Penal Federal, mientras que en la Ciudad de México se construyó el edificio “Espejo”; se consolidó la separación y autonomía de las comisiones de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la de Vigilancia, Información y Evaluación, añadió.

Saloma Vera señaló que en su quehacer institucional siempre recibió el apoyo del ministro presidente de la SCJN y del CJF, Luis María Aguilar, y reiteró su gratitud por haber servido al PJF con dedicación y lealtad. En el acto estuvieron presentes los ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y Jorge Mario Pardo Rebolledo, los consejeros José Guadalupe Tafoya Hernández, Alfonso Pérez Daza, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado y Martha María del Carmen Hernández Álvarez, así como el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur.

sábado, 3 de diciembre de 2016

AVISO


Hemos recibido una serie de denuncias anónimas por tal es importante que se anexen documentos para poder publicar la anomalía e investigar de manera minuciosa, de lo contrario estaremos imposibilitados a denunciar las arbitrariedades de servidores públicos coludidos con grupos organizados. 





ATENTAMENTE

DIRECCIÓN GENERAL

martes, 1 de noviembre de 2016

Cultural

Gigantesca Catrina 

custodia el Zócalo

·         Es una atracción para las familias y parejas

BLAS A. BUENDÍA

     Con motivo del Día de Muertos y siguiendo las tradiciones mexicanas de estas significativas fechas, artesanos del pueblo Santa Rosa Xochiac, en Álvaro Obregón, enviaron al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna Estrada, una monumental catrina que fue colocada a las afueras de las oficinas en el Zócalo, en agradecimiento por el apoyo recibido de los diputados locales a la defensa de los usos y costumbres de los pueblos originarios de la Ciudad de México.
Acompañando la ofrenda ubicada en  la Plaza de la Constitución, los artesanos decidieron contribuir con nuestras tradiciones con esta Catrina que mide ocho metros y está hecha de cartón de varios colores.
La famosa Catrina es toda una atracción para las familias y parejas, que desde la noche del 29 de octubre, no dejaban de formarse para tomarse una foto del recuerdo. Niños y jóvenes por igual aprovechan para convivir y disfrutar de esta fiesta.
Claudio Zamora y familia se dedican desde hace más de 25 años a la elaboración de los judas y shimos, y en esta ocasión decidieron hacer esta monumental Catrina dedicada a la ALDF. También colocarán otra más en el jardín de San Jacinto, en San Ángel.

Liz Lara, integrante de su equipo, comentó que dedicaron una semana de trabajo para hacer la Catrina. La familia Zamora ha recibido diversos reconocimientos y han sido campeones por sus creaciones de Globo de Cantoya en el Festival de Ocotenco, en Milpa Alta.

Derecho Constitucional

La Constitución CDMX debe estar alejada de 
gobiernos unipersonales

·         Políticos expresan, sin embargo, una inobjetiva presunción de la realidad
·         Quisieran alternar la conceptualización y constitucionalidad de la Nación al citar que ese bodrio sea ¡superior a la Carta Magna federal!, en cuanto a garantía de los derechos (…)
·         Presentaron el libro “Sobre la Constitución de la Ciudad de México”, donde se destaca la importancia de fortalecer la difusión de la elaboración de la normatividad a fin de que la ciudadanía participe

BLAS A. BUENDÍA

La elaboración de la Constitución de la Ciudad de México que contendrá derechos de vanguardia, derivados de una lucha de la izquierda, requiere redoblar esfuerzos para vencer obstáculos políticos que imponen diversas fuerzas y el tiempo tan breve para concluir el documento, señalaron legisladores y constituyentes perredistas en la presentación del libro “Sobre la Constitución de la Ciudad de México” de Anabel Ortega Muñoz.
Los diputados locales Elizabeth Mateos Hernández y Raúl Flores García, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como Jesús Ortega Martínez, diputado constituyente, y Pablo Gómez Álvarez, ex senador de la República y consejero nacional del PRD, destacaron la importancia de una mayor difusión del trabajo que realiza la Asamblea Constituyente, a fin de propiciar la participación ciudadana mediante propuestas que contribuyan a fortalecer la nueva normatividad.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y vocera de la fracción parlamentaria del PRD en la ALDF, Elizabeth Mateos, dijo que la construcción de la Constitución de la Ciudad de México implica una tarea muy compleja, ya que se debe realizar en tiempos cortos porque el 31 de enero deberá estar lista, por lo cual en la ALDF ya se han integrado mesas de trabajo para elaborar las leyes secundarias.
Tras realizar un repaso del sistema municipalista y resaltar el papel de la izquierda en el fortalecimiento de la democracia en la Ciudad, consideró que son fundamentales las reformas del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de Participación Ciudadana y expedir una Ley Orgánica de las Alcaldías para el funcionamiento del sistema de alcaldes, que tendrán la atribución de administrar la demarcación pero que serán vigilados por los concejales para garantizar mayor transparencia.
La alcaldías, refirió, son un modelo único en todo el país porque no será como las presidencias municipales que hay en los estados y tendrá más facultades de las que ahora tienen las delegaciones, además de que deberán garantizar pluralidad; es decir, que estén representadas todas las fuerzas políticas para que no sean gobiernos unipersonales. Por ello, es necesario establecer reglas muy claras en el tema de los recursos y mayor autonomía en sus funciones.
El diputado Raúl Flores García, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la ALDF, celebró la iniciativa de la diputada Elizabeth Mateos para traer la presentación de la obra a la Asamblea Legislativa, ya que ofrece la oportunidad de divulgar los avances en la Constitución de la Ciudad de México, así como los esfuerzos realizados desde la Asamblea Constituyente para que la sociedad cuente con un texto con preceptos jurídicos de avanzada y de vanguardia, armónico con la gama de derechos y libertades que se han impulsado desde los gobiernos de izquierda en la capital del país.
Manifestó que a la fecha hay muchas dudas sobre lo que es y el trabajo que realiza la Asamblea Constituyente, por lo cual el libro es una guía para indagar sobre la base jurídica de nuestra nación e informar a la sociedad que el objetivo de la Constitución es conformar un documento superior a la Carta Magna federal, en cuanto a garantía de los derechos.
Anabel Ortega Muñoz, autora de la obra, indicó que el texto establece los elementos históricos que integran la construcción de la Constitución, la forma en la que se fue gestando esta normatividad que delineará el rostro de la Ciudad y será la primera que contendrá temas de vanguardia como la despenalización del aborto, los matrimonios igualitarios, el uso de la marihuana y otros. Además, la Constitución otorga facultades renovadas derivadas de la reforma política en materia de seguridad e impartición de justicia. 
Pablo Gómez, ex senador de la República, señaló algunas insuficiencias que tiene el proyecto de Constitución y los puntos que se deben resolver en pocos meses, tales como la inclusión del principio de máxima publicidad y el derecho al acceso a la información. Asimismo, definir los plazos de trabajo en los congresos para darle fuerza y dignidad al Poder Legislativo y realizar un cambio profundo en la manera en la que se comportan su integrantes, quienes realizan las actividades más importantes de la agenda pública y los cambios que afectan de manera directa a la ciudadanía, porque es en las leyes donde se cristalizan sus derechos.
Tras lamentar que la información del trabajo que realiza la Asamblea Constituyente es muy bajo, expuso que la exigencia de las constituciones modernas es plasmar los derechos, explicarlos y desagregarlos como una respuesta a los anhelos sociales.
En tanto, Jesús Ortega Martínez llamó a vencer los obstáculos como los que puso el Congreso de la Unión y los de las fuerzas políticas para concluir la elaboración  de la Constitución en los plazos previstos en la ley. Indicó que algunos sectores políticos y sociales que no quieren una Constitución piensan que si no se concluye para el 31 de enero no habrá una normatividad para la Ciudad, de ahí la apuesta para alargar las discusiones, intención que se debe revertir.
Consideró como un error el poco tiempo que dieron para la elaboración de la Constitución ya que a la fecha no se ha iniciado la discusión de ninguno de los artículos y apenas se instalaron las comisiones para recibir propuestas de sus integrantes y posteriormente de la ciudadanía, situación que no se previó en la reforma al artículo 122.
Tras resaltar que los medios de comunicación, la ALDF, el Congreso de la Unión y la Asamblea Constituyente deben fortalecer los mecanismos de divulgación del contenido y del proceso de construcción de la nueva normatividad, expuso que se deben dar más facultades al Congreso de la Ciudad de México para hacer efectiva la representación popular, crear un Gobierno de Gabinete, un Tribunal constitucional que no sea parte del Poder Judicial, e instalar un Congreso Metropolitano, a fin de resolver los problemas que comparte la ciudad con las entidades vecinas.


Derecho Punitivo...

El NSJPA, escrupuloso en respetar
 derechos humanos

·         Legalidad, obligatoriedad del derecho y supremacía de la Constitución, responsabilidad del Estado; iniciaron los trabajos para implementar el Sistema Local Anticorrupción

    
Con la intención de otorgar mayor certidumbre al Nuevo Sistema de Justicia Penal se inauguró el foro La trascendencia de los derechos humanos en el nuevo sistema de justicia penal, convocado por el diputado Israel Betanzos Cortes, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la Asamblea Legislativa.
Resaltó que a través de la ley se guía la conducta de los ciudadanos porque permite la solución efectiva, pacífica y eficiente de los conflictos, toda vez que el Estado de Derecho está centrado en cuatro principios: legalidad, obligatoriedad de derecho con respecto al Estado, supremacía de la Constitución y la responsabilidad del Estado en actos frente a los ciudadanos.
El legislador recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de 2008 estableció las directrices del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que constan de tres ámbitos: justicia, seguridad y delincuencia organizada, por ello, el Estado debe considerar cinco retos en cuanto a derechos humanos y sobre todo que la ciudadanía tenga respeto por las instituciones.
Es fundamental promover los instrumentos centrales de vinculación de las decisiones que se toman en las esferas de gobierno y que protegen a la ciudadanía, toda vez que es necesario difundir los elementos que conforman la Constitución en materia de derechos humanos y contribuir en su defensa.
El diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, resaltó por su lado, que este foro servirá para conocer con precisión el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Hizo un llamado a fin de que la Asamblea Constituyente tome en cuenta las propuestas que resulten de este foro ya que, dijo, en la Ciudad de México no deben existir retrocesos por el tema de los derechos humanos y las libertades alcanzadas.
Derivado de lo anterior, anunció que ya iniciaron los trabajos legislativos para elaborar e implementar el Sistema Local Anticorrupción en el que, especificó, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia tiene una participación importante, que consistirá en elaborar siete leyes. 
Con este Sistema Local Anticorrupción y todo lo que implica se estará a la vanguardia con un mecanismo legal que evite actos que violen los derechos humanos y que abone por el bien de la ciudadanía lo que implica, además de las reformas, generar una estructura distinta en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aseguró el presidente de la Comisión de Gobierno.
Se contempla hacer transformaciones en materia penal para sancionar a los servidores públicos que incurran en irregularidades. Asimismo, se creará una nueva figura, el Fiscal Anticorrupción, que en su conjunto garantizarán que cada día existan menos anomalías y se tenga un gobierno transparente.

Estuvieron en el foro, René Muñoz, presidente de la Fundación Colosio; José Nieves Luna Castro, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; Miguel Ángel Aguilar López, magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de Primer Circuito; Ricardo Paredes Calderón, magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; Enrique Díaz Aranda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como representantes y titulares de asociaciones civiles de derechos humanos, estudiantes y académicos.

ARTÍCULO

¡…GUERRA DE PAPEL…!

·         Organizarán una Feria de la Transparencia, a realizarse en la Plaza de la Constitución, el lunes 7 de noviembre 

·         Ojalá se exhibiera la galería de los funcionarios más corruptos que ha tenido México a través del último medio siglo

La simulación en su apogeo…

BLAS A. BUENDÍA

¿Quién les va a creer?
Así como son, la vox populi advierte que todos los gobiernos son iguales.
Están imbuidos en una burbuja de simulación que se llama cofradía y que a través de la misma, conforme a las leyes ad hoc impresas en los códigos electorales y judiciales, genéricamente llegan al poder para lograr sus objetivos de enriquecerse ilícitamente.
Para vergüenza de millones, México es considerado el país más corrupto de América Latina por la organización Transparencia Internacional. En redes sociales “deambula” por todo el planeta, la lista de los personajes mexicanos más corruptos de cuando menos el censo del 2013.
Eso de exhibir o demostrar que en México “realmente” existen protocolos de transparencia, es un hecho no tangible que realmente castigue con cárcel a todos esos funcionarios que llegaron a la administración pública, para el enriquecimiento de su beneplácito.
Existen los entes, cuyos membretes no significan nada, porque muchos funcionarios pelafustanes hacen a su albedrío lo que desean… con el poder en las manos y tener conocimientos de leyes, a esos torpes inicuos, por antonomasia se les permite actuar de forma impune bajo el amparo del mismo poder.  En vano existen los fiscales, que a final de cuentas es lo mismo.
Tan solo a nivel Ciudad de México, uno de los mejores “ejemplos” fue el caso Pedro Pablo de Antuñano, a quien le hallaron 600 mil pesos de dudosa procedencia, que más bien pareciera un extraordinario soborno por parte de los jefes de la mafia de la capital del país.
Si hubiera un celoso respeto a la Ley Federal de Servidores Públicos y reglamentos secundarios, seguramente las cárceles de la capital de la República mexicana y los penales de alta seguridad, no se darían abasto de atiborrar de “rateros inocentes”, o de esos simuladores profesionales.
Si bien Leonel Luna anunció que “por primera vez” la Ciudad de México “será” anfitriona de la Feria de la Transparencia, a realizarse en la Plaza de la Constitución, el lunes 7 de noviembre  y que tendrá un esquema digital a través de redes sociales, solo quedará en el anecdotario político como una ocurrencia más de los poderes citadinos.
Empero, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada, anunció que inició la coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (InfoDF), la Auditoria Superior (ASCM), la Contraloría General y los Grupos Parlamentarios, para la elaboración del Sistema Anticorrupción local.
Durante la presentación de la 8va. Edición de la Feria de la Transparencia y Protección de Datos Personales, el diputado local destacó que con el Sistema Anticorrupción se generarán, además una serie de leyes nuevas, un andamiaje jurídico que “prevenga irregularidades” y den como resultado un esquema de seguimiento, evaluación y sanciones.
Sobre la feria, Luna Estrada anunció que esta edición será digital, con el fin de que participen más jóvenes y conozcan cómo ejercer su derecho a la información y protección de sus datos personales; “tendremos por primera vez una feria virtual dirigida a los jóvenes”, resaltó.
“No solamente estarán las dependencias en la Feria del Zócalo, sino también se explorará llegar a millones de usuarios de las redes sociales, es decir, vamos a buscar que a través de esta posibilidad, el InfoDF abra una ventana para que conozcan un derecho universal y un desafío para el país y la Ciudad de México, que es el acceso a la información”, apuntó Leonel Luna.
El también coordinador del grupo parlamentario del PRD en histórico recinto de donceles, dijo que la Feria de la Transparencia será una ventana abierta a la sociedad, no sólo para conocer el desempeño del InfoDF, sino también sus funciones, pero sobre todo para tener la posibilidad de contactarse con dependencias públicas, sociales y privadas.
Detalló que el 7 de noviembre los capitalinos podrán acudir al Zócalo de la Ciudad de México, para conocer los avances en materia de transparencia, entre ellos, las últimas reformas aprobadas por lo que será en breve el Congreso de la Ciudad de México, con las que la capital de la República mexicana se colocará a la vanguardia en el país, “tenemos el marco jurídico más avanzado en materia de transparencia, eso es necesario divulgarlo”, resaltó.
El Consejero Presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández, reiteró que la Feria de la Transparencia tiene como propósito promover entre la población de la Ciudad de México los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como ser un vínculo entre los ciudadanos y las dependencias de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil.
El Consejero David Mondragón Centeno, afirmó que la Feria de la Transparencia  es un referente nacional que promueve los derechos de acceso a la información pública.
Por su parte, el Consejero Luis Fernando Sánchez Nava, agradeció a la Asamblea Legislativa su esfuerzo y trabajo para que en la Ciudad de México tenga una ley de avanzada.
A la presentación de la 8va. Edición de la Feria de Transparencia asistieron además el director general del Fondo Mixto de Promoción Turística, Armando López Cárdenas y el presidente del Colectivo por la Transparencia, Boogar González.
De tal suerte, que la del Zócalo, no dejará de ser una feria de la vergüenza transparente.

El censo en el Barómetro

Los alarmantes niveles de corrupción en el gobierno, así como en el Poder Judicial y su aplicación de la ley, siguen colocado a México como el país más corrupto de América Latina, un lugar que comparte con Argentina, de acuerdo con el Barómetro Global de  Corrupción de Transparencia Internacional.
El organismo internacional advierte que este indicador ofrece una advertencia de la continuidad del abuso del poder, tratos secretos y el soborno en las sociedades de todo el mundo. Asimismo, en el caso de México, los partidos políticos, así como sus representantes y la policía son percibidos como los más corruptos.
Esta es una de las listas de Forbes en Estados Unidos de los mexicanos más corruptos de cuando menos el censo levantado en el año 2013… ¡Ufff!, la lista es interminable…
Elba Esther Gordillo. La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue acusada en febrero de este año de malversar 200 millones de dólares (mdd). Actualmente, la maestra se encuentra encarcelada y con un proceso que continua abierto, y de quien se dice que no le gustaría salir en libertad (…) sin embargo…
Carlos Romero Deschamps. El líder charro del Sindicato Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se ha encontrado envuelto en sospechas por tráfico de influencias y enriquecimiento personal, que incluso, sus propios hijos se han encargado “infantilmente” en balconearlo al mostrar el derroche de lujos que los rodea gracias “a papi y al gobierno” a través de las cuotas sindicales.
Raúl Salinas de Gortari. El hermano incómodo del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Pasó 10 años en la cárcel por una acusación de homicidio de alto perfil, pero fue absuelto en 2005. Un juez mexicano lo exoneró de los cargos por enriquecimiento ilícito, y ordenó que le fueran devueltos 19 mdd depositados en 12 cuentas bancarias, así como 41 propiedades. Actualmente se encuentra libre “sin pena”, pero sí con “la aureola de honestidad”.
Manlio Fabio Beltrones: El ex senador, ex gobernador de Sonora, y ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fue señalado en una investigación periodística hecha por los reporteros del diario The New York Times, Sam Dillon y Craig Pyes, de proteger durante su mandato al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. La investigación fue hecha en 1997, pero en 2014 los reporteros ratificaron lo escrito.
Genaro García Luna. Como titular de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) federal bajo la administración de Felipe Calderón, fue una de las dependencias con el mayor presupuesto del sexenio. El ex funcionario público fue blanco de críticas por el uso de recursos públicos para la autopromoción y el abuso de poder expuestos por la prensa mexicana. Desde que concluyó la administración calderonista, no se le ha sido visto en México.
Andrés Granier Melo. El ex gobernador de Tabasco fue detenido este 2013 por cargos de corrupción, malversación de fondos, evasión de impuestos y lavado de dinero. En una conversación filtrada a los medios de comunicación, Granier se jactaba de ser dueño de 400 pares de zapatos, 300 trajes y 1,000 camisas, compradas en tiendas de lujo de Nueva York y Los Angeles.
Tomás Yarrington. El ex gobernador de Tamaulipas fue acusado a principios de diciembre del año 2012 por cargos de crimen organizado y lavado de dinero en Texas. Según las acusaciones en su contar habría recibido sobornos de los principales grupo del narcotráfico en Tamaulipas, entre ellos el Cártel del Golfo.
Humberto Moreira. Como gobernador de Coahuila, la deuda del estado aumentó en más de un centenar de veces, pasando de 200 a 35,000 mdd, la peor crisis en la historia de aquella entidad del norte de la República Mexicana. 
Fidel Herrera. Como gobernador de Veracruz las denuncias en su contra por supuestas conexiones con el grupo delictivo de los Zetas prosperaron. En este momento, no pesa en su contra ninguna investigación formal en su contra, y hay informes no confirmados de que pudiera ser enviado como embajador a Grecia.
Arturo Montiel. El ex gobernador del Estado de México y miembro del Grupo Atlacomulco del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra acusado de por su ex esposa, Maudi Versini, de secuestrar a sus tres hijos. Asimismo, fue blanco de acusaciones por la posesión de mansiones millonarias y transacciones bancarias en México y Francia.  
César Duarte. Dos veces diputado federal y ex gobernador de Chihuahua, ha ido acusado por el senador del PAN, Javier Corral Jurado, de incrementar “exponencialmente su fortuna a través de distintos negocios” y de enriquecimiento ilícito.
Alejandra Sota. La ex vocera del ex presidente Felipe Calderón, se encuentra investigada por las autoridades mexicanas por la presunta malversación de fondo y tráfico de influencias. Es acusada de favorecer a amigos y antiguos compañero de clase con los contratos gubernamentales cuando se desempeñó como funcionaria. Hasta esa época del 2013, la Sota estaba asistiendo a la escuela de posgrado en la Escuela Kennedy de Harvard a pesar de no tener título universitario, y se presume que acudía como oyente. En este caso, el 29 de mayo de 2014,  la Secretaría de la Función Pública determinó que Sota no se enriqueció ilícitamente cuando fue funcionaria pública. Después de una investigación realizada a la evolución patrimonial de la ex funcionaria y su cónyuge, no se encontraron irregularidades, por lo que la Secretaría determinó que su patrimonio es consistente con sus ingresos.
Carlos Hank Rhon. Ex alcalde de Tijuana, ex candidato a gobernador de Baja California. Hank ha sido detenido en más de una ocasión por diferentes ilícitos, entre ellos en 2011, cuando el Ejército lo detuvo por acopio de armas en su casa de Tijuana. Fue vinculado al asesinato del periodista del Semanario Zeta, Héctor Félix Miranda.
Enrique Peña Nieto. El presidente de México hasta 2018 pasó a formar parte de la lista de políticos corruptos luego de la investigación periodística que lo señaló de haber adquirido una residencia, la Casa Blanca, a la empresa constructora Grupo Higa, en una transacción millonaria en el que hubo conflicto de intereses. Grupo Higa es beneficiaria por obras millonarias otorgadas por el gobierno federal. Por los hechos, su esposa Angélica Rivera, salió a aclarar que la residencia fue adquirida con sus ahorros. La Secretaría de la Función Pública los exculpó del caso, por la vinculación del tráfico de influencias gracias a la amistad que tiene con su ahora ex titular de dicha dependencia, Virgilio Andrade Martínez.
Luis Videgaray Caso. Ex Secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno peñista, fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública de haber incurrido en conflicto de intereses en la compra de una casa de descanso en Malinalco, Estado de México, a la empresa Grupo Higa, porque la habría adquirido cuando aún no era funcionario federal. No obstante, el sitio Bloomberg documentó que Videgaray sí pagó el inmueble cuando ya era secretario de Estado.
Manuel Añorve Baños: Ex diputado local, ex presidente municipal de Acapulco, ahora diputado federal, fue señalado por su correligionario Rubén Figueroa Smutny de haberse beneficiado de la amistad del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal (La Barby). Figueroa Smutny incluso calificó al también ex candidato a gobernador de Guerrero como “narcoalcalde”. Cuando salió de la alcaldía el presidente municipal entrante, Luis Walton Aburto, acusó a Añorve de haberle dejado un municipio con una deuda pública millonaria.
Ángel Aguirre Rivero. Ex diputado federal, ex senador, ex gobernador de Guerrero, salió por la puerta trasera del gobierno en 2014, luego de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero en septiembre del mismo año. Meses después de su salida su hermano, Carlos Mateo Aguirre, fue arrestado acusado de malversar 287 millones de pesos de las finanzas públicas del estado. Aunque el ex gobernador no fue señalado como responsable director de estos hechos, sí lo fue por haber permitido el presunto peculado de su hermano.
Según la prensa mexicana, los ex gobernadores Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte Jáquez, de Chihuahua, son los siguientes en la lista del PRI, que serían expulsados como lo hiciera con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa ya no pertenece al PRI, la comisión decide expulsarlo por “falta de probidad".
A partir de este caso, el nuevo líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Meza, prometió que las instancias internas darán atención "inmediata y lo más pronto posible" a los procesos abiertos contra esos “distinguidos” militantes, vinculados con supuestos actos de corrupción, luego de que expulsó al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, también señalado por conductas deshonestas.
"La Comisión Nacional de Justicia Partidaria continuará analizando los casos que tiene por atracción desde los estados de la República, incluyendo los casos de Quintana Roo y de Chihuahua (...) Absolutamente, se tiene que actuar sin burocratismos, de manera inmediata y lo más pronto posible", afirmó ante reporteros, y añadió que espera que la resolución de ambos casos esté lista antes que termine 2016.
La administración de Borge ha sido señalada por manejos indebidos en contratación de deuda pública, así como despojos de inmuebles, terrenos y otros bienes a particulares a través de un esquema de servidores públicos.
Además, la Procuraduría General de la República (PGR) impugnó una serie de medidas impulsadas por el gobierno estatal ante el Congreso local en materia anticorrupción, que opositores y expertos consideraron un intento de "blindar" al entonces mandatario de futuras investigaciones y que la dependencia federal calificó como contrarias a la reforma constitucional en la materia, pese al cambio del titular de la PGR. Arely Gómez González fue nombrada por la Presidencia de la República como nueva responsable de la Secretaría de la Función Pública, en tanto que Raúl Cervantes Andrade será el procurador general de la República.
El gobierno de César Duarte ha sido señalado por delitos de peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones y facultades y ejercicio abusivo de funciones, en tanto que el priista ha sido mencionado como uno de los ex mandatarios auditados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT); entre las acusaciones que encara está usar recursos públicos en su beneficio a través del Banco Progreso, del cual buscó ser accionista.
Rosario Robles Berlanga. Ex diputada federal, ex jefa Gobierno del entonces Distrito Federal (interina), ex secretaria de Desarrollo Social con el presidente Enrique Peña Nieto; ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Fue señalada de propiciar actos de corrupción donde el perredista y ex asambleísta del Distrito Federal, René Bejarano, recibió 45 mil dólares del empresario argentino Carlos Ahumada para financiar diversas campañas del PRD. Luego, Robles fue vinculada sentimentalmente con Ahumada y se vio obligada a salir del partido que ayudó a fundar en 1989. En el escándalo del Señor de las Ligas, estuvo vinculada la sombra siniestra del innombrable, mejor conocido como Carlos Salinas de Gortari, considerado como el padrino de la política mexicana.
La lista de presuntos funcionarios corruptos de origen mexicano, tiene un larguísimo etcétera…, que ha venido documentando el Barómetro Global de  Corrupción de Transparencia Internacional.

Sus personajes se han ido alineando cuan caterva institucional, lo que lamentablemente en México no se castiga con cárcel, sino se premia con la asignación paradójica de mejores cargos públicos.