EL MINISTRO PRESIDENTE LUIS MARÍA AGUILAR
MORALES
HIZO UN LLAMADO A EVITAR LA
CONFRONTACIÓN Y A TRABAJAR EN UNIDAD
El nuevo sistema penal es responsabilidad no solo
de los jueces, sino de todos los actores que participan en él, que están
obligados a cumplir con la ley y respetar, sin excepción y sin excusas, los
derechos fundamentales de toda persona, si es que realmente éstos se toman en
serio, afirmó el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal
(CJF).
“Los juzgadores estamos obligados a hacer que se
respeten los derechos de las personas. No es opcional. No podemos eludirlo,
está dispuesto en la Norma Suprema. Resulta paradójico que incluso algunos de
aquellos que impulsaron la reforma Const
itucional de 2011, ahora se inquieten
por la exigencia de los jueces de que se cumpla”, manifestó en sesión solemne
de Plenos, en la que rindió su informe de labores correspondiente a 2016 ante
el Poder Judicial de la Federación.
“Queremos un México de paz, que viva en
tranquilidad. Al igual que todos, exigimos el respeto de los derechos sin
distinción, como jueces es nuestra tarea y obligación velar por la existencia
real y efectiva del Estado de derecho. Si los jueces somos criticados por
cumplir con la Constitución, lo tomaremos como un cumplido”, manifestó.
A los jueces, en el nuevo sistema penal, les
corresponde no sólo cumplir con su deber, sino exigir y vigilar que toda
autoridad lo haga, aseguró al rendir su informe ante los Plenos de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y con la
presencia del presidente Enrique Peña Nieto, integrantes de su gabinete, y los
presidentes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados,
quienes asistieron como invitados especiales a la sesión en la sede del Alto
Tribunal.
Los juzgadores federales no son indiferentes a la
problemática del país ni evaden sus responsabilidades, sostuvo el Ministro
Aguilar Morales, pero aclaró que, pese a lo que señalen la opinión pública o
los medios, nadie es culpable sino hasta que así se demuestre siguiendo el
debido proceso legal, y hasta que exista sentencia firme inmodificable de un
juez competente que así lo determine.
Destacó que el PJF participa de manera relevante,
pero responsable en el sistema penal, y como ejemplo dio algunas estadísticas
de las múltiples acciones realizadas en el procedimiento penal, en la tarea de
combatir el delito.
“Nuestros jueces emitieron legal y oportunamente
859 órdenes de cateo el 70 por ciento de las solicitadas; de las peticiones de
arraigo se concedieron 24, esto es el 63 por ciento, de las pedidas. Además,
los juzgadores federales dictaron tres mil 702 órdenes de aprehensión, de las
cuales 456 ya correspondieron al nuevo sistema, así como otras muchas medidas
legales, siempre que han estado plenamente justificadas a criterio de los
jueces y conforme a la ley.
Combate a la
corrupción
El Ministro Presidente reiteró también el compromiso
de su administración con el combate a la corrupción, una práctica incompatible
con la esencia del juez, con su inherente independencia, y calificó de mito y
consigna mal intencionada la percepción de que el CJF no sanciona a los malos
servidores públicos, de la disciplina depende la credibilidad del Poder
Judicial de la Federación y sus resoluciones.
“La legitimidad de los jueces está fincada
esencialmente en su actuación honesta y por tanto acatable. Tolerar a alguno de
estos corruptos es ir en contra de la naturaleza de un juez, es propiciar la
destrucción de todo el sistema judicial federal, es perder la credibilidad de
nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los
derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad. ¿Cómo
podríamos tolerar a un corrupto? Lo digo terminantemente y sin rodeos, ¡de
ninguna manera! no hay forma”.
Consideró que corrupto no es sólo quien acepta
dádivas económicas, que es el más obvio, sino “todo aquel que corrompe el
servicio de justicia, la dignidad del juez, al que agrede a sus compañeros, al
que abusa de sus empleados, al que ofende a la mujeres, al que no tiene una
conducta personal en correspondencia con la dignidad de su cargo y aun al que
no aprecia debidamente y tiene orgullo de su propio papel en la vida
constitucional”.
Explicó que los expedientes relativos a los procedimientos
disciplinarios de oficio e investigaciones, se desarrollan atendiendo al caso
concreto, con pleno respeto a los derechos fundamentales de presunción de
inocencia y del debido proceso, y que, con apego a esos principios, se han
sancionado a 63 funcionarios del PJF mediante procedimientos disciplinarios en
forma de juicio.
Entre ellos están 11 magistrados de Circuito, con
sanciones que van desde amonestación hasta la suspensión del cargo, y la
imposición de diversas medidas disciplinarias a 14 jueces de Distrito, de los
cuales dos fueron destituidos, por considerar que sus conductas son indignas de
un juez e intolerables para continuar en el cargo.
Seguridad de
los juzgadores
Este fue uno de los temas relevantes del informe
del Ministro Aguilar Morales, quien reiteró la condena al asesinato del juez de
Distrito ocurrido en Toluca, Estado de México, pero aclaró que el Poder
Judicial de la Federación cuenta con protocolos y sistemas previstos para
proporcionar, a los juzgadores, protección para ellos y en algunos casos para
sus familias.
“Esto no es novedad: en el Poder Judicial de la
Federación, tiene ya varios años de implementado, no estamos sólo reaccionando
a un evento en particular ni mucho menos hasta ahora”.
Advirtió que ninguna agresión a ningún funcionario
del Poder Judicial de la Federación puede, ni de lejos, ser aceptada ni
tolerada, mucho menos el homicidio, y sobre este último caso insistió en que
las autoridades competentes están realizando la investigación correspondiente.
“Tengo entendido que no han concluido todavía quién
es el autor intelectual de este delito y tampoco del móvil que lo generó. Me
parece agraviante para la víctima, para su familia y para la verdad, que se
especule con ello y se afirme lo que no se ha demostrado”, dijo el Ministro
Presidente.
Pidió, por ello, no generar un ambiente de temor
injustificado para nuestros juzgadores, sus familias y no propiciar un lastre
en su libertad y tranquilidad para juzgar. Detalló que actualmente a 79
juzgadores, jueces de Distrito y magistrados de Circuito se les ha dotado de
seguridad especial. Cuentan con vehículos blindados, escoltas, chalecos
protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano.
“Y, desde luego, si pudieran ser más los que lo
necesiten, así lo haremos, les daremos esa protección, dentro de los protocolos
que existen y siempre que ellos mismos así nos lo digan y comprobemos
razonablemente que realmente lo requieren”, garantizó.
El Ministro Aguilar Morales rechazó que la
violencia en contra de los jueces o el personal del PJF sea algo cotidiano, o
continuo, y aseveró que el homicidio del Juez es un caso excepcional, no por
eso menos indignante y terrible, pero aislado.
Para garantizar la seguridad de los juzgadores,
dijo, se cuenta con el apoyo estratégico y operativo de varias autoridades
federales como la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal, la Secretaría
de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina e incluso de las policías de la
Ciudad de México y de las Entidades de la República, además de personal de
seguridad y sistemas de vigilancia con cámaras de circuito cerrado en todas las
instalaciones.
Resaltó que el CJF, su Presidente, Consejeras y
Consejeros actúan con gran responsabilidad ante las amenazas y toman las
medidas necesarias para garantizar la integridad de todo el personal y también
del público usuario que acude a las instalaciones del PJF.
“No lo podemos dejar al azar, ni podemos ser
indiferentes a ello sin caer en la irresponsabilidad, por el contrario actuamos
con seriedad y respeto por la vida humana”.
El Ministro Aguilar Morales recordó que en los
últimos años el trabajo se ha incrementado de manera notable, hace escasos
siete años, en 2009, la SCJN recibía poco más de cuatro mil 460 asuntos en todo
el año. Ya esa era una buena carga de trabajo, sin embargo, para este año
estadístico se recibieron 16 mil 139, prácticamente cuatro veces más.
“De ahí que debemos buscar respuestas para
solventar esta tendencia objetiva; que quede claro, no con el afán de reducir
simplemente el trabajo de esta Suprema Corte, puesto que la función
jurisdiccional es vocación plena de las Ministras y los Ministros que con plena
convicción, a esta fecha, hemos resuelto más de 12 mil asuntos en este
periodo”, destacó.
Comunicación
social
El Ministro Presidente ratificó el compromiso del
Alto Tribunal de mantener una comunicación con la sociedad, por lo que se
favoreció la difusión de información tanto de la actividad de la SCJN y del CJF
y se adoptaron innovaciones mediante el uso de tecnologías de la información.
“Conscientes de que las actuales herramientas de
comunicación electrónica son las más eficientes, en tarea de la Dirección de
Comunicación Social de este Alto Tribunal nos incorporamos a ellas, mediante la
red social denominada Facebook, en donde en menos de seis meses rebasamos los
120 mil seguidores y con la cual logramos llegar literalmente a millones de
usuarios”, enfatizó.
El Ministro Javier Laynez Potisek, integrante de la
Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió
a trámite el juicio de controversia constitucional que promovió el presidente
municipal de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, en contra de la
substanciación del procedimiento de juicio político que se le inició por parte
de los poderes Legislativo y Judicial de dicha entidad, quienes deberán dar
contestación a la demanda en un plazo de 30 días. 
