martes, 1 de noviembre de 2016

Cultural

Gigantesca Catrina 

custodia el Zócalo

·         Es una atracción para las familias y parejas

BLAS A. BUENDÍA

     Con motivo del Día de Muertos y siguiendo las tradiciones mexicanas de estas significativas fechas, artesanos del pueblo Santa Rosa Xochiac, en Álvaro Obregón, enviaron al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna Estrada, una monumental catrina que fue colocada a las afueras de las oficinas en el Zócalo, en agradecimiento por el apoyo recibido de los diputados locales a la defensa de los usos y costumbres de los pueblos originarios de la Ciudad de México.
Acompañando la ofrenda ubicada en  la Plaza de la Constitución, los artesanos decidieron contribuir con nuestras tradiciones con esta Catrina que mide ocho metros y está hecha de cartón de varios colores.
La famosa Catrina es toda una atracción para las familias y parejas, que desde la noche del 29 de octubre, no dejaban de formarse para tomarse una foto del recuerdo. Niños y jóvenes por igual aprovechan para convivir y disfrutar de esta fiesta.
Claudio Zamora y familia se dedican desde hace más de 25 años a la elaboración de los judas y shimos, y en esta ocasión decidieron hacer esta monumental Catrina dedicada a la ALDF. También colocarán otra más en el jardín de San Jacinto, en San Ángel.

Liz Lara, integrante de su equipo, comentó que dedicaron una semana de trabajo para hacer la Catrina. La familia Zamora ha recibido diversos reconocimientos y han sido campeones por sus creaciones de Globo de Cantoya en el Festival de Ocotenco, en Milpa Alta.

Derecho Constitucional

La Constitución CDMX debe estar alejada de 
gobiernos unipersonales

·         Políticos expresan, sin embargo, una inobjetiva presunción de la realidad
·         Quisieran alternar la conceptualización y constitucionalidad de la Nación al citar que ese bodrio sea ¡superior a la Carta Magna federal!, en cuanto a garantía de los derechos (…)
·         Presentaron el libro “Sobre la Constitución de la Ciudad de México”, donde se destaca la importancia de fortalecer la difusión de la elaboración de la normatividad a fin de que la ciudadanía participe

BLAS A. BUENDÍA

La elaboración de la Constitución de la Ciudad de México que contendrá derechos de vanguardia, derivados de una lucha de la izquierda, requiere redoblar esfuerzos para vencer obstáculos políticos que imponen diversas fuerzas y el tiempo tan breve para concluir el documento, señalaron legisladores y constituyentes perredistas en la presentación del libro “Sobre la Constitución de la Ciudad de México” de Anabel Ortega Muñoz.
Los diputados locales Elizabeth Mateos Hernández y Raúl Flores García, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como Jesús Ortega Martínez, diputado constituyente, y Pablo Gómez Álvarez, ex senador de la República y consejero nacional del PRD, destacaron la importancia de una mayor difusión del trabajo que realiza la Asamblea Constituyente, a fin de propiciar la participación ciudadana mediante propuestas que contribuyan a fortalecer la nueva normatividad.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y vocera de la fracción parlamentaria del PRD en la ALDF, Elizabeth Mateos, dijo que la construcción de la Constitución de la Ciudad de México implica una tarea muy compleja, ya que se debe realizar en tiempos cortos porque el 31 de enero deberá estar lista, por lo cual en la ALDF ya se han integrado mesas de trabajo para elaborar las leyes secundarias.
Tras realizar un repaso del sistema municipalista y resaltar el papel de la izquierda en el fortalecimiento de la democracia en la Ciudad, consideró que son fundamentales las reformas del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de Participación Ciudadana y expedir una Ley Orgánica de las Alcaldías para el funcionamiento del sistema de alcaldes, que tendrán la atribución de administrar la demarcación pero que serán vigilados por los concejales para garantizar mayor transparencia.
La alcaldías, refirió, son un modelo único en todo el país porque no será como las presidencias municipales que hay en los estados y tendrá más facultades de las que ahora tienen las delegaciones, además de que deberán garantizar pluralidad; es decir, que estén representadas todas las fuerzas políticas para que no sean gobiernos unipersonales. Por ello, es necesario establecer reglas muy claras en el tema de los recursos y mayor autonomía en sus funciones.
El diputado Raúl Flores García, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la ALDF, celebró la iniciativa de la diputada Elizabeth Mateos para traer la presentación de la obra a la Asamblea Legislativa, ya que ofrece la oportunidad de divulgar los avances en la Constitución de la Ciudad de México, así como los esfuerzos realizados desde la Asamblea Constituyente para que la sociedad cuente con un texto con preceptos jurídicos de avanzada y de vanguardia, armónico con la gama de derechos y libertades que se han impulsado desde los gobiernos de izquierda en la capital del país.
Manifestó que a la fecha hay muchas dudas sobre lo que es y el trabajo que realiza la Asamblea Constituyente, por lo cual el libro es una guía para indagar sobre la base jurídica de nuestra nación e informar a la sociedad que el objetivo de la Constitución es conformar un documento superior a la Carta Magna federal, en cuanto a garantía de los derechos.
Anabel Ortega Muñoz, autora de la obra, indicó que el texto establece los elementos históricos que integran la construcción de la Constitución, la forma en la que se fue gestando esta normatividad que delineará el rostro de la Ciudad y será la primera que contendrá temas de vanguardia como la despenalización del aborto, los matrimonios igualitarios, el uso de la marihuana y otros. Además, la Constitución otorga facultades renovadas derivadas de la reforma política en materia de seguridad e impartición de justicia. 
Pablo Gómez, ex senador de la República, señaló algunas insuficiencias que tiene el proyecto de Constitución y los puntos que se deben resolver en pocos meses, tales como la inclusión del principio de máxima publicidad y el derecho al acceso a la información. Asimismo, definir los plazos de trabajo en los congresos para darle fuerza y dignidad al Poder Legislativo y realizar un cambio profundo en la manera en la que se comportan su integrantes, quienes realizan las actividades más importantes de la agenda pública y los cambios que afectan de manera directa a la ciudadanía, porque es en las leyes donde se cristalizan sus derechos.
Tras lamentar que la información del trabajo que realiza la Asamblea Constituyente es muy bajo, expuso que la exigencia de las constituciones modernas es plasmar los derechos, explicarlos y desagregarlos como una respuesta a los anhelos sociales.
En tanto, Jesús Ortega Martínez llamó a vencer los obstáculos como los que puso el Congreso de la Unión y los de las fuerzas políticas para concluir la elaboración  de la Constitución en los plazos previstos en la ley. Indicó que algunos sectores políticos y sociales que no quieren una Constitución piensan que si no se concluye para el 31 de enero no habrá una normatividad para la Ciudad, de ahí la apuesta para alargar las discusiones, intención que se debe revertir.
Consideró como un error el poco tiempo que dieron para la elaboración de la Constitución ya que a la fecha no se ha iniciado la discusión de ninguno de los artículos y apenas se instalaron las comisiones para recibir propuestas de sus integrantes y posteriormente de la ciudadanía, situación que no se previó en la reforma al artículo 122.
Tras resaltar que los medios de comunicación, la ALDF, el Congreso de la Unión y la Asamblea Constituyente deben fortalecer los mecanismos de divulgación del contenido y del proceso de construcción de la nueva normatividad, expuso que se deben dar más facultades al Congreso de la Ciudad de México para hacer efectiva la representación popular, crear un Gobierno de Gabinete, un Tribunal constitucional que no sea parte del Poder Judicial, e instalar un Congreso Metropolitano, a fin de resolver los problemas que comparte la ciudad con las entidades vecinas.


Derecho Punitivo...

El NSJPA, escrupuloso en respetar
 derechos humanos

·         Legalidad, obligatoriedad del derecho y supremacía de la Constitución, responsabilidad del Estado; iniciaron los trabajos para implementar el Sistema Local Anticorrupción

    
Con la intención de otorgar mayor certidumbre al Nuevo Sistema de Justicia Penal se inauguró el foro La trascendencia de los derechos humanos en el nuevo sistema de justicia penal, convocado por el diputado Israel Betanzos Cortes, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la Asamblea Legislativa.
Resaltó que a través de la ley se guía la conducta de los ciudadanos porque permite la solución efectiva, pacífica y eficiente de los conflictos, toda vez que el Estado de Derecho está centrado en cuatro principios: legalidad, obligatoriedad de derecho con respecto al Estado, supremacía de la Constitución y la responsabilidad del Estado en actos frente a los ciudadanos.
El legislador recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de 2008 estableció las directrices del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que constan de tres ámbitos: justicia, seguridad y delincuencia organizada, por ello, el Estado debe considerar cinco retos en cuanto a derechos humanos y sobre todo que la ciudadanía tenga respeto por las instituciones.
Es fundamental promover los instrumentos centrales de vinculación de las decisiones que se toman en las esferas de gobierno y que protegen a la ciudadanía, toda vez que es necesario difundir los elementos que conforman la Constitución en materia de derechos humanos y contribuir en su defensa.
El diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, resaltó por su lado, que este foro servirá para conocer con precisión el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Hizo un llamado a fin de que la Asamblea Constituyente tome en cuenta las propuestas que resulten de este foro ya que, dijo, en la Ciudad de México no deben existir retrocesos por el tema de los derechos humanos y las libertades alcanzadas.
Derivado de lo anterior, anunció que ya iniciaron los trabajos legislativos para elaborar e implementar el Sistema Local Anticorrupción en el que, especificó, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia tiene una participación importante, que consistirá en elaborar siete leyes. 
Con este Sistema Local Anticorrupción y todo lo que implica se estará a la vanguardia con un mecanismo legal que evite actos que violen los derechos humanos y que abone por el bien de la ciudadanía lo que implica, además de las reformas, generar una estructura distinta en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aseguró el presidente de la Comisión de Gobierno.
Se contempla hacer transformaciones en materia penal para sancionar a los servidores públicos que incurran en irregularidades. Asimismo, se creará una nueva figura, el Fiscal Anticorrupción, que en su conjunto garantizarán que cada día existan menos anomalías y se tenga un gobierno transparente.

Estuvieron en el foro, René Muñoz, presidente de la Fundación Colosio; José Nieves Luna Castro, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; Miguel Ángel Aguilar López, magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de Primer Circuito; Ricardo Paredes Calderón, magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; Enrique Díaz Aranda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como representantes y titulares de asociaciones civiles de derechos humanos, estudiantes y académicos.

ARTÍCULO

¡…GUERRA DE PAPEL…!

·         Organizarán una Feria de la Transparencia, a realizarse en la Plaza de la Constitución, el lunes 7 de noviembre 

·         Ojalá se exhibiera la galería de los funcionarios más corruptos que ha tenido México a través del último medio siglo

La simulación en su apogeo…

BLAS A. BUENDÍA

¿Quién les va a creer?
Así como son, la vox populi advierte que todos los gobiernos son iguales.
Están imbuidos en una burbuja de simulación que se llama cofradía y que a través de la misma, conforme a las leyes ad hoc impresas en los códigos electorales y judiciales, genéricamente llegan al poder para lograr sus objetivos de enriquecerse ilícitamente.
Para vergüenza de millones, México es considerado el país más corrupto de América Latina por la organización Transparencia Internacional. En redes sociales “deambula” por todo el planeta, la lista de los personajes mexicanos más corruptos de cuando menos el censo del 2013.
Eso de exhibir o demostrar que en México “realmente” existen protocolos de transparencia, es un hecho no tangible que realmente castigue con cárcel a todos esos funcionarios que llegaron a la administración pública, para el enriquecimiento de su beneplácito.
Existen los entes, cuyos membretes no significan nada, porque muchos funcionarios pelafustanes hacen a su albedrío lo que desean… con el poder en las manos y tener conocimientos de leyes, a esos torpes inicuos, por antonomasia se les permite actuar de forma impune bajo el amparo del mismo poder.  En vano existen los fiscales, que a final de cuentas es lo mismo.
Tan solo a nivel Ciudad de México, uno de los mejores “ejemplos” fue el caso Pedro Pablo de Antuñano, a quien le hallaron 600 mil pesos de dudosa procedencia, que más bien pareciera un extraordinario soborno por parte de los jefes de la mafia de la capital del país.
Si hubiera un celoso respeto a la Ley Federal de Servidores Públicos y reglamentos secundarios, seguramente las cárceles de la capital de la República mexicana y los penales de alta seguridad, no se darían abasto de atiborrar de “rateros inocentes”, o de esos simuladores profesionales.
Si bien Leonel Luna anunció que “por primera vez” la Ciudad de México “será” anfitriona de la Feria de la Transparencia, a realizarse en la Plaza de la Constitución, el lunes 7 de noviembre  y que tendrá un esquema digital a través de redes sociales, solo quedará en el anecdotario político como una ocurrencia más de los poderes citadinos.
Empero, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada, anunció que inició la coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (InfoDF), la Auditoria Superior (ASCM), la Contraloría General y los Grupos Parlamentarios, para la elaboración del Sistema Anticorrupción local.
Durante la presentación de la 8va. Edición de la Feria de la Transparencia y Protección de Datos Personales, el diputado local destacó que con el Sistema Anticorrupción se generarán, además una serie de leyes nuevas, un andamiaje jurídico que “prevenga irregularidades” y den como resultado un esquema de seguimiento, evaluación y sanciones.
Sobre la feria, Luna Estrada anunció que esta edición será digital, con el fin de que participen más jóvenes y conozcan cómo ejercer su derecho a la información y protección de sus datos personales; “tendremos por primera vez una feria virtual dirigida a los jóvenes”, resaltó.
“No solamente estarán las dependencias en la Feria del Zócalo, sino también se explorará llegar a millones de usuarios de las redes sociales, es decir, vamos a buscar que a través de esta posibilidad, el InfoDF abra una ventana para que conozcan un derecho universal y un desafío para el país y la Ciudad de México, que es el acceso a la información”, apuntó Leonel Luna.
El también coordinador del grupo parlamentario del PRD en histórico recinto de donceles, dijo que la Feria de la Transparencia será una ventana abierta a la sociedad, no sólo para conocer el desempeño del InfoDF, sino también sus funciones, pero sobre todo para tener la posibilidad de contactarse con dependencias públicas, sociales y privadas.
Detalló que el 7 de noviembre los capitalinos podrán acudir al Zócalo de la Ciudad de México, para conocer los avances en materia de transparencia, entre ellos, las últimas reformas aprobadas por lo que será en breve el Congreso de la Ciudad de México, con las que la capital de la República mexicana se colocará a la vanguardia en el país, “tenemos el marco jurídico más avanzado en materia de transparencia, eso es necesario divulgarlo”, resaltó.
El Consejero Presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández, reiteró que la Feria de la Transparencia tiene como propósito promover entre la población de la Ciudad de México los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como ser un vínculo entre los ciudadanos y las dependencias de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil.
El Consejero David Mondragón Centeno, afirmó que la Feria de la Transparencia  es un referente nacional que promueve los derechos de acceso a la información pública.
Por su parte, el Consejero Luis Fernando Sánchez Nava, agradeció a la Asamblea Legislativa su esfuerzo y trabajo para que en la Ciudad de México tenga una ley de avanzada.
A la presentación de la 8va. Edición de la Feria de Transparencia asistieron además el director general del Fondo Mixto de Promoción Turística, Armando López Cárdenas y el presidente del Colectivo por la Transparencia, Boogar González.
De tal suerte, que la del Zócalo, no dejará de ser una feria de la vergüenza transparente.

El censo en el Barómetro

Los alarmantes niveles de corrupción en el gobierno, así como en el Poder Judicial y su aplicación de la ley, siguen colocado a México como el país más corrupto de América Latina, un lugar que comparte con Argentina, de acuerdo con el Barómetro Global de  Corrupción de Transparencia Internacional.
El organismo internacional advierte que este indicador ofrece una advertencia de la continuidad del abuso del poder, tratos secretos y el soborno en las sociedades de todo el mundo. Asimismo, en el caso de México, los partidos políticos, así como sus representantes y la policía son percibidos como los más corruptos.
Esta es una de las listas de Forbes en Estados Unidos de los mexicanos más corruptos de cuando menos el censo levantado en el año 2013… ¡Ufff!, la lista es interminable…
Elba Esther Gordillo. La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue acusada en febrero de este año de malversar 200 millones de dólares (mdd). Actualmente, la maestra se encuentra encarcelada y con un proceso que continua abierto, y de quien se dice que no le gustaría salir en libertad (…) sin embargo…
Carlos Romero Deschamps. El líder charro del Sindicato Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se ha encontrado envuelto en sospechas por tráfico de influencias y enriquecimiento personal, que incluso, sus propios hijos se han encargado “infantilmente” en balconearlo al mostrar el derroche de lujos que los rodea gracias “a papi y al gobierno” a través de las cuotas sindicales.
Raúl Salinas de Gortari. El hermano incómodo del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Pasó 10 años en la cárcel por una acusación de homicidio de alto perfil, pero fue absuelto en 2005. Un juez mexicano lo exoneró de los cargos por enriquecimiento ilícito, y ordenó que le fueran devueltos 19 mdd depositados en 12 cuentas bancarias, así como 41 propiedades. Actualmente se encuentra libre “sin pena”, pero sí con “la aureola de honestidad”.
Manlio Fabio Beltrones: El ex senador, ex gobernador de Sonora, y ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fue señalado en una investigación periodística hecha por los reporteros del diario The New York Times, Sam Dillon y Craig Pyes, de proteger durante su mandato al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. La investigación fue hecha en 1997, pero en 2014 los reporteros ratificaron lo escrito.
Genaro García Luna. Como titular de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) federal bajo la administración de Felipe Calderón, fue una de las dependencias con el mayor presupuesto del sexenio. El ex funcionario público fue blanco de críticas por el uso de recursos públicos para la autopromoción y el abuso de poder expuestos por la prensa mexicana. Desde que concluyó la administración calderonista, no se le ha sido visto en México.
Andrés Granier Melo. El ex gobernador de Tabasco fue detenido este 2013 por cargos de corrupción, malversación de fondos, evasión de impuestos y lavado de dinero. En una conversación filtrada a los medios de comunicación, Granier se jactaba de ser dueño de 400 pares de zapatos, 300 trajes y 1,000 camisas, compradas en tiendas de lujo de Nueva York y Los Angeles.
Tomás Yarrington. El ex gobernador de Tamaulipas fue acusado a principios de diciembre del año 2012 por cargos de crimen organizado y lavado de dinero en Texas. Según las acusaciones en su contar habría recibido sobornos de los principales grupo del narcotráfico en Tamaulipas, entre ellos el Cártel del Golfo.
Humberto Moreira. Como gobernador de Coahuila, la deuda del estado aumentó en más de un centenar de veces, pasando de 200 a 35,000 mdd, la peor crisis en la historia de aquella entidad del norte de la República Mexicana. 
Fidel Herrera. Como gobernador de Veracruz las denuncias en su contra por supuestas conexiones con el grupo delictivo de los Zetas prosperaron. En este momento, no pesa en su contra ninguna investigación formal en su contra, y hay informes no confirmados de que pudiera ser enviado como embajador a Grecia.
Arturo Montiel. El ex gobernador del Estado de México y miembro del Grupo Atlacomulco del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra acusado de por su ex esposa, Maudi Versini, de secuestrar a sus tres hijos. Asimismo, fue blanco de acusaciones por la posesión de mansiones millonarias y transacciones bancarias en México y Francia.  
César Duarte. Dos veces diputado federal y ex gobernador de Chihuahua, ha ido acusado por el senador del PAN, Javier Corral Jurado, de incrementar “exponencialmente su fortuna a través de distintos negocios” y de enriquecimiento ilícito.
Alejandra Sota. La ex vocera del ex presidente Felipe Calderón, se encuentra investigada por las autoridades mexicanas por la presunta malversación de fondo y tráfico de influencias. Es acusada de favorecer a amigos y antiguos compañero de clase con los contratos gubernamentales cuando se desempeñó como funcionaria. Hasta esa época del 2013, la Sota estaba asistiendo a la escuela de posgrado en la Escuela Kennedy de Harvard a pesar de no tener título universitario, y se presume que acudía como oyente. En este caso, el 29 de mayo de 2014,  la Secretaría de la Función Pública determinó que Sota no se enriqueció ilícitamente cuando fue funcionaria pública. Después de una investigación realizada a la evolución patrimonial de la ex funcionaria y su cónyuge, no se encontraron irregularidades, por lo que la Secretaría determinó que su patrimonio es consistente con sus ingresos.
Carlos Hank Rhon. Ex alcalde de Tijuana, ex candidato a gobernador de Baja California. Hank ha sido detenido en más de una ocasión por diferentes ilícitos, entre ellos en 2011, cuando el Ejército lo detuvo por acopio de armas en su casa de Tijuana. Fue vinculado al asesinato del periodista del Semanario Zeta, Héctor Félix Miranda.
Enrique Peña Nieto. El presidente de México hasta 2018 pasó a formar parte de la lista de políticos corruptos luego de la investigación periodística que lo señaló de haber adquirido una residencia, la Casa Blanca, a la empresa constructora Grupo Higa, en una transacción millonaria en el que hubo conflicto de intereses. Grupo Higa es beneficiaria por obras millonarias otorgadas por el gobierno federal. Por los hechos, su esposa Angélica Rivera, salió a aclarar que la residencia fue adquirida con sus ahorros. La Secretaría de la Función Pública los exculpó del caso, por la vinculación del tráfico de influencias gracias a la amistad que tiene con su ahora ex titular de dicha dependencia, Virgilio Andrade Martínez.
Luis Videgaray Caso. Ex Secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno peñista, fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública de haber incurrido en conflicto de intereses en la compra de una casa de descanso en Malinalco, Estado de México, a la empresa Grupo Higa, porque la habría adquirido cuando aún no era funcionario federal. No obstante, el sitio Bloomberg documentó que Videgaray sí pagó el inmueble cuando ya era secretario de Estado.
Manuel Añorve Baños: Ex diputado local, ex presidente municipal de Acapulco, ahora diputado federal, fue señalado por su correligionario Rubén Figueroa Smutny de haberse beneficiado de la amistad del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal (La Barby). Figueroa Smutny incluso calificó al también ex candidato a gobernador de Guerrero como “narcoalcalde”. Cuando salió de la alcaldía el presidente municipal entrante, Luis Walton Aburto, acusó a Añorve de haberle dejado un municipio con una deuda pública millonaria.
Ángel Aguirre Rivero. Ex diputado federal, ex senador, ex gobernador de Guerrero, salió por la puerta trasera del gobierno en 2014, luego de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero en septiembre del mismo año. Meses después de su salida su hermano, Carlos Mateo Aguirre, fue arrestado acusado de malversar 287 millones de pesos de las finanzas públicas del estado. Aunque el ex gobernador no fue señalado como responsable director de estos hechos, sí lo fue por haber permitido el presunto peculado de su hermano.
Según la prensa mexicana, los ex gobernadores Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte Jáquez, de Chihuahua, son los siguientes en la lista del PRI, que serían expulsados como lo hiciera con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa ya no pertenece al PRI, la comisión decide expulsarlo por “falta de probidad".
A partir de este caso, el nuevo líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Meza, prometió que las instancias internas darán atención "inmediata y lo más pronto posible" a los procesos abiertos contra esos “distinguidos” militantes, vinculados con supuestos actos de corrupción, luego de que expulsó al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, también señalado por conductas deshonestas.
"La Comisión Nacional de Justicia Partidaria continuará analizando los casos que tiene por atracción desde los estados de la República, incluyendo los casos de Quintana Roo y de Chihuahua (...) Absolutamente, se tiene que actuar sin burocratismos, de manera inmediata y lo más pronto posible", afirmó ante reporteros, y añadió que espera que la resolución de ambos casos esté lista antes que termine 2016.
La administración de Borge ha sido señalada por manejos indebidos en contratación de deuda pública, así como despojos de inmuebles, terrenos y otros bienes a particulares a través de un esquema de servidores públicos.
Además, la Procuraduría General de la República (PGR) impugnó una serie de medidas impulsadas por el gobierno estatal ante el Congreso local en materia anticorrupción, que opositores y expertos consideraron un intento de "blindar" al entonces mandatario de futuras investigaciones y que la dependencia federal calificó como contrarias a la reforma constitucional en la materia, pese al cambio del titular de la PGR. Arely Gómez González fue nombrada por la Presidencia de la República como nueva responsable de la Secretaría de la Función Pública, en tanto que Raúl Cervantes Andrade será el procurador general de la República.
El gobierno de César Duarte ha sido señalado por delitos de peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones y facultades y ejercicio abusivo de funciones, en tanto que el priista ha sido mencionado como uno de los ex mandatarios auditados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT); entre las acusaciones que encara está usar recursos públicos en su beneficio a través del Banco Progreso, del cual buscó ser accionista.
Rosario Robles Berlanga. Ex diputada federal, ex jefa Gobierno del entonces Distrito Federal (interina), ex secretaria de Desarrollo Social con el presidente Enrique Peña Nieto; ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Fue señalada de propiciar actos de corrupción donde el perredista y ex asambleísta del Distrito Federal, René Bejarano, recibió 45 mil dólares del empresario argentino Carlos Ahumada para financiar diversas campañas del PRD. Luego, Robles fue vinculada sentimentalmente con Ahumada y se vio obligada a salir del partido que ayudó a fundar en 1989. En el escándalo del Señor de las Ligas, estuvo vinculada la sombra siniestra del innombrable, mejor conocido como Carlos Salinas de Gortari, considerado como el padrino de la política mexicana.
La lista de presuntos funcionarios corruptos de origen mexicano, tiene un larguísimo etcétera…, que ha venido documentando el Barómetro Global de  Corrupción de Transparencia Internacional.

Sus personajes se han ido alineando cuan caterva institucional, lo que lamentablemente en México no se castiga con cárcel, sino se premia con la asignación paradójica de mejores cargos públicos.

Cambios en el TSJDF

Destacan labor de ex consejera de la Judicatura, al concluir su cargo

 ·       El presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, magistrado Edgar Elías Azar, reconoció el trabajo de Sandra Luz Díaz Ortiz
·     Su gestión, dijo, sirvió para dar impulso a la construcción de la infraestructura que da forma a la Ciudad Judicial

     En sesión pública del pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, su presidente, magistrado Edgar Elías Azar, recon
oció la labor de la consejera Sandra Luz Díaz Ortiz, con motivo de la finalización de su encargo, al subrayar que su gestión sirvió para dar impulso a la construcción de la infraestructura que da forma a la Ciudad Judicial.
A nombre del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dijo que magistrados y jueces, en un juicio justo y correcto, reconocen el valor del trabajo y servicio prestado durante el periodo de gestión de la ex consejera, entre 2011 y 2016.
El magistrado deseó éxito a Díaz Ortiz en su regreso a la Carrera Judicial dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el que se desempeñó, hasta antes de ser elegida como consejera, como jueza en materia civil.
En su oportunidad, Díaz Ortiz recordó que asumió el cargo de consejera el 19 de octubre de 2011, y que su caso fue el primer nombramiento por elección, en un acto democrático ejemplar.
Agradeció a sus compañeros consejeros, y dijo haber cumplido las metas que se trazó al inicio de su gestión.
Durante la sesión, rindió un informe en el que detalló la labor que desempeñó en las comisiones de Administración y Presupuesto, Auxiliares en la Administración de Justicia, Medios Alternos, Vigilancia de Protección Civil, Equidad de Género, Accesibilidad Universal de Personas con Discapacidad, Seguridad de los Cendi y de Seguimiento de Licencias Médicas.

En el acto, estuvo presente la consejera de la Judicatura que sustituye a Díaz Ortiz, Blanca Estela Zamudio Valdés, quien resultó electa para el cargo el pasado 11 de octubre, en sesión pública del pleno de magistrados.

Sin mejoras y ya solicitaron...

Más recursos al Metro

 ·         El Sistema de Transporte Colectivo requiere 16 mil 784 MDP para 2017

BLAS A. BUENDÍA

Para solventar las erogaciones derivadas de la operación cotidiana del Metro, el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, solicitó a la Cámara de Diputados la asignación de recursos por 16 mil 784 millones de pesos como fondo de apoyo al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).
En el punto de acuerdo, el diputado Suárez del Real y Aguilera exhorta a la Cámara de Diputados, a establecer las medidas necesarias para que en cada uno de los futuros ejercicios fiscales se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación su aportación al STC para el financiamiento de su operación y mantenimiento. 
Precisó que la Cámara de Diputados tiene facultades para incluir en la Ley de Egresos del 2017, un aumento presupuestal al Metro, toda vez que se requiere de mantenimiento tanto en las instalaciones fijas, como en los trenes, con el fin de mantener en buenas condiciones las instalaciones y equipo y poder mejorar la atención al público usuario con un servicio de calidad.
Señaló que durante los últimos 11 años el STC ha tenido pérdidas acumuladas por concepto de depreciación (desgaste de los trenes, instalaciones y equipos) por 61.1 mmdp, cantidad que corresponde al deterioro no repuesto por el desgaste y obsolescencia de las instalaciones fijas y material rodante, principalmente.
Resaltó que  se deben considerar  los futuros proyectos y ampliaciones de la Red del Metro de la Ciudad de México, ya que se prevé el incremento de su parque vehicular e infraestructura con el consecuente crecimiento de las actividades de mantenimiento. Ello para estar en posibilidades de preservar y aumentar los niveles de operación y calidad del servicio.
El legislador informó que para revertir la situación de grave deterioro de las instalaciones fijas, recuperar los trenes fuera de servicio y proporcionar el mantenimiento a los trenes en funcionamiento de acuerdo con los protocolos establecidos, y reforzar y mantener la infraestructura civil, es necesario asignar al STC importes mayores a los autorizados en el Techo de Presupuesto 2016
“Sólo la inyección constante en un periodo de 10 años de importes mayores a 20 mil millones de pesos en el presupuesto anual, detendrá y evitará la pérdida permanente de tales activos, y en consecuencia, de la propia Institución”, dijo.

Robo a Despoblado y con autorización

Watergate Issste

·         “Desaparecen” 20 años de aportaciones de trabajadores

La Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM (OJUPEUNAM, A. C.), denunció el despojo de las aportaciones al Fondo de Vivienda administradas por el ISSSTE durante el periodo que comprende los años de 1972 a 1992, y que a partir de 1993 pasaron a ser administradas por FOVISSSTE, un robo cobijado por las autoridades a plena luz, situación reconocida por la Junta Directiva de este Instituto el 3 de agosto de 2011 y publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Como ejemplo dieron el caso de Marco Antonio Torres, responsable de comunicación de la Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM –OJUPEUNAM, AC-, quien laboró en la Secretaría de Educación Pública y en la UNAM, durante 30 años en cada dependencia, expresó el dirigente de la organización Horacio Zacarías Andrade.
Cuando Marco Antonio se jubiló recibió 7 mil pesos por concepto del fondo para la vivienda y 5 mil pesos por concepto de ahorro para el retiro; la aportación del fondo para la vivienda es del 5% del salario base de cotización y la aportación del ahorro para el retiro es del 2% del dicho salario.
“Si hacemos un cálculo sencillo tendríamos que el compañero ganó en toda su vida laboral, o sea, el equivalente a dos salarios durante 30 años, la fantástica cantidad de $140,000.00 (ciento cuarenta mil pesos cero centavos). Entonces, si ganó sólo 140 mil pesos, cómo fue que logró comprar una vivienda, manutención de tres hijos, alimentos, transportación, etc.”, subrayaron.
En conferencia, destacaron que a Torres no le entregaron lo ahorrado en 20 años de 1972 a 1992 y que en esa misma situación alarmante se encuentran todos los casos de los más de 1,400 jubilados y pensionados que tienen sus demandas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Resaltaron que estos casos no son los únicos, porque más de 1.2 millones de trabajadores jubilados y pensionados del ISSSTE se encuentran en la misma situación, no obstante tampoco son la totalidad pues se tendría que sumar a los trabajadores jubilados y pensionados de los sistemas IMSS, PEMEX y CFE, así como a los de los estados y municipios, añadió el abogado Héctor Larrínaga.
Denunciaron además que las demandas por el pago correcto de los conceptos del fondo de vivienda 1972-1992 y años posteriores, así como el de ahorro para el retiro de 1993 (a la fecha de jubilación), en las cuales están agrupados pensionados de la UNAM, IPN, SEP, METRO, Colegio de Bachilleres y otras, cumplieron ya cinco años en agosto de 2016.
En dichas demandas han sido manipuladas las leyes y con diversas triquiñuelas de los litigantes del ISSSTE, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje “dejan pasar el tiempo para quienes necesitamos recuperar los fondos acumulados a través de los años que prestamos nuestros servicios, ante todo, que somos trabajadores del Estado, el que debería ser el principal encargado de tutelar nuestros derechos. Los abogados del ISSSTE dijeron ‘que si las demandas estaban perdidas había que alargarlas todo el sexenio’ y eso están realizando”, alertaron.
En este sentido, dudaron que el rezago procesal y las malas prácticas que hoy existen en las demandas presentadas, se vayan a resolver con la Nueva Reforma de Justicia Laboral propuesta por el Ejecutivo Federal, en la cual desaparecerán las Juntas Locales y Federal de Conciliación y Arbitraje para trasladar los juicios laborales al Poder Judicial, tanto federal como locales, ya que es uno de los momentos de mayor corrupción en el país.
Zacarías Andrade destacó que para ellos los nuevos tribunales “son un volado; se supone que las Juntas van a terminar lo que aún tienen no van a llegar con el rezago y volverán a iniciar”.
Asimismo, advirtieron que con dicha Reforma de Justicia Laboral, los trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en su gran mayoría serán condenados a vivir sin trabajo y sin seguridad social, y esto es a nivel nacional ya que los trabajadores de todas las juntas del país serán arrojados al desempleo y al desamparo, una treta más del Gobierno federal que trata a toda costa de correrlos para impedir que lleguen a jubilarse, porque el gobierno mexicano tiene un pasivo laboral de 10 billones de pesos y sólo cuenta con un fondo de 2.67 billones de pesos. Es decir, existe un déficit de 7.33 billones de pesos que nadie sabe a ciencia cierta dónde están.
Horacio Zacarías, dirigente de OJUPEUNAM, advirtió que al dar a conocer esta información “no estamos dando paso sin haberlo consolidado; los reclamos los hacemos sustentados en las distintas normas que el ISSSTE ha tenidos en los diferentes años.

Luego reformularon la primera ley de 1972 en 1982 donde decía que a los 10 años al trabajador que no hubiera solicitado crédito de vivienda, se le regresaría su dinero; ahí dijeron que le darían un tanto más, es decir, un 100 por ciento a su jubilación de lo que hubieran ahorrado; luego en 1993 hubo otra reforma donde dijeron que no se pagaría el doble, que conservarían su valor real y así se fue escamoteando el ahorro a los trabajadores”.

CFE abusiva en sus cobros!

Abusos sistemáticos de la CFE

·         Solicitan mesa de trabajo entre CFE y ALDF por cobros excesivos de luz

BLAS A. BUENDÍA

Entre 2011 y 2012, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), recibió alrededor de 24 mil quejas por altos cobros en recibos de luz, mismas que se han ido incrementando, y a pesar de que corresponden al ámbito federal, la mayoría pertenecen a la Ciudad de México.
En este sentido, el legislador local perredista, Luis Alberto Chávez García, subió un Punto de Acuerdo para exhortar a la CFE a crear una mesa permanente de vinculación con la Asamblea, particularmente con la Comisión Especial sobre los Servicios de Suministros y Cobros de Energía Eléctrica en el DF, a fin de dar atención a las quejas ciudadanas relativas a los cobros excesivos de energía eléctrica en la capital.
Indicó que la CFE inició en el mes de septiembre una verificación de medidores de luz en la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y Estado de México, esto como resultado de la firma de convenio entre el Fide, la Profeco y la Comisión Federal de Electricidad para garantizar un pago justo al consumidor.
En este convenio se estableció que dichos verificadores deberán estar acompañados por representantes de Profeco, quienes atestiguarán que tal verificación  sea correcta, y en caso de alguna controversia, el Fide hará un dictamen final.
“Lo que queremos es dar seguimiento a las acciones que se realicen entorno a este acuerdo, con la finalidad de dar certeza a los usuarios que realmente se está velando por sus derechos”, finalizó el legislador. 

Artículo

¡…GUERRA DE PAPEL…!

¡Salarios de hambre!

·         Es una burla del sistema gubernamental que castigue a millones de desprotegidos  
·       México vive desde hace quinquenios, recesión económica
·       Nadie puede ser sensato con el estómago vacío: George Eliot

BLAS A. BUENDÍA

Con sueldos de dos mil 191 pesos mensuales, millones de trabajadores no llegan a la quincena porque no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas como salud, comida, educación, recreación, entre otras, porque los precios de la canasta básica aumentaron hasta 7.3 por ciento.
Es urgente que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México cumpla con su promesa de aumentar los salarios, al menos, de 73.04 a 86.33 pesos, para alcanzar un ingreso de dos mil 589.90 pesos, que en realidad, debería elevarse hasta 172. 66 pesos,  justamente en este periodo que la inflación llegó al 3 por ciento, que por la fluctuación del dólar, incremento a las gasolinas y tarifas de luz, podría ser superior a esta cifra.
Pero ¡aguas!, no se ha ejecutado este tipo de promociones porque se teme que en cascada miles o tal vez millones más, se vengan disparados de provincia para abarrotar a la de por sí castigadísima Ciudad de México, donde impera la inseguridad, los cuadros de limosneros van en aumento, los vagones del Metro se han convertido en un auténtico mercado sobre ruedas. En fin…
Los aumentos a los básicos, afectaron profundamente la economía de las familias, por tanto, las reformas gubernamentales nunca debieron aprobarse porque ahora se ven los daños que provocan a millones de mexicanos.
Todos los sectores de la sociedad piden a gritos que el Jefe de Gobierno rectifique su declaración en torno a que el aumento al salario mínimo pueda hacerse de manera progresiva, pero tiene que estar vinculado con una mayor productividad, como lo mencionó en el reciente pasado al comprometerse a mejorar el ingreso de los asalariados.
Esa condicionante podría ser un factor para que los empresarios no otorguen un aumento salarial porque, efectivamente, no habrá el rendimiento, ni las ganancias esperadas, no sería falta de responsabilidad de éstos, sino por cuestiones externas, por el mal manejo de las finanzas y economía nacional.
Aunado a esa alarmante realidad, los empresarios también viven una crisis de carecer de empleados explotados porque éstos prefieren la vagancia o convertirse en potenciales vendedores ambulantes, y no ser víctimas del pomposo programa neoliberal del OutSorcing.
Y dentro de todo ese caos económico y financiero, la posibilidad de que sea difícil medir la productividad de una empresa, toda vez que la mayor parte de sus ingresos se invierte en insumos energéticos; y aunque eleven los precios de sus productos para recuperar su inversión, las ventas bajan porque no hay circulante que active la economía.
Los aumentos deben ser otorgados de manera automática porque no es responsabilidad de los trabajadores que la productividad y la rentabilidad de una empresa sea positiva o no, cuando se trata de incorrectas gestiones gubernamentales en materia económica. El OutSorcing forma parte de esa complicidad de culpas. Nadie quiere trabajar por un mísero salario mínimo.
Las utilidades, en este caso inflacionario, responden más a condiciones fuera del alcance de los asalariados pese a que realizan su mejor esfuerzo y cumplen con sus jornadas y responsabilidades. Pero renace el fantasma explotador del OutSorcing.
Por otro lado, la sociedad da cuenta y lanza un “¡yo acuso!”, referente a la necesaria reducción de sueldos de los funcionarios públicos de alto nivel, diputados federales y locales, senadores, magistrados de los Tribunales, embajadores, cónsules y demás trabajadores de cuello blanco, así como la reducción de gastos excesivos de imagen personal.
Ya entrado en gastos… -como diría la vox populi-, deben ser castigados severamente a todos aquellos funcionarios de alto rango  que roben recursos de las arcas públicas como los casos vergonzosos del gobernador con licencia y fuero Javier Duarte de Ochoa y de los ex gobernadores, Guillermo Padrés y Humberto Moreira Valdez, ahora perseguidos por la justicia y que supuestamente son ilocalizables porque están protegidos con el paraguas de la impunidad.
En el Poder Legislativo ya se escucha que en breve será presentada una iniciativa de Ley para que los funcionarios y gobernantes ladrones paguen por daños a la nación, les sean decomisadas todas sus propiedades adquiridas de manera ilícita y se destinen para utilidad pública, además de pagar con cárcel por los delitos cometidos. De lograrse ese sueño tan esperado por “Juan pueblo”, el Partido Revolucionario Institucional podría, en cierto momento, mantenerse en la Presidencia de la República. Caso contrario, tendrá que despedirse otros seis años más de Los Pinos y de Palacio Nacional, es decir, en el periodo sexenal 2018-2024.
En cuanto a  los recortes presupuestales, no es la mejor forma de generar ahorro gubernamental porque lo único que genera es más inflación que podría agravarse hasta crear una recesión económica por la falta de circulante que en realidad, los millones de mexicanos no entienden cómo sobreviven con salarios de hambre.
Aunado a lo anterior, se asoma otro monstruo que es el incremento fluctuante de la divisa verde, es decir, existe el riesgo de que tanto el desempleo como los precios de la canasta básica aumenten aún más el próximo año, sobre todo porque muchos insumos y productos provienen del extranjero. Presumen  economistas que el dólar llegará a costar hasta 30 pesos al final del sexenio fallido de Enrique Peña Nieto.
El gobierno federal y los locales de todo el Pacto Federal, saben sobre los requerimientos como es el desarrollo de más empleos y mejor pagados; un sistema alimentario nutritivo y accesible; un sistema educativo incluyente, gratuito, laico; acceso a la salud preventiva, de segundo nivel, correctiva y cuando la urgencia lo amerita, un trato más digno cuando el esfuerzo médico y humano ya no alcanza para mantener la vida.
Es increíble que con salarios de hambre, no se haya desatado una revuelta social, o que se cristalice aquel presagio del desaparecido vetusto líder vitalicio cetemista Fidel Velázquez Sánchez, ¡cuidado!, “un pueblo con el estómago vacío, puede crear consecuencias graves”.
“Nadie puede ser sensato con el estómago vacío”, advertía George Eliot, seudónimo que empleó la escritora británica Mary Anne Evans (Nuneaton, Warwickshire, 22 de noviembre de 1819-Chelsea, Londres, 22 de diciembre de 1880).

Poder Judicial

El TSJCDMX vivirá una situación aún más agobiante en 2017: Édgar Elías Azar

·   Los recortes presupuestales que ha anunciado el gobierno federal y que serán discutidos por el Congreso, la Casa de Justicia de la capital de la República, tendrá grandes retos en 2017
·   Alerta que también se podría agravar el déficit que viene arrastrando desde hace muchos años, pero aclara que las reformas al Sistema Penal no pondrá en riesgo la planta trabajadora del Tribunal
·  El político y jurista guerrerense acudió a mesa de trabajo con diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa para detallar el presupuesto que se requerirá en 2017
·  Solicitó, como mínimo irreductible, un monto de 7 mil 694.1 millones de pesos, y alertó que sólo estaría recibiendo 4 mil 953. 9 millones de pesos, según la estimación recurrente de la Secretaría de Finanzas, que sólo actualiza con base en el índice inflacionario

BLAS A. BUENDÍA y ALFONSO MORA (Reportero gráfico)

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), magistrado Edgar Elías Azar, solicitó a diputados de la Asamblea Legislativa le sea autorizado al órgano judicial un presupuesto para 2017 de 7 mil 694.1 millones de pesos, como mínimo irreductible, y alertó que, con base en la estimación recurrente de la Secretaría de Finanzas, sólo estaría recibiendo 4 mil 953. 9 millones de pesos, lo que habrá de agravar el déficit que arrastra desde hace varios años.
Ante legisladores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, demandó  concientizarse y corresponsabilizarse para evitar que el tema de déficit con el que se ha operado se convierta en un problema serio en el manejo institucional, y recalcó que el presupuesto del Tribunal sólo ha sido objeto de actualización basada en el índice inflacionario, lo que resulta insuficiente.
En el salón Luis Donaldo Colosio del histórico recinto de Donceles y Allende, se refirió a la implementación del Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio (NSPPA), y dijo estar convencido de que el gobierno federal no se equivocó en impulsar su aplicación, frente a la situación de que la sociedad ya estaba cansada de la justicia penal tradicional. Creo en esa reforma, puntualizó, pero es de un altísimo costo y los recursos necesarios no fueron previstos.
Abundó que el TSJCDMX se enfrenta a otras reformas sin recursos previstos, tales como la de justicia para adolescentes, que ha requerido no sólo de jueces, sino de profesionales en áreas como medicina, psicología y trabajo social, y advirtió que desde ahora se debe poner atención al hecho de que se está impulsando desde el ámbito federal que la justicia laboral pase a los poderes judiciales locales.
El también presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), informó que en 2012 se solicitó un monto de 6 mil 415 millones de pesos, pero se le autorizó sólo 3 mil 753 millones de pesos, y que el ejercicio fue de 3 mil 896.
 Detalló lo ocurrido en el mismo sentido en los años 2013, 2014, 2015, y puntualizó que en 2016 se solicitó un monto de 12 mil 552 millones de pesos, sólo se aprobaron 4 mil 763 millones de pesos, y se calcula que el monto ejercido será de 6 mil 033.3 millones de pesos.
Frente a este panorama, afirmó que se requiere de recursos crecientes para que el Tribunal cumpla con eficiencia sus funciones, y señaló que la situación es aún más agobiante frente al recorte de presupuesto previsto para la Ciudad de México desde el ámbito federal. Pidió, asimismo, que no se priorice lo inmediato frente a lo trascendental, como lo son los temas de justicia.
El magistrado destacó que hoy prácticamente la Ciudad de México tiene dos tribunales: uno de justicia oral y otro de justicia tradicional; esta última que se irá extinguiendo y achicando, dijo, frente al avance de la oralidad. Por lo pronto, abundó ya se han cerrado por lo menos 20 juzgados penales de proceso escrito, sin afectar los derechos laborales de los empleados.
En el tema de la justicia oral en materia familiar, subrayó que ésta no ha podido avanzar, pese a que ya existen las reformas legales necesarias, por falta de presupuesto. El Estado, reconoció, no ha sido capaz de responder a tiempo a un menor que demanda pensión alimenticia, por ejemplo.
Para avanzar en los temas de oralidad, Elías Azar dijo que se requerirá, en la rama familiar, 123 juzgados, 123 salas de audiencia y 12 unidades de gestión. En el tema civil-mercantil, 40 juzgados y 40 salas de audiencia. En penal adultos, 70 jueces adicionales y seis unidades de gestión judicial. En penal adolescentes, 21 salas de audiencia, 22 jueces adicionales y 1 unidad de gestión judicial, así como una reserva para la extinción de juzgados penales. Todo esto suma, en conjunto, de 2 millones 185.7 millones de pesos.

MORENA apoya al TSJCDMX; requiere de más presupuesto
  
El Grupo Parlamentario de MORENA en la Asamblea Legislativa hizo un exhorto a las demás fuerzas políticas para apoyar la asignación de un presupuesto suficiente para la labor que realiza el Tribunal Superior de Justicia, pues sus actividades representan 30 por ciento del trabajo total del Poder Judicial.
Durante la Mesa de Trabajo con el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar, la diputada Beatriz Rojas Martínez criticó la necedad del Jefe de Gobierno de destinar un presupuesto limitado a este órgano, cuando desde 2014 se ha observado que los recursos asignados al Tribunal son insuficientes para el desempeño de sus funciones.  En MORENA dijo, compartimos la preocupación de que el Proyecto de Presupuesto 2017 que envió Miguel Ángel Mancera está subestimado.
La legisladora calificó de ilógico que el mandatario capitalino otorgue en un primer momento un presupuesto limitado a la dependencia, para después terminar asignando más, al hacer uso del superávit que se obtuvo en 2015 por 12 mil 820 millones de pesos.
Lo ideal, dijo Rojas Martínez, sería otorgar la cantidad suficiente para que cada dependencia realice su trabajo y al final no se solicite al Secretario de Finanzas la asignación de más recursos. Tan sólo en este año, precisó la asambleísta, el tribunal ejerció mil 60 millones de pesos más de lo que le fue asignado, pues de 4 mil 763 millones de pesos hasta la fecha tiene un gasto por 5 mil 822 millones.
El desarrollo del sistema de impartición y administración de justicia debe ser prioridad para el gobierno capitalino, señaló la diputada, por lo que es necesario capacitar a los jueces que aún no están preparados para impartir el sistema oral, aunque en este sentido, el político y jurista guerrerense indicó que usualmente todos los impartidores de justicia se actualizan conforme a las reformas del sistema penal mexicano.
Asimismo solicitó acciones para fortalecer la implementación de mecanismos en materia de igualdad de género, como por ejemplo la capacitación de los servidores públicos en este tema, para evitar la violación de los derechos humanos de mujeres y niñas.
La legisladora también mostró su preocupación por que el nuevo Sistema de Justicia Penal juzgue a las personas indígenas en su lengua nativa, por lo que preguntó acerca de los avances para que se respeten los derechos de los pueblos originarios en esta materia.
Al finalizar, Beatriz Rojas Martínez exhortó al magistrado presidente del Tribunal de Justicia local a combatir la corrupción que impera en la capital, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el INEGI en 2015, la Ciudad de México se encuentra con la tasa más alta de víctimas de actos de corrupción. En este tenor, cuestionó acerca de cuántos jueces han sido acusados de corrupción en su actual administración y las acciones que ha desarrollado para combatirla.

Édgar Elías Azar

Con base a la importancia del acto político-jurídico, esta fue la postura del doctor Édgar Elías Azar ante los diputados locales de la Asamblea Legislaiva.
Asamblea Legislativa
Con su venia, diputado presidente (Mauricio Toledo), y como siempre también es un gusto estar aquí en la Asamblea Legislativa, y como siempre también pido permiso para llamar a los diputados compañeros. Me da muchísimo gusto estar aquí platicando de los temas de presupuesto.
No tengo dura que el discurso que traemos todos los titulares de órganos y de poderes es exactamente lo mismo, es decir, requerimos de más recursos para hacer frente con mayor eficiencia a todas las necesidades de las responsabilidades que nos agobian. Y lo mismo dirá el presidente del Tribunal Electoral, que el del Contencioso, que la señora presidenta de las juntas de Conciliación y el presidente del Tribunal  Superior de Justicia.
Sé que todo es agobiante. Sé también que el presupuesto del gobierno de la ciudad, hoy recortado dramáticamente por el gobierno federal, pues también representa un problema de reparto, de reparto equitativo y justo, y pues lo único que voy a decirle a los asambleístas es que se concienticen y que se corresponsabilicen con las reformas constitucionales que hoy estamos  enfrentando. Es decir, siempre lo urgente desplaza lo importante.
Siempre lo que urge, lo inmediato, desplaza lo que es realmente trascendental. Pero ahora sí hay cosas que pues ya no se pueden posponer, que ya no se puede seguir trabajando así, que ya no podemos, ningún órgano, estar trabajando marginalmente y fuera de presupuesto.
Eso, pues hay responsabilidad, y el problema se puede convertir en un problema muy serio, un problema muy serio de falta de manejo institucional. Yo sigo la misma técnica que he seguido en reuniones anteriores, que he tenido el gusto de estar aquí en la Asamblea, explicando qué cosa es el Tribunal, qué representa el Tribunal y de qué tamaño es nuestro Tribunal.
Pediría la primera lámina.
Vean ustedes el comparativo entre el presupuesto del Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial de la Ciudad de México. Para darles una idea de lo que es el Tribunal nuestro, el Tribunal de la ciudad, les tengo que explicar que nosotros dictamos un poco más de 22 mil acuerdos por día que subimos a la red; que dictamos entre 700 y a veces hasta mil sentencias al día; que tenemos casi 10 mil empleados que celebramos centenares y miles de audiencias por día, y que caminan por las instalaciones del Tribunal de la Ciudad de México un poco más de 60 mil personas diariamente, lo que significa, compañeros, es el volumen de problemas que estamos manejando dentro del Tribunal Superior de Justicia.
En el año 2014, nosotros representamos el 8.2 por ciento del trabajo de la Suprema Corte de Justicia y así hemos venido con una constante que va entre el 8, el 7.5, 6.8, ha bajado un poco en el último año, y lo que se espera es que, digo, en proporción a lo que tenemos en el Poder Judicial Federal podrán ustedes ver  que prácticamente andamos con una media del 7 por ciento.
Si nos vamos a la siguiente página, a la siguiente gráfica, encontramos nosotros que nuestro Tribunal opera con 4 mil 954 millones de pesos y que el  Poder Judicial federal pues camina con un presupuesto mucho más alto.
Mientras que nosotros caminamos con un 7 por ciento promedio de presupuesto, nosotros tenemos prácticamente el 30 por ciento del trabajo que tiene todo el Poder Judicial, aquí pueden ustedes observar la desproporción horrorosa que existe entre los costos de cada expediente; es decir, al Poder Judicial federal, pues tiene un presupuesto que es 3, que es 9  veces mayor; si nosotros somos 7 por ciento de su presupuesto, pero manejamos prácticamente una cuarta parte del trabajo que ellos tienen.
Viene la historia que hemos tenido aquí en el Tribunal  y en esta siguiente lámina van ustedes a apreciar el tema con más exactitud. Hemos venido planeando acciones estratégicas que tienen un costo. Segundo, lo que autoriza la Asamblea, y tercero, lo que realmente ejercemos.
Y entonces así tenemos, en el año 2012, tenemos acciones por 6 mil 415 millones de pesos que ocupaban todas las materias de justicia: oralidad penal, oralidad civil,  oralidad mercantil, oralidad en adolescentes, ejecución y sanciones penales.
El presupuesto autorizado por la Asamblea fue 3 mil 753 millones de pesos y lo que gastamos fueron 3 mil 896 millones de pesos. Al siguiente año, lo debido, lo que se debió haber presupuestado, lo que realmente era irreductible, pero  no sucedió así.
Al siguiente año, nosotros pedimos 7 mil 200 millones de pesos, se nos autorizó 3 mil 900 millones de pesos y gastamos 4 mil 200 millones de pesos con las ampliaciones líquidas que la Secretaría de Finanzas nos venía dando.
El siguiente año sucede lo mismo. Ocho mil pedimos, 8 mil 800 (millones de pesos) nos dan 4 mil y gastamos casi 5 mil millones de pesos, y es cuando realmente el Tribunal empieza a actuar con un déficit muy preocupante.
El siguiente año, lo mismo. Pedimos 11 mil 600 (millones de pesos),  nos dan 4 mil 200 (millones de pesos), es decir, observen ustedes que es prácticamente una tercera parte del presupuesto solicitado por el Tribunal, y gastamos 5 mil 500, es  decir,  la diferencia de mil millones de pesos sube el déficit a mil 300 millones de pesos.
Viene el siguiente año, el 2016, estamos en 4 mil 700 millones de pesos que nos autorizan, y vamos a gasta 6 mil millones de pesos, es decir, estamos hablando de mil 300 millones de pesos de diferencia.
¿Por qué es esto? Pues esto es porque la Asamblea Legislativa ha venido simplemente inflacionando el presupuesto del Tribunal.
Y entonces tenemos el tema. Tenemos un gasto irreductible, por decir algo, lo digo coloquialmente, de cien pesos, la  Asamblea Legislativa lo único que hace es aplicar la inflación. Inflacionan ese presupuesto, y nosotros traemos estos 10 pesos inflacionados al siguiente año.
Pero no están tomando en cuenta  las nuevas acciones constitucionales, es decir, no se está tomando en cuenta todo el tema de la implementación de la reforma penal, que es carísimo operarla. Y es carísimo operarla por una razón, tenemos nosotros, los jueces tradicionales, que llegan a atender hasta 5 audiencias en un día.
Esas 5 audiencias en un día se van a convertir  hoy en 5 jueces que tienen que estar frente a un procesado, frente a un imputado, junto a una persona vinculada a proceso y tenemos que replicar esa mañana en la que un juez tradicional atiende a 5 procesados, ahora vamos a atender a 5 imputados a proceso, para usar la terminología exacta, pero vamos a  necesitar 5 juzgados, 5 jueces, es decir, la implementación de la reforma penal de todo este rema de oralidad penal, en la que yo creo, en la que creo que el gobierno no se equivocó, en la que creo que era útil y urgente, porque ya todo el mundo está cansado de la justicia tradicional, oculta, oscura, con jueces que, hoy podemos decir, no tenían rostro, y que se ocultaban en los privados para resolver asuntos. En donde el sentenciado sufría penalidades muy altas  sin siquiera haber visto, oído, hablado, platicado con el juez que lo juzgó.
O sea,  sí creo en la reforma oral, pero ¿qué sucede? Que la reforma oral es de un altísimo costo y no fue previsto el costo de esta reforma.
Y los recursos llegaron, sí, del gobierno federal, hay que reconocer que sí  llegaron recursos importantes del gobierno federal, pero a ninguna entidad federativa se le entregó lo suficiente, y todas las entidades federativas tuvieron que enfrentar el problema de la reforma con la erogación de cuantiosas cantidades en el tema  de los recursos presupuestales.
Pero no solamente enfrentamos esa, sino enfrentamos otras reformas, por ejemplo el tema de adolescentes, que no lo teníamos antes. El tema de adolescentes implica instalaciones especiales, implica que cada juez tenga a 10 especialistas dándole apoyo en todas las materias, desde un médico, un psicólogo, una trabajadora social. Y así encontramos, pues digo partes de la administración de justicia en la Ciudad de México que está incompleta o que está coja. Que no está completa precisamente por problemas de recursos.
Pero también enfrentamos narcomenudeo, y el narcomenudeo es una justicia importante. Es una justicia en la que se deben enfrentar, pero no con jueces que estén sancionando a los adictos; sino al adicto que hay que tratarlo como enfermo, pues lo tenemos que enfrentar en juzgados especializados contra las adicciones, juzgados que funcionan en toda parte del mundo con un enorme éxito y que ya los debiéramos tener aquí en la Ciudad de México, y que se resume solamente a decir que el procesado tiene que ser tratado como adicto y no como delincuente.
Porque si tú a ese adicto lo tratas como delincuente, lo  único que  va a suceder, y perdón que yo lo gradúe, va a hacerlo más delincuente; es decir, se va a agravar el problema de ese adicto. Entonces, estos juzgados contra las adicciones en los que no hemos tenido capacidad para poderlos montar, y que ya tengo la promesa del jefe de gobierno de que van a ser instalados ya pronto, ¿verdad?, pues tenemos que enfrentarlos también.
O sea, todas estas modernidades, pues no han sido enfrentadas, con digamos, ¿cómo lo diré de no usar la palabra “responsabilidad fiscal” adecuada? Quiero evitar esa palabra que es descortés, pero sí lo que tenemos que decir, y decirlo en un ejercicio autocrítico honesto, es que la justicia, en la vertiente que quieran, tienen que ponerle mayor atención, en la mía, en la administrativa, en todo el tema de la justicia, en la laboral que se nos viene ya encima, en la mercantil, que ya está aprobada por la Cámara de Diputados, una reforma importantísima que va impactar enormemente a los tribunales locales y está en trámite esa reforma que pronto habremos de enfrentar.
Regresando a la lámina que ven ustedes está ahí. Vean ustedes, por decreto  se nos da un presupuesto de 4 mil 700 millones de pesos. Cerramos con 6 mil 33 millones de pesos, ¿por qué razón?  Pues porque le hicimos frente a la oralidad, porque estamos contratando más de un centenar de jueces, porque el tema de la transición es muy costoso, y es muy costoso porque necesitamos tener un Tribunal como el que tenemos ahora vivo y operando. El tradicional, mientras salen los temas, los temas tradicionales, pero por otro lado tenemos que tener una estructura paralela en donde va a transitar el tema de la oralidad. En este momento el Tribunal Superior de Justicia está replicado, es decir, hoy, tenemos dos tribunales en la Ciudad de México. Tenemos el Tribunal tradicional y tenemos el Tribunal oral.
Obviamente, el tribunal tradicional tendrá que irse achicando poco a poco, ya llevamos cerrados, a reserva de que corrijan el número, cerca de 20 juzgados que ya cerramos. Y que ese trabajo se está repartiendo entre los otros juzgados; el personal, exactamente lo mismo, porque no podemos dejar nosotros sin trabajo a ese personal. Los sindicatos que han sido muy respetuosos con el tribunal, y agradezco la presencia de sus líderes en esta reunión, ¿verdad?, pues digo, lo que hemos hecho es trabajar de la mano, trabajar en tal forma que no se lesione los intereses laborales de los trabajadores; y hemos hecho esfuerzos de poderlos colocar y capacitar en el nuevo sistema, porque todos los empleados requieren de capacitación especial en el tema de juzgados orales. Es decir, todo el tema de capacitación que también ha sido muy costoso.
Y entonces decíamos, vamos a cerrar con 6 mil 33, estimación recurrente por la Secretaría de Finanzas; y la Secretaría de Finanzas insiste nueva cuenta, en simplemente inflacionar el presupuesto que tenía el año pasado, y nos va a asignar 4 mil 953, millones de pesos en el presupuesto.
¿Qué sucede? Pues de entrada, de entrada, o sea, en el momento en que la diputación levante la mano en el momento aprobando el presupuesto, pues, ya traemos más de mil millones de pesos de déficit. Pero de entrada, o sea, el primer minuto que se levante la mano.
¿Ahora, qué es lo que estamos solicitando? Ese segundo presupuesto permanente solicitado, es un presupuesto que es absolutamente irreductible, no estamos aumentando programas, es lo que la ciudad va a gastar sin contar la justicia laboral y sin contar la justicia familiar oral.
Esto es, ¿qué es  lo que requerimos? Estos 7 mil 694 millones de pesos es lo que va a gastar el tribunal, no hay forma de que no lo gaste. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que un poco más del 95 por ciento, pongan el 95 por ciento, son de salarios. Es decir, aquí el costo terrible que tiene la nueva reforma penal son secretarios y, sobre todo, jueces. Jueces, tenemos que tener muchísimos jueces. Pero los jueces requieren de una infraestructura especial; los jueces requieren de juzgados, y… el lenguaje moderno, los jueces requerimos de salas donde poder operar nuestros juicios.
Entonces, si ustedes ven el presupuesto de 4 mil 953 millones de pesos, que es lo que la Secretaría de Finanzas presupuestó en el cuadro superior derecho contra este segundo reglón de 7 mil 694 millones de pesos, tenemos ya de entrada, también en el momento en que se apruebe este presupuesto, traemos un déficit de 2 mil 740 millones de pesos. ¿Qué es manejable? Sí, sí es manejable, pero es manejable si el secretario de Finanzas nos da el dinero para poder operar este déficit.
Y siempre hemos encontrado, siempre hemos encontrado, afortunadamente, la mano generosa del gobierno central, del Ejecutivo. Y la verdad es que el doctor Mancera sí ha apoyado el tema de la reforma, yo lo tengo que reconocer públicamente con muchísima gratitud, porque de no haber contado con esas ampliaciones presupuestales, hoy la Ciudad de México se vería absoluta y totalmente superada, totalmente no superada, rebasada es la palabra de todos los problemas que en justicia oral estamos enfrentando.
Ahora, las acciones transitorias.
¿Qué son las acciones transitorias? Son las nuevas acciones que tenemos que emprender, tenemos que seguir creciendo jueces en oralidad reduciendo los otros juzgados y enfrentando un tema, que diría yo, esta lámina es el más sensible de todos: el tema familiar.
Si ustedes ven el magnífico edificio que tenemos a un lado de la Cancillería, frente a la Plaza Juárez conocido el edificio de prácticamente por mucha gente, están los juzgados familiares. En esto, en este edifico, pues digo, se deciden verdaderos dramas sociales. Es decir, ahí se ven custodias de niños, se ven pensiones alimenticias, se ven… en fin… se ven muchísimas cosas ahí.
Les quiero decir que nosotros recibimos entre 28 y 32 mil personas por día en ese edificio, solamente de ese edificio. ¿Por qué razón? Porque la parte familiar…en el tema de la parte familiar, la parte familiar ocupa un poco más del 40 por ciento de nuestro trabajo. Y el gran gasto del tribunal no es el 40 por ciento en la materia familiar sino es en la materia penal.
Entonces, a partir de esta consideración, pues ustedes tienen que ver la urgencia que implica el hecho de estar, pues digo, destinándole más y más recursos al tema de la oralidad penal; necesitamos destinarle recursos al tema de la oralidad familiar, porque yo estimo que es, inclusive, hasta más sensible dedicarle más recursos al tema de oralidad familiar en donde no hemos podido crecer.
Es decir, hay una ley, hay una norma que ha mandatado la Asamblea Legislativa y que tiene varios años ahí en el tintero, la norma ya es derecho positivo, ya está positivada esa norma, ya nos obliga; pero hemos estado pospone y pospone, y pospone el tema de la entrada en vigor de la reforma, porque no hemos tenido recursos para implementarla.
Y si hoy ponemos en una balanza el poder pensar qué cosa es más urgente, si atender, qué sé yo, el pavimento de alguna delegación, o atender a esa madre que está reclamando pensiones alimenticias y que el Estado no ha sido capaz de responderle correctamente y en tiempo a ese menor.
O cómo le vas a responder a esa persona que está reclamando justicia en materia familiar, en el tema de una sucesión testamentaria, cuando están las chicanas y los recursos y esa justicia tradicional que a veces, de verás, resulta hasta repulsiva, y que no podemos hacer nada, y que no podemos caminar y avanzar en una disposición, que además, ya está vigente en la Ciudad de México, pero cuya aplicación no la podemos aplicar porque no tenemos los recursos para la infraestructura de los juzgados.
Entonces, es desesperante, ya está la ley, pudiera estar caminando con esos enormes beneficios que tiene. Pero resulta que, pues, no es prioritario. O sea, la madre que no puede cobrar su pensión a tiempo; el trámite familiar que no se puede impulsar como quisiéramos todos con rapidez; la sucesión testamentaria que está enredada por años, y años, y años. En fin, todos estos eventos, pues digo, no caminan, y no caminan por falta de dinero. En fin.
Vean ustedes la parte de las instalaciones, en la primera gráfica, en la parte superior izquierda, está el puente que comunica, lo van a ver ustedes en la gráfica; aquí está el edificio emblemático, el tradicional; aquí está el nuevo edificio de salas penales que se construyó con el bono cero que colocó el tribunal en la Bolsa Mexicana de Valores, y que se hizo con los intereses de los depósitos del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, en donde se adelantaron 15 años de intereses. Y este edificio magnífico, con un valor de más de mil millones de pesos, que no  le costó a nadie nada, no le costó al gobierno de la ciudad, no le costó en temas presupuestales, se hicieron con intereses que se iban a generar.
Y como ven ustedes aquí el edificio de Doctor Liceaga también se hizo con recursos, con ampliaciones presupuestales que nos dio el doctor Mancera. El edificio de Sullivan, que también se modificaron todas las salas para el efecto de poder hacer frente a algunas de las reformas en materia oral.
Yo quisiera que pasaran esta… no tiene… mayor… Bien.
En esta lámina,donde les digo que tenemos que gastar 7 mil 850 millones de pesos. ¿En qué los vamos a gastar? La justicia tradicional que tendrá que ir en reducción, 3 mil 599 millones; en oralidad y justicia alternativa, mil 901; esto, este renglón de la justicia alternativa merece un comentario especial; de esta Asamblea, a quien agradecí mucho su solidaridad, salieron reformas importantes en la Ley de Justicia Alternativa, y en la Ley de Justicia Alternativa se le dieron facultades a los mediadores para el efecto de poder celebrar convenios de mediación y que fueran sentencias ejecutoriadas; a partir de ahí se resolvieron muchísimos asuntos que ya no entraron al Tribunal Superior de Justicia, y para darles una idea de la cantidad de asuntos que ya se han mediado, les puedo decir que los últimos tres años llevamos un poco más de 200 mil juicios que ya no entraron al Tribunal Superior, precisamente, por el apoyo legislativo que la Asamblea nos dio de poderle dar mucha más fuerza a los convenios de mediación.
Ahora, ¿quiénes pueden mediar? Estudiamos fórmulas internacionales y vimos, por ejemplo, el fracaso de Brasil en el tema de mediación; o el fracaso también de Italia en el tema de mediación, en el que todos los abogados, cualquiera puede mediar. Nosotros no quisimos hacer eso, porque si nosotros le íbamos a dar fuerza de sentencia ejecutoriada al mediador, pues digo, no le íbamos a dejar la fuerza a cualquier problema que se …a cualquier persona que se pudiera mediar problemas.
O sea, era totalmente imposible, el Estado, el tribunal tenía que tener un control sobre ellos, y así se capacitan mediadores, se les da una patente, oíganlo, tipo notario público, y ese mediador va a poder celebrar convenios que tienen fuerza de sentencia ejecutoriada. Hemos mediado muchísimos, hemos atacado problemas muy graves de vivienda sobre todo, y en materia de vivienda hemos evitado miles de lanzamientos, miles de adjudicaciones,  miles de familias que ya no perdieron su casa, a quienes les fueron reestructurados los créditos con estos convenios, y que hoy tengo el gusto de anunciar que sí es cierto que tenemos lanzamientos en la Ciudad de México, pero que tenemos muchos menos lanzamientos con la estrategia de mediación que el tribunal ha implementado.
Bien. En el tema de apoyo judicial, tema de derechos humanos, los programas trasversales de información pública, de protección civil y de seguridad; y en fin, el la previsión del pasivo laboral que son los juicios, que a todos nos están agobiando, el tribunal va a gastar 7 mil 850 millones de pesos el próximo año se presupuesten o no se presupuesten.
En consecuencia, pues qué mejor que caminar con este dinero presupuestado porque no va a haber forma de reducirlo y, ¿por qué no va a haber forma de reducirlo? Porque prácticamente, pues digo, el 95 por ciento son salarios.
Reforma en justicia oral
¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos oralizar toda la justicia. O sea, ya no perdamos el tiempo con la justicia tradicional, vamos a oralizarla toda, vamos a transformar esos edificios en salas orales, y que verdaderamente sean tribunales orales, para el efecto de que podamos caminar y transitar, les digo, a todo este tema.
En materia familiar, nosotros estamos planeando, poder, con este dinero, transformaríamos toda la materia familiar, la materia civil y mercantil. Miren ustedes, hace cinco años, el Tribunal Superior impulsó una reforma en materia mercantil, y esta reforma en materia mercantil implicaba que los juicios mercantiles se oralizaran, permeó en el Código de Comercio, fue una reforma que se logró en el Congreso de la Unión. A esa reforma le siguió otra y le siguió otra,  y le siguió otra, hasta sumar cuatro reformas al Código de Comercio, y finalmente logramos establecer la reforma oral mercantil en todo el país.
Pero esta reforma mercantil tenía un límite, es decir, solamente se podía tramitar en materia oral hasta 250 mil pesos, por decir algo; en la cuarta reforma que se hizo al Código de Comercio, el Congreso de la Unión a impulso nuestro, la subió a 500 mil pesos, fue tal el éxito de la reforma que hoy el Congreso de la Unión está prácticamente liberando el tema de la reforma mercantil.
Nosotros logramos detener esta intensión del Congreso de la Unión y le pedimos a los diputados y senadores que no la metieran de golpe y la liberaran completamente la cuantía, porque los tribunales no todos iban a poder hacerle frente a este tema, en consecuencia, lo que se convino es subirla a millón y medio de pesos y después del millón y medio de pesos ya liberarla por completo y desparecer la justicia mercantil tradicional mercantil escrita y farragosa, y dejar a jueces mercantiles que estuvieran haciéndoles frente al problema.
En una decisión que mucho agradezco a la Asamblea Legislativa, la Ciudad de México, a través de la petición que nosotros hicimos del Tribunal, equipararon e identificaron los procedimientos, el procedimiento civil, o sea Código Procesal Civil local, lo identificaron, lo espejearon al tema mercantil, es decir, la Ciudad de México, en el ánimo de transparencia y de fácil acceso a la justicia, lo que hizo fue identificar los dos procedimientos, el procedimiento civil es exactamente igual que el mercantil.
¿Cuáles son los beneficios del procedimiento? Los beneficios del procedimiento son, en primer lugar, generar procedimientos biinstanciales y no triinstanciales como tiene la justicia tradicional.
¿Cómo? Desapareciendo el tema de la apelación, desapareciendo el tema de la apelación, la persona que es sentenciada en el Tribunal, se va directamente de ahí al amparo para resolver sus impugnaciones, etcétera, esto ya fue declarado constitucional por la Corte y pues ya pronto tendremos que prácticamente transformar toda la justicia, óigase civil, mercantil, la vamos a tener que transformar, pues los juzgados se va prácticamente a desaparecer la justicia tradicional en materia civil y mercantil.
Pronto estaremos solicitándole a la Asamblea Legislativa, estaremos promoviendo a través de la jefatura de gobierno o a través de los diputados, en fin, no sé a quién le podamos entregar una propuesta de iniciativa nuestra, para el efecto de también poder adecuar la ley procesal civil con las nuevas reformas que se están impulsando en el tema de procesos mercantiles.
¿Qué necesitamos en el tema de la reforma oral?
En el tema de la reforma oral necesitamos: en la familiar necesitamos 123 juzgados, óigase 123 salas de audiencia y 12 unidades de gestión administrativa. ¿Qué son las unidades de gestión administrativa? Las unidades de gestión administrativa son esas unidades que ayudan a desaparecer toda la gama de personal que tiene un juzgados, es decir, una unidad de gestión administrativa está compuesta por 20 o 25 personas, estas 20 o 25 personas lo que hacen es administrar 10 o 12 juzgados, depende de la cantidad de trabajo que tengan; entonces, con 25 personas nosotros podemos evitar todo el personal de los juzgados, cada juzgado tiene entre 30 a 35 personas.
Diez juzgados implicarían 350 personas que se evitan con estas 25 personas de la unidad de gestión. ¿Para qué sirven? Esas unidades de gestión sirven para ver que la sala esté bien, que funcione, que sirvan las computadoras, que sirvan las grabaciones; qué sala le va a corresponder al juez, qué asunto le va a corresponder al juez, etcétera, y son los que reparten todo el trabajo para todo el Tribunal.
Lo mismo, vamos a oralizar la materia civil y mercantil. Ojo con esto, la familiar no tiene problema, y no tiene problema porque ya tenemos la ley, está vigente, pero no la hemos podido echar andar porque precisamente no hemos tenido dinero para echar andar 123 juzgados.
En la civil y mercantil, esa sí trae problema, porque pronto el Congreso de la Unión nos va a ordenar, a toda la justicia local del país, el abrir estos juzgados mercantiles, que en el caso nuestro van a ser exactamente los mismos que civiles.
Penal de adulto: necesitamos 70 jueces adicionales y seis unidades de gestión judicial. Penal de adolescentes: necesitamos crecer en el tema de penal de adolescentes con 21 salas de audiencia; el jefe de gobierno nos está construyendo un bellísimo y muy funcional edificio en Obrero Mundial, que es donde están adosadas el tema de reclusión de los menores; y luego, pues una reserva para exención de los juzgados penales, que se tiene para el efecto de poder seguir pagando a todos los empleados.
Del tema del Consejo de la Judicatura prácticamente resulta intocado su presupuesto, no hemos crecido, no tenemos un proyecto especial en el Consejo de la Judicatura.
El Consejo de la Judicatura lo hemos optimizado muchísimo, es decir, hay una fórmula, en el que las estructuras del Tribunal son utilizadas también para el Consejo de la Judicatura. Hay varias entidades federativas que ya nos copiaron este modelo; es decir, cuando nosotros recibimos en el Tribunal recibimos dos direcciones de adquisiciones, dos direcciones de personal, dos direcciones del tema fiscal y contable. Todo estaba duplicado, duplicado, duplicado. Simplificamos las direcciones, para que la misma dirección del Tribunal le sirva al Consejo de la Judicatura y hemos hecho uno ahorros importantes.
¿No traemos fotos de los nuevos edificios? Vean ustedes, se construyeron cuatro edificios, falta la foto de… no, cinco edificios. Falta la foto de dos. Estos son los edificios que se construyeron en los reclusorios. Estos edificios son unos magníficos edificios, que finalmente hoy por hoy ya le ganamos al Poder Judicial federal, porque antes se decía, ahí está el Poder Judicial rico, con sus edificios muy bonitos, y el Poder Judicial de los pobres, que eran los nuestros.
Entonces en ese coloquio se jugaba la broma esa del poder judicial rico y el poder judicial pobre. Hoy nuestros edificios están a la altura del Poder Judicial de la Federación. Son magníficos edificios donde albergamos a los ministerios públicos y a la defensoría, y tenemos instalaciones magníficas, adecuadas. No se cayó en excesos de construcción ni de salas llenas de madera y lujosas; son salas muy normales que tienen exactamente lo elemental que se necesita, su equipo de videograbación, el juez sentado en un buen escritorio, la defensa, el ministerio público, butacas para el público, etcétera.  
Y yo invitaría a esta diputación, invitaría a todo el público en general a que vayan y se den una vuelta por las salas para que vean trabajar a los jueces en materia familiar, para que se regocijen y de veras poderles presumir lo que estamos haciendo en materia penal; ver a los jueces dictando sentencias, que antes tardaban años, dictarlas en minutos, en minutos, en horas y claro, hay asuntos que se pueden sacar muy rápido.
Ver a la Procuraduría en el tema de los juicios abreviados, cómo los están manejando, cómo estamos, en plural, manejando la Procuraduría y nosotros el tema de mediación para que no lleguen tantas carpetas de investigación en nuestros tribunales.
El tema del instituto de mediación que tenemos, cómo lo hemos impulsado en todo el país; ya hoy sólo cuatro entidades federativas no tienen centro de mediación; todos los demás hemos ayudado a que se formen los centros de mediación y el Tribunal ha tenido mucho interés en ayudarlo, porque recuerden que nuestro Tribunal es un tribunal que tiene presencia nacional en razón de que gran parte de los juicios que tenemos corresponden a las jurisdicciones estatales; que precisamente por el tema de la prórroga de la jurisdicción es por lo que llegan a nuestros tribunales.
En fin, yo los invitaría a que vayan ustedes a ver nuestro Instituto de Ciencias Forense, que hoy es una escuela que está hermanada con la licenciatura en Ciencias Forense con la UNAM, que la impulsamos también desde el Tribunal; cómo llegan los alumnos de la universidad a estudiar en nuestras instalaciones; los programas que hemos hecho conjuntamente.
Siempre hay becarios de médicos sudamericanos y centroamericanos, y salvo Chile y Argentina, que nunca han hecho convenios con nosotros, los demás tenemos becarios de todos los países de Centroamérica y de Sudamérica que permanentemente vienen a abrevar de nuestras experiencias aquí en la Ciudad de México.
Yo quisiera agradecerles a todos el haberme escuchado, unos con atención y otras sin atención, se la han pasado platicando, pero en fin, hablo aquí de… En fin, les agradezco muchísimo a todas, a todos, el hecho de que me hayan escuchado, y yo espero diputados, haberlos convencido, de haber movido la fibra de su corazón, sobre todo en el tema de derecho familiar, de veras es un tema al que hay que abocarse, es un tema urgente al que hay que abocarse.
A esas láminas les falta dos edificios, es el tema de adolescentes que se está construyendo en Obrero Mundial y es el tema de Santa Martha en donde está, digamos, la reclusión de mujeres, etcétera. Esos son los dos edificios que faltan y esto pues todo se ha hecho gracias al apoyo, a las ampliaciones presupuestales  que nos ha hecho el jefe de gobierno.
Yo qué más quisiera que caminara nuestro Tribunal con un presupuesto adecuado y que al menos, por lo menos, el irreductible fuera aprobado, que es con lo que se va a gastar. Muchas gracias diputados, muchas gracias  diputadas, muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.  
En entrevista, el Presidente Magistrado aclaró tajante que aun con las reformas al Sistema Penal Acusatorio y los reacomodos que ha habido en el TSJCDMX, los derechos laborales de sus trabajadores serán plenamente respetados, es decir, puntualizó: “Los trabajadores siguen trabajando bien; estamos reubicando a todos los trabajadores que estaban en los juzgados que estamos cancelando, y no debe haber el menor motivo de preocupación laboral de nada. De nada debe haber el menor motivo; se están reubicando, se están capacitando aquellos trabajadores que la ley nos exige capacitarlos cuando van a un tema de menores o narcomenudeo, etcétera. Pero en general están siendo reubicados todos los trabajadores en la medida en que la necesidad va surgiendo.