martes, 26 de noviembre de 2024

Crónica anunciada de "una muerte lenta en el IMSS”

 

Crónica anunciada de "una muerte lenta en el IMSS”

*** Casos de la vida real: IMSS lanza su nueva novela…
*** Derechohabientes no reciben un trato digno de galenos patanes
*** Muestran gestos faciales desagradables, jetones, que la mayoría de los doctores hacen quizás sin saber que en un delito o conscientes e inconscientes sin imaginar que forman parte de sicológicos desprecios, actos aberrantes sancionados por la misma ley
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
“Crónica anunciada de una muerte lenta” —y no son los tacos de suadero en la vía pública—, el asunto es peor, las diversas violaciones a los derechos humanos que se ven a diario en los tratos a los derechohabientes por parte de doctores verdes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que en muchas ocasiones creen ser los verdaderos dueños de la institución, cuando en la vida real solo son funcionarios que en ciencias de la medicina, se apartan del Juramente Hipocrático.
De nueva cuenta, Juan Carlos Martínez Nava, periodista y promotor especializado en materia cultural, “ya es víctima favorita” de esos matasanos al vivir los sistémicos abusos de autoridad, esto, a través de gestos faciales desagradables, getones, que la mayoría de los doctores hacen quizás sin saber que en un delito o conscientes e inconscientes sin imaginar que forman parte de sicológicos desprecios, por ende, jamás dejarán ser actos aberrantes sancionados por la misma ley.
El también Doctor en Derecho Juan Carlos Martínez Nava, detalló que los funcionarios del Seguro Social, tienen la completa y ética obligación de tratar a los derechohabientes con respeto y dignidad. Los gestos de desprecio o maltrato hacia los que pagan por sus servicios a través de sus cuotas hacendarias, se encuadran en la honestidad, su arduo sudor en la frente, prácticamente pasan a segundo plano.
La Ley del IMSS establece en su artículo tercero, los funcionarios deben de tratar a los derechohabientes con respeto y dignidad. El reglamento interno de la misma ley, establece en el artículo 12 que los funcionarios deben cumplir con las siguientes normas de conducta:
—Proponer información clara y precisa sobre los servicios y beneficios del IMSS.
—Atender las solicitudes y quejas de los derechohabientes de manera oportuna y eficiente.
Es importante, dijo el periodista Juan Carlos Martínez Nava —destacado comunicólogo mexicano reconocido por el Senado de la República y Comunicadores por la Unidad (CxU) 2016—, que esos actos conllevan a una severa amonestación, suspensión temporal de las actividades de malos funcionarios, su destitución si el gravoso caso lo amerita, la inhabilitación para ocupar cargos públicos, al grado de enfrentar toda demanda en materia civil y penal.
Además, señaló que ha visto que muchas ocasiones no se presentan quejas ante la Unidad de Atención a los Derechos del IMSS o la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por miedo pues existe incertidumbre que en cualquier momento puedan vengarse quitándoles sus derechos o cancelar hasta sus pensiones o jubilaciones en un plan propiamente ejecutado por el crimen organizado.
Esta situación se repite de nueva cuenta en el Hospital General Regional 2 Villa Coapa, en la Unidad de Traumatología y Ortopedia. Precisó que la cita que tenía para el 20 de noviembre del presente año, a las 14:00 horas, en la especialidad de columna vertebral con el doctor Enrique Iván “M”, fue un calvario, ya que lo primero que cuestiona el galeno son los días de incapacidad que tiene hasta el momento de ordenar que saque los días, y en un momento más recibirá la respuesta.
El médico se ve a leguas carente de sensibilidad y experiencia para tratar a las personas, tal vez cansado de tratar pacientes por su corta edad, quizás también cansado de atender a tantos pacientes.
Pero esta situación hacer ver a los pacientes como presuntos mentirosos y farsante, una mirada afilada, solicita los estudios, estudios que costaron muchas horas de tiempo y esfuerzo por parte de verdaderos profesionales; sin embargo, enojado, argumenta no contar con equipo para ver DVD o CD, ordenando se realicen de nueva cuenta, como todo un “gran jefe sentado”, sin tomar en consideración que hay más de 700 pacientes diarios para ser atendidos de diversos traumas hasta con fractura expuesta.
El maltrato se basa, continúa diciendo el comunicólogo, “camine hacia la pared y regrese” (del consultorio). El paciente hace lo que se le ordenan, citando finalmente, “listo”.
El doctor, notablemente incómodo, regaña al paciente argumentando: “¡No se siente, no le he dicho que se siente, camine!”.
“¿Camino con bastón o sin bastón?”, le pregunta el galeno, quien se veía irritado, sin cortesía, viéndose obligado asumir actitudes de un auténtico patán: “¡Como guste!”, respondió con denuedo.
El paciente, bajo esa incertidumbre generada por el matasanos, le inquiere: “¿Rápido o lento?”. Enojado, se voltea, y continúa escribiendo, el desdén se hace presente.
Para confundir más al paciente, le indica: “Vaya a tomarse una nueva radiografía, regresa y me avisa cuando regrese”.
El paciente, extrañado y en un juego de palabras, pregunta: “¿Toco la puerta, abro la puerta o abro la puerta y aviso?”, por lo que “el verde doctor”, responde irónico: “¡Como guste!”.
Después de varios minutos y haber sacado los RX, el paciente regresa al consultorio, toca, entra y avisa que ya sacaron las radiografías de la columna, sin haber respuesta. Pasa otro paciente, luego otro y otro, finalmente el paciente iluminati es atendido por el doctor incómodo.
El doctor con muchos problemas con el sistema dice, “ya tenemos los resultados de la radiografía”. Estipula que no hay fractura, que se encuentra bien el paciente, (como interpretando “ya se le van a quitar las incapacidades”).
De forma inquietante, el paciente detalla que se le debe atender con las atenuantes del Estado de Derecho.
Narra que después de la caída que sufrió el 16 de febrero del presente año, no puede caminar, porque le duele mucho la pierna izquierda, porque la cadera siente que tiene fractura tal como se aprecia en las radiografías que mandó hacer el doctor Carmelo “N”, del hospital general zona 30.
Al descortés hombre de la bata blanca, se le comentó: “Porque cuando camino, subo o bajo escaleras me duela la pierna y la columna; que no puede estar parado mucho tiempo y que no puede estar sentado”.
De forma inverosímil, el presunto médico, en un diálogo irónico, se salió por la tangente, casi con sentido burlón: “Sí están desviadas varias vértebras y por ende la columna, que tiene desgaste, pero nada de qué preocuparse” (glup).
No conforme, el erudito hace esperar a varios pacientes estipulando que “el sistema no funciona”. Después de varias horas de espera, ordena a los pacientes que en día de mañana pasen por los resultados.
El médico se enoja con los pacientes porque le cuestionan: “¿Mañana?”
“¿Cómo quiere que regrese mañana? Nuestros domicilios están lejos y venimos en trasporte público”, se le respondió airadamente.
De nueva cuenta, el “medicucho”, de forma dictatorial y frunciendo el ceño, ordena que “tienen que venir mañana o el viernes. No hay más”.
Luego de describir estos relatos que podían ser útiles a un productor cinematográfico y titular una nueva obra, “Crónica anunciada de una muerte lenta en el IMSS”, es evidente que hay instrucciones para dejar en estado de indefensión, lo más pronto posible, al derechohabiente en virtud que lo más importante son los recursos económicos más que la salud y la dignidad de los usuarios.
Despojar de las incapacidades a cada enfermo es fundamental para las esferas más altas de la institución, o así lo hacen ver.
Esto, a través de argumentos y actos lesivos e hirientes, violando los derechos de los trabajadores de manera omisa o por acción, por igual, podrían ser constitutivos como delitos para ser denunciados ante autoridades judiciales, independientemente de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), que tiene la amplia facultad de hasta cancelar las células profesionales de esos matasanos que solo ocupan un consultorio dentro del IMSS, “para ganarse la chuleta, hacer tiempo para promover sus futuras jubilaciones”, por lo viejo y mañosos que ya están...
De qué sirve presumir que los hospitales del IMSS son las instalaciones de salud que brindan atención médica a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, si la atención de los médicos es inaudita.
Sin embargo, el IMSS cuenta con más de seis mil unidades de medicina familiar, 350 hospitales de segundo nivel y 36 hospitales de alta especialidad, su infraestructura es basta, pero la atención del personal médico y administrativo, han dejado mucho qué desear desde hace años.
Existe un refrán muy cierto, “no vayas al IMSS porque de Seguro sales con los pies por delante…”
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
 
 

lunes, 25 de noviembre de 2024

Guerra Álvarez ofrece apoyo a programas del GCDMX a favor de las mujeres

Guerra Álvarez ofrece apoyo a programas del GCDMX a favor de las mujeres

 *** Así lo señaló en el primer día de actividades de la Feria de Derechos Humanos y Género 2024, del órgano judicial, donde destacó que estos son “muy ambiciosos”
 
*** Luego de participar en la presentación de la Estrategia contra la Violencia de las Mujeres, agradeció a la consejera jurídica y de servicios legales de la ciudad, Eréndira Cruzvillegas, abrir las puertas de esa instancia al PJCDMX para tratar asuntos de carácter jurídico-legislativo
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, destacó que los programas a favor de las mujeres implementados por el gobierno de la ciudad, encabezado por Clara Brugada Molina, son “muy ambiciosos”, y aseguró que el órgano judicial capitalino estará para ofrecer apoyo en los mismos en donde así corresponda.
Así lo expresó en el marco del primer día de actividades de la Feria de Derechos Humanos y Género 2024, organizada por el PJCDMX, en donde destacó también la relación de trabajo entre la institución y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Ejecutivo local, a cuya titular, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, presente en las actividades, agradeció abrir las puertas de esa instancia para tratar asuntos de carácter jurídico-legislativo.
Antes, durante la inauguración de la feria, la consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, Irma Guadalupe García Mendoza, a nombre del magistrado Guerra Álvarez, quien por la mañana estuvo en la presentación de la Estrategia contra la Violencia de las Mujeres, refrendó el compromiso del PJCDMX con mantener acciones destinadas a la difusión, capacitación y sensibilización en temas de derecho humanos, de género y a favor de personas con discapacidad.
En la sede del órgano judicial de Niños Héroes 132, donde se instaló la feria a partir de este lunes y hasta el próximo 10 de diciembre, la consejera de la Judicatura destacó la relevancia de llevar a cabo, durante 16 días, activismo a favor de los derechos humanos y de género, como parte de un movimiento que “nos impulsa a seguir visibilizando y luchando” en contra del fenómeno de la violencia de género, tal y como se ha hecho año con año.
Acompañada por la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sonia Venegas Álvarez, García Mendoza destacó el acompañamiento que el órgano judicial capitalino ha hecho a la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, emprendida desde 2008 por la Organización de las Naciones Unidas; esta ha permitido, dijo, avanzar en la concientización sobre la toma de decisiones para resolver el flagelo que significa la violencia de género.
También destacó la conmemoración mensual que realiza el PJCDMX del Día Naranja en las diversas sedes de la institución, como parte de las acciones prioritarias para fomentar la cultura y respeto a la igualdad, a partir de enfoques basados en los derechos humanos, a fin de lograr un desarrollo inclusivo, participativo y sostenible.
En el corte del listón inaugural de la feria participaron, asimismo, el magistrado Yaopol Pérez Amaya y la magistrada Adriana López Gutiérrez, así como la jueza de control Elisa Vázquez Sánchez y la directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, Yolanda Rangel Balmaceda.
La feria contará con actividades diarias tales como conversatorios, conferencias, actividades culturales, difusión de cápsulas, entre otras.
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
filtrodedatospoliticos@gmail.com
 

domingo, 24 de noviembre de 2024

IMSS Lanza su Nueva Novela “Crónica anunciada de una muerte Lenta”

 

IMSS Lanza su Nueva Novela “Crónica anunciada de una muerte Lenta”

De la Dirección
 
Crónica anunciada de una muerte lenta y no son los tacos de suadero en la vía pública, el asunto es peor, las diversas violaciones a los derechos humanos que se ven a diario en los tratos a los derechohabientes por parte de doctores verdes del Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSS), que en muchas ocasiones creen ser los verdaderos dueños de la institución.
 
De nueva cuenta, Juan Carlos Martinez Nava,  periodista y promotor especualizado en materia cultural padece de abuso de autoridad esto  través de gestos faciales desagradables, getones, que la mayoría de los doctores hacen quizás sin saber que en un delito o conscientes e inconscientes sin imaginar que es los desprecios por ende acto aberrantes sancionados por la ley.
Martinez Nava, también doctor en derecho, señaló que los funcinarios del IMSS tine la obligación de tratar a los derechohaientes con respeto y dignidad. Los gestos de desprecio o maltrato hacia los que pagan por sus servicios a través de sus cuotas: salarios decentes, honesto y arduo sudor en la frente.
La Ley del IMSS (LIMSS) establece en su artículo tercero establece que los funcionarios deben de tratar a los derechohabientes con respeto y dignidad.
*El reglamento interno de la misma ley establece en el artículo 12 que los funcinarios deben cumplir con las siguientes normas de conducta:
*Proponer información clara y precisa sobre los sericios y beneficios del IMSS
*Atender las solicitudes y qujas de los derechohbientes de manera oportuna y eficiente.
Es importante –dijo- Juan Carlos Martínez, destacado comunicólogo mexicano reconocido por el Senado de la República y Comunicadores por la Unidad (CxU) 2016, que estos actos actos conllevan:
*Amonestación
*Suspensión temporal
*Destitución
*Inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Además señaló que ha visto que muchas ocasiones no se presetan Quejas ante la Unidad de Atención a los Derechos del IMSS o la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por miedo pues existe insetidumbre que en cualquier momento puedan vengarse.
Esta situación se repite de nueva cuenta en el Hospital General Regional 2 Villa Coapa, traunatología y ortopedia la cita 20 de noviembre de presente año a las 14:00 horas en especialidad columna con el doctor Enrique Ivan “M”, lo primero que cuestiona días de incapacidad tiene hasta el momento ordena que saque los días y en un momento más se diga la respuesta.
El médico se ve a leguas carente de experiencia al trato de las personas, cansado de tratar pacientes su corta edad, quizás cansado de atender a tanto pacientes, pero esta situación hacer ver a los pacientes  como mentirosos y farsante, una mirada afilada, solicita los estudios, estudios que costaron muchas horas de tiempo y esfuerzo por parte de verdaderos profesinales; sin embargo, enojado argumentado no contar con equipo para ver DVD o CD, ordenando se realicen de nueva cuenta, como todo un “gran jefe sentado”, sin tomar en consideración  que hay más de 700 pasientes diarios para ser atendidos de diversos traumas hasta con fractura expuesta.
El maltrato continua diciendo “camine hacia la pared y regrese” (del consultorio), el paciente dice listo, el doctor incomodo regaña y argumenta “¡no se siente no le he dicho que se siente, camine!”, “¿camino con  bastón o sin bastón?”, dicen el galeno “¡como guste!”, el paciente “¿rápido o lento?”, enojado se voltea y continúa escribiendo, el desdén se hace presente.
Vaya a una nueva radiografía, regresa y me avisa cuando regrese, el paciente pregunta “¿toco la puerta, abro la puerta o abro la puerta y aviso?”, dece el verde doctor “¡cómo guste!”.
Después de varios minutos y haber sacado los RX el paciente regresa al consultorio, toca, entra y avisa que ya sacaron las radiografías de la columna, sin haber respuesta. Pasa otro paciente, luego otro y otro, finalmente el paciente iluminati pasa.
El doctor con muchos problemas con el sistema dice ya tenemos los resultados de la radiografía estipula que no hay fractura, que se encuentra bien el paciente, (como diciendo ya se le van a quitar las incapacidades). El paciente pregunta se está bien porqué después de la caída del 16 de febrero del presenta años no puede caminar, porqué le duele mucho la pierna izquierda, porque la cadera siente que tiene fractura tal como se aprecias las radiografías que mandó hacer el doctor Camelo “N”, del hospital general zona 30, y porqué cuando camino, sube escaleras y aja escaleras le duela la pierna y la columna, que no puede estar parado mucho tiempo y que no puede estar sentado. A lo que responde el médico que sí están desviada varias vertebras y ende la columna, y que tiene desgaste, pero nada de qué preocuparse.
No conforme el erudito hace esperar a varios pacientes estipulando que el sistema no funciona, después de varias horas de espera ordena a los pacientes que en día de mañana pases por los resultados, el médico se enoja con los pacientes porque le dicen mañana no pueden por otros estudios, y le reclaman además que cómo quiere que regrese mañana su domicilio está lejos y vienen en trasporte público, de nueva cuenta el “profesor” de nueva cuenta ordena que tiene que venir mañana o el viernes, frunce el ceño.
Es evidente que hay instrucciones para dejar en estado de indefensión lo más pronto posible al derecho habiente en virtud que lo más importante son los recursos económicos más que la salud y la dignidad de los usuarios, quitar las incapacidades es fundamental para las esferas más alta de la institución o así lo hacen ver, esto a través de argumentos y actos lesivos e hirientes, violando los derechos de los trabajadores de manera omisa o por acción que igual forma son delitos.

Con total cinismo y desfachatez, funcionarios deshonestos del GCDMX confesaron ser “padrinos de los traidores defraudadores de Ruta 100”

Con total cinismo y desfachatez, funcionarios deshonestos del GCDMX confesaron ser “padrinos de los traidores defraudadores de Ruta 100

 
BLAS A. BUENDÍA *
 
Trabajadores de ex Ruta-100 —auténticos inversionistas del Grupo Metropolitano de Transporte (GMT)— demandaron al gobierno federal su intervención para ejecutoriar un acto de justicia, ya que este añejo conflicto laboral que está por cumplir 30 años de ilegalidades cometidas por los líderes corruptos Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, éstos han sido acusados penalmente por el delito de Fraude Administrativo en contra de una planilla de 12,004 ex choferes, bajo la colusión con funcionarios deshonestos del gobierno local.
Si bien pidieron a la nueva jefa del GCDMX, Clara Brugada, haga una limpia de esos funcionarios impúdicos, la Comisión Liquidadora Ruta 100 desarrolló una recopilación de hechos de este histórico movimiento.
Esa dupla de ladrones obtuvo las empresas del GMT en actos delincuenciales de la alta escuela, al paso del tiempo ocasionaron vergüenza debido a su bravura para intimidar a quienes salieron hurtados al emplearse un sistema endémico.
Después de la quiebra de Ruta-100, el 8 de abril de 1995, se tuvo más de un año de resistencia, se logró firmar un convenio político donde liquidaban a los trabajadores con un 72% estableciéndose finalmente en un 28% para ser susceptibles a concesiones.
Cuando se liquidaron los trabajadores con engaños de que iban a configurarse como socios, mejorando su estatus laboral y social, contarían con un trabajo consolidado bajo el respeto de la Ley Federal del Trabajo, sumándose el reparto de utilidades y que con el dinero que aportaron iban a obtener intereses.
“Con esta falacia, los trabajadores decidieron invertir un 30% de su liquidación, es decir, en total cada trabajador dejó el 58% de su liquidación laboral para conformar las empresas de GMT que siguen estando en manos de los defraudadores Gabino Camacho Barrera y Ricardo Barco López, quien cumple un arresto domiciliario ordenado por jueces civiles y penales, comprobándose su responsabilidad en la Estafa Maestra en contra de la R-100”, apuntó la Comisión Liquidadora.
Los trabajadores afectados siguen preguntando a los gobiernos federal y local, a jueces y magistrados, así como al pueblo mexicano, de quiénes son las empresas de GMT, toda vez que este cúmulo de inversionistas aportaron sus patrimonios sin conocer el engaño del que fueron víctimas hace menos de tres décadas.
Con las cantidades aportadas por los trabajadores inversionistas, se creó un fondo económico con un capital de $172,934,552.00 (ciento setenta y dos millones novecientos treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.) a efecto de establecer el Fideicomiso F/100-7 en Banco IXE, mediante el contrato de fecha 24 de junio de 1996, cuyos fines son la administración e inversión para la creación de empresas productivas para prestar servicio de transporte público de pasajeros, en las cuales deben participar todos y cada uno de los aportantes al fideicomiso señalado.
Derivado de lo anterior, se autorizó la creación de las empresas denominadas: Servicio Metropolitano de Transporte “17 de marzo S. A. de C. V.”; Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, S. A. de C. V.; Transportes Urbanos Nuevo Milenio, S. A. de C. V.; Sistema de Transporte en Taxis, S. A. de C. V.; y, Talleres Industriales en Diésel.
La riqueza del transporte urbano, cuyos socios son quienes pertenecen a Ruta-100, es infinita. Cuenta a sus servicios tres líneas del Metrobús: Eje 4 Sur-Xola, Insurgentes Sur y Norte-El Caminero, y Montevideo-Aragón, así como 45 rutas más en el citado GMT con cerca de 550 autobuses y 200 Metrobuses articulados, redituándoles ganancias superiores a los 200 millones de pesos mensuales, cuyo botín es compartido entre cómplices y malos funcionarios locales.
Los trabajadores inversionistas de Ruta-100 de las empresas del GMT, llevan más de 29 años que invirtieron su dinero para ser socios en esta compañía y que hasta la fecha, no han recibido ningún peso de ganancias ni tampoco han sido reconocidos como socios de las empresas del Grupo metropolitano de Transporte
En los años 2001, 2002 y 200  3 se iniciaron denuncias penales que se encuentran en la Fiscalía de Delitos Financieros de la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México —donde “duermen en el sueño de los justos”—, tres Carpetas de Investigación: FDF/C/520/07-01 y sus acumuladas FDF/C/135/02-03 y FDF/C/183/03-02, por los delitos de Fraude Administrativo y lo que resulte, cometidos en agravio de 12,004 ex choferes por parte del indiciado Ricardo Barco López, Gabino Camacho Barrera y una banda de 43 presuntos delincuentes.
 
Estas denuncias penales fueron promovidas por los finados Jorge Cuellar Valdez, Felipe Domínguez Correa, y otros compañeros, después de los despidos masivos que sufrieron al ser socios activos de las empresas de GMT, por demandar rendición de cuentas a la administración contratada por Ricardo Barco López, nombrando como representantes comunes a Raúl de los Santos Hernández, Efrén Romero Reyes y Pedro Álvarez Hernández.
Agentes de la Policía de Inteligencia de la Ciudad de México, cabe recapitular, arrestó al principal defraudador financiero Ricardo Barco López, el ex líder del SUTAUR-100, el 23 de mayo de 2024, después de 29 años de evadir la justicia. Fue acusado de defraudar a más de 12 mil empleados de la extinta línea de transporte público Ruta-100, y se le imputó el delito de Administración Fraudulenta.
La captura de Ricardo Barco López se consumó en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, y fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición del juez que lo requirió para determinar su situación legal, aunque su familia alegaba que "es víctima de una aprehensión arbitraria". Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo desmintió ya que la detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida desde 1995.
Ricardo Barco López, alías el “Ricardín”, es acusado de haber recaudado dinero por concepto de finiquitos y liquidaciones de los trabajadores de la Ruta 100, pero en lugar de ingresarlos a la AFORE de IXE Banco, los transfirió a cuentas bancarias de terceros, lo que supuso una defraudación de más de tres mil millones de pesos.
Si bien su familia presumía —con sentido embaucador y de sistemático engaño—, que “nunca manejó dinero", las evidencias y el historial delincuencial de este peligroso sujeto, sugieren todo lo contrario.
Es importante destacar que la detención de Ricardo Barco López es solo el comienzo de una serie de investigaciones y detenciones relacionadas con la corrupción en la Ruta 100, el cual se caracterizó por una serie de factores que contribuyeron a su prolongación y complejidad.
En cualquier caso, es importante rememorar que la lucha de los ex trabajadores de Ruta 100 no es solo una cuestión de justicia laboral, sino también una cuestión de derechos humanos y dignidad.
Es fundamental que se continúe la lucha por la justicia y la Reparación del Daño sea una realidad para los ex trabajadores de la R-100, buscándose formas de mantener vivo el movimiento y defender los derechos de estos empleados defraudados.
Ante esta evolutiva situación, la Comisión Liquidadora anunció finalmente que volverá a tomar acciones jurídicas, políticas y sociales, así como una campaña de denuncia pública nacional e internacional, “por el rescate de nuestras propiedades, con la finalidad de lograr que nuestros derechos sean resarcidos”.
Ante la inseguridad que vive la capital del país, “desde este momento hacemos responsable al Gobierno de la Ciudad de México por las consecuencias que podrían repercutir con sus actos de injusticia, que han degenerado en una incontrolable ingobernabilidad y molestias a terceros debido a la corrupción de funcionarios deshonestos que se han declarado como padrinos de los traidores defraudadores con total cinismo y desfachatez”.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
filtrodedatospoliticos@gmail.com

viernes, 22 de noviembre de 2024

Política de incidencias de nulidad en juicios ejecutivos mercantiles

 

Política de incidencias de nulidad en juicios ejecutivos mercantiles

*** El magistrado civilista Élfego Bautista Pardo, en su espacio Así es el Derecho, analiza el tema El incidente de nulidad de emplazamiento en juicio ejecutivo mercantil oral
 
BLAS A. BUENDÍA *
Juan  Carlos Martínez, Editor: 
El Corredor Informativo 
 
En los juicios ejecutivos mercantiles orales, las actuaciones emitidas durante la sustanciación son impugnables por vicios de carácter formal mediante el incidente de nulidad.
Este incidente plantea tres hipótesis para la reclamación de la nulidad de una actuación:
1) en la audiencia subsecuente;
2) durante la audiencia de juicio; y,
3) en relación al emplazamiento.
El Código de Comercio es omiso en regular este incidente, pero se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en caso de que este no regule suficientemente, la ley de procedimientos local respectiva.
En esta constitución de procedimientos, el magistrado civilista Élfego Bautista Pardo, en su espacio Así es Derecho, analiza jurídicamente el tema el Incidente de nulidad de emplazamiento en juicio ejecutivo mercantil oral.
Considera que al Estado le corresponde, por medio del Poder Judicial, el ejercicio de la actividad jurisdiccional para resolver los conflictos que surjan entre particulares, así como entre éstos y las autoridades, pues el artículo 17 constitucional establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho, sino que todos los ciudadanos tienen derecho a que se les administre justicia por tribunales encargados de impartirla de manera pronta e imparcial.
En observancia a dicho principio, el día 27 de enero del año 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Comercio, por virtud de lo cual se introdujo la oralidad en los juicios mercantiles, que se tramitan en tiempo más reducido.
Debido a la rapidez y la oralidad que impera en el juicio ejecutivo mercantil oral, surgen situaciones que no quedan del todo claras, como lo es la manera en la que debe tramitarse un incidente de nulidad de emplazamiento en esta clase de juicios.
Esas situaciones se deben a que en algunas ocasiones los incidentes de nulidad en los juicios ejecutivos mercantiles orales se promueven de manera escrita y en otras de forma oral, y existen resoluciones en las que los jueces orales han declarado improcedentes los incidentes de nulidad promovidos contra las diligencias de requerimiento de pago, o de embargo o de emplazamiento, por haberse promovido de manera escrita antes de que se efectúe la audiencia preliminar, pues consideraron que debieron ser tramitadas de manera oral en la siguiente audiencia.
Hay casos de juicios ejecutivos mercantiles orales en que los juzgadores resuelven la procedencia de los incidentes de nulidad de emplazamiento contra la diligencia de requerimiento de pago o de embargo promovidos por escrito antes de que se efectúe la audiencia preliminar, por considerar que así deben tramitarse.
Al respecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en la Tesis XXI.2o.C.T.36 C (11a.), consultable en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, se pronunció en el sentido de que el incidente de nulidad de emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil oral debe promoverse por escrito hasta antes de la audiencia preliminar, y oralmente durante el desarrollo de ésta o de la de juicio.
En dicha tesis se tomó en consideración que el Código de Comercio, en el artículo 1390 Bis 6, previsto en el título especial "Del juicio oral mercantil", capítulo I "Disposiciones generales", prevé que la nulidad del emplazamiento que se promueva hasta antes de la audiencia preliminar deberá ser por escrito, con el cual se dará vista a las partes y se dictará la resolución correspondiente.
En cambio, se hará valer oralmente durante la audiencia preliminar o de juicio, supuesto en el cual, de haber pruebas, se mandará desahogarlas y se dictará la resolución correspondiente.
Además, se advierte que el artículo 1390 Bis 40, contenido en el capítulo III "De los incidentes", del citado Código de Comercio, prevé que los incidentes deben promoverse oralmente en las audiencias, las que no se suspenderán, con excepción de los incidentes que impugnen la nulidad del emplazamiento; de ahí que este último pueda hacerse por escrito.
También se hizo constar que en el título especial Bis "Del juicio ejecutivo mercantil oral", en el capítulo I "De las disposiciones generales", el artículo 1390 Ter 2, indica que contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procede recurso ordinario alguno, y las partes únicamente pueden pedir verbalmente en audiencia la regularización del procedimiento.
En ese mismo capítulo se encuentra el artículo 1390 Ter 3, el cual establece que en materia de nulidad se podrán aplicar supletoriamente las reglas previstas para el procedimiento del juicio oral mercantil, y remite al referido precepto 1390 Bis 6, que determina la procedencia del incidente de nulidad del emplazamiento por escrito antes de la audiencia preliminar, o verbalmente durante el desarrollo de ésta.
En conclusión, el incidente de nulidad de emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil oral debe promoverse por escrito hasta antes de la audiencia preliminar y oralmente durante el desarrollo de ésta o de la de juicio, lo que se infiere de los citados artículos del Código de Comercio, así como de la tesis con los referidos datos de identificación, que lleva por rubro: “Incidente de nulidad de emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil oral. Debe promoverse por escrito hasta antes de la audiencia preliminar y oralmente durante el desarrollo de ésta o de la de juicio”.
Es de gran importancia conocer el contenido de la ley, así como la interpretación que de ella hacen los Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis y jurisprudencias que emiten, a efecto de hacer nuestras peticiones de la forma y en los plazos que la legislación establece, para que sean admitidas y resueltas por la autoridad judicial, ya que, de lo contrario, se resolverá su improcedencia.
Así es el Derecho, asentó finalmente el magistrado Élfego Bautista Pardo, titular de la Tercera Ponencia de la Quinta Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, el cual preside el magistrado penalista Rafael Guerra Álvarez.
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magòn-2021
filtrodedatospoliticos@gmail.com

¡En Oaxaca se perdonan a los homicidas!

¡En Oaxaca se perdonan a los homicidas!

*** Pareciera que el crimen del notario público José Ortiz Girón quedará en los anales de la impunidad
*** Por culpa del juez Lorenzo Ramírez Cruz, los postulados éticos de la ciencia del derecho quedarán pulverizados al dictar sentencia absolutoria a favor del asesino material confeso Vicente Martínez López, situación que favorece para brindar impunidad al asesino intelectual Allan de Jesús Corona Romero, quien sigue prófugo de la justicia, aparentemente radicado en EU, a pesar que existe una ficha roja emitida por la INTERPOL
*** El Congreso de la Unión, con el aval del gobierno federal, deberían declarar a Oaxaca un Estado de Excepción
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
Fue una “¡aberrante sentencia!” la del juez Lorenzo Ramírez Cruz, quien por su culpa los postulados éticos de la ciencia del derecho, quedarán pulverizados al dictar sentencia absolutoria a favor del asesino material confeso Vicente Martínez López, resolución mediante la cual se pretende conceder impunidad al asesino intelectual Allan de Jesús Corona Romero, quien ordenó y pagó la muerte de su colega Notarial José Ortiz Girón, en cuyo caso, se advierte que “el criminal sigue prófugo de la justicia”, aparentemente radicado en EU.
Al enterarse de esta absolución, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, lamentó que ¡en Oaxaca se perdonan a los homicidas!, a pesar de contar con todas las agravantes recabadas por el Ministerio Público para inculpar al también notario público Allan de Jesús Corona Romero, quien contrató a sicarios para matar a puñaladas a Ortiz Girón, en el marco de la tradicional feria de La Guelaguetza, el 18 de junio en la capital oaxaqueña.
Hace ya varios siglos que Miguel de Cervantes Saavedra, legó a la humanidad con su toque mágico y literario “La Galatea’’, y a escaso tiempo después, cumplió la aparición y publicación de “El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha’’, la máxima obra literaria de un escritor de lengua castellana.
Los ideales que como argumento primigenio defendió Don Quijote eran simple y llanamente los postulados éticos de la ciencia del derecho. Por esa razón, no obstante, su carácter universal y su permanencia en el tiempo y en el espacio, la falta de su crucial observancia en un estado como el de Oaxaca, que idealmente se considera seguir y apoyar el pensamiento de Don Benito Juárez y su férrea defensa al Estado de Derecho, produce no solo un pésimo sabor, sino un efecto negativo de irremediables consecuencias políticas.
Cuando se deja en libertad a un homicida confeso se rompe la regla de oro del derecho, que magníficamente fue esculpida por Ulpiano, la cual afirma: ‘’La justicia es una voluntad firme y perpetua de dar a cada uno lo que le pertenece’’, misma que con cinismo, ignorancia e incompetencia rompió el desvergonzado judicante Lorenzo Ramírez Cruz, en su calidad de Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Itinerante 1, del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula de Matamoros, estado de Oaxaca, al emitir una despreciable sentencia absolutoria al homicida del notario público José Ortiz Girón (Vicente Martínez López); todo ello con el solo afán de pretender conceder impunidad al asesino intelectual de nombre Allan de Jesús Corona Romero.
Si bien, y como siempre el mal de la corrupción es una enfermedad endémicamente social, más aún cuando proviene de ministerios público, actuarios, jueces, magistrados y hasta presidentes de tribunales, “circulan los ríos del dinero maldito que todo lo corroe”.
La novela de corrupción emitida como sentencia, fue elucubrada por la corrupción del ministril que como órgano jurisdiccional de control actuó, lo que implica de manera clarísima que esa indigna toga en su momento determino, “bajo la presión del oro” que acostumbra derramar el homicida intelectual su absolución y, con ello alcanzar un estado de impunidad, tan es así, que cuando escuchó la airada reacción de la hija del ahora occiso calificándolo como “¡corrupto!”, ordenó cancelar y retirar la presencia de ella en aquella audiencia en la que dio a conocer su despreciable acto.
Debe de expresarse, en un asunto de esta importancia, por ser la victima quien era, se debió, mantener el prestigio del Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, actuando con rectitud de criterio y sin pretender privilegiar los derechos humanos de la delincuencia, sobre los derechos humanos de las víctimas.
Después de una brillante investigación practicada por un agente del ministerio público de nombre Eder René Cristóbal Aguilar, adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, en la cual se denotó conocimientos y respeto a los derechos humanos de los asesinos materiales e intelectuales, un juez de pacotilla, sin cultura jurídica en la materia pero con una denotada auri sacra fames (maldito deseo del oro), determinó absolver a la delincuencia.
La calidad moral del sujeto llamado Lorenzo Ramírez Cruz, el cual firmó esa aberrante sentencia, pone en mal a la justicia de la referida entidad federativa y a las promesas emitidas por Salomón Jara Cruz en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de brindar justicia a los necesitados.
Ante esta constelación de impunidades, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., demandó a la Judicatura oaxaqueña la inmediata remoción del cargo del juez de marras Lorenzo Ramírez Cruz, y solicitó al Ejecutivo federal que hoy representa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ordenar a la mayoría del Congreso federal, declara a Oaxaca en un Estado de Excepción.
El Estado de Excepción, en resumen, es una medida constitucional que puede tomar el presidente de un país en la que suspende o limita derechos y garantías por un tiempo determinado.
Esta figura se encuentra en la mayoría de Constituciones del mundo y solo el presidente de la Nación puede implementarla. Implica la suspensión de uno o varios derechos fundamentales de la ciudadanía, y suele conllevar la imposición de toques de queda, prohibición de salidas a la calle en ciertos horarios, y suspensiones de servicios básicos durante el periodo establecido.
“¡’Es cuanto!”, puntualizó la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C. que preside el abogado Alberto Woolrich Ortiz
Caso enmarañado desde su origen
A pesar que las autoridades correspondientes giraran una orden de aprehensión en contra notario del Estado de México, Allan de Jesús Corona Romero, presunto autor intelectual del crimen de su colega José Ortiz Girón, y el fallo del juez Lorenzo Ramírez Cruz, uno de cuatro autores materiales detenido, reveló haber recibido un pago de 100 mil pesos como anticipo por cometer el crimen.
En su momento, la prensa nacional, detalló que el juez de Control de Circuito de Valles Centrales, de Tlacolula, Oaxaca, Carlos Tobías Lucas giró orden de aprehensión en contra del notario público del Estado de México, Allan de Jesús Corona Romero, por el delito de homicidio calificado con ventaja y lesiones calificadas con ventaja en contra del también notario José Ortiz Girón y una mujer que lo acompañaba. El mandamiento judicial, también es contra Vicente “M” y Jonatan “B”.
El presunto inculpado es señalado como presunto autor intelectual del crimen contra el notario José Ortiz, ocurrido en la capital de Oaxaca, el 18 de julio de 2003.
Para ello, uno de los presuntos autores materiales, ya detenido, declaró que Allan de Jesús, le pagó 100 mil pesos como anticipo para cometer el asesinato.
Debido a este gravoso suceso, todas las fiscalías del país llevaron a cabo una intensa búsqueda para localizar y detener al notario público del Edomex, Allan de Jesús Corona Romero, a fin de ser arrestado y presentado ante el juez que le giró la orden de aprehensión.
El homicidio
El homicidio del referido fedatario, ocurrió dentro de los festejos de la Gelaguetza en el Estado de Oaxaca, el día dieciocho de julio del citado año, al transitar en compañía de una asesora, por Calles de Jesús Carranza, Centro Histórico de Oaxaca.
Al ir caminando, dos hombres previamente contratados para ello, lo atacaron por la espalda con arma blanca, infringiéndole lesiones que le causaron la muerte, lesionando también, a la dama que lo acompañaba.
A raíz de ello, la Fiscalía adscrita en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, a cargo del Agente del Ministerio Público Eder René Cristóbal Aguilar, solicitó al Juez Carlos Tobías Lucas, Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, sede en San Francisco Tanivé, el libramiento de la orden de aprehensión en contra de los presuntos autores materiales, Vicente “M”, Jonathan “B”, así como en contra del presunto autor intelectual, que resultó ser el notario público del Estado de México Allan de Jesús Corona Romero.
La orden de aprehensión emitida se efectuó por homicidio calificado con ventaja y lesiones calificadas con ventaja, el primero en agravio del ahora finado José Ortiz Girón, y el segundo en agravio de su asesora de nombre Rocío “C”.
De las investigaciones practicadas por la Fiscalía General de Justicia en el estado de Oaxaca, se determinó que a mediados del mes de marzo, el autor intelectual de los hechos de nombre Allan de Jesús, le indicó a un sujeto de nombre Vicente “M”, ahora detenido, que le tomara unas fotografías del propio teléfono celular del referido Allan de Jesús, y para tal efecto, le mostró y le ordenó que dicha fotografía la guardara y que posteriormente le indicaría lo que tenía que hacer con la gráfica.
En las constancias procesales integrantes de la Carpeta de Investigación, se detalla que a principios del mes de abril, el propio autor intelectual le expresó a Vicente Martínez López que buscara a personas para que efectuaran una investigación y seguimiento al ahora occiso, ello con el objeto, precisamente de privarlo de la vida, no omitiéndose referir que en dicha fecha el propio Allan de Jesús Corona Romero, le hizo entrega de la cantidad de cien mil pesos, como anticipo para asesinar a José Ortiz Girón, y poder quedarse él con su notaría, o en su caso, la persona que él designara cercana al notario para no levantar sospechas.
Un policía entre los involucrados
En el expediente del caso se encuentra asentado que uno de los autores materiales era policía en activo del Estado de México, y también tenía una relación cercana con el presunto autor intelectual y también notario, Allan de Jesús Corona Romero.
El día de los hechos, y sobre la Calle de Jesús Carranza, en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, en medio del bullicio ferial, el hoy occiso caminaba junto con Rocío “C”, siendo alcanzados por Jonathan “B”, alias “El Chaquetas” y Abel “N”, alias “El Zorro”, quienes portaban armas blancas, una de ellas un machete con una hoja de siete centímetros de largo, infirieron lesiones a ambos por la espalda, mismas que le causaron la muerte al notario público, José Ortiz Girón.
Una vez cometido el homicidio, se dieron a la fuga y al llegar a la calle de Porfirio Díaz, también en el Centro Histórico oaxaqueño, los esperaba Vicente “M”, chofer de la camioneta Ford Expedition, color negro, con placas de circulación del Estado de México; ambos abordaron el vehículo y se dirigieron a la población de Asunción Ixtaltepec, en San Francisco Tanivé Tlacolula Oaxaca.
Las investigaciones efectuadas por la propia Fiscalía del estado de Oaxaca, trascendió que el autor intelectual se encontraba escondido en el estado de Michoacán, donde al parecer era protegido por la delincuencia organizada, es decir, todavía lo ayudaron para abordar un vuelo privado para huir del país hacia la Unión Americana, donde se presume es protegido por su padre, quien es un portentoso e influyente notario acaudalado.
Ante estos elementos de prueba, el Estado de México permitió seguir ejerciendo con la patente la notaría de Allan de Jesús Corona Romero, y que dicho sujeto antes de huir, tuvo el cinismo de seguir ejerciendo funciones de notario conjuntamente con otros colaboradores de su notaría.
De tal suerte, según abogados penalistas, reiteraron que ¡en Oaxaca se perdonan a los homicidas!, por lo que pareciera que el crimen del notario público José Ortiz Girón quedará en los anales de la impunidad.
Que por culpa del juez Lorenzo Ramírez Cruz, los postulados éticos de la ciencia del derecho quedarán pulverizados al dictar sentencia absolutoria a favor del asesino confeso Allan de Jesús Corona Romero, quien sigue prófugo de la justicia, aparentemente radicado en EU, a pesar que existe una ficha roja emitida por la INTERPOL.
Por lo tanto, el Congreso de la Unión, con el aval del gobierno federal, deberían declarar a Oaxaca un Estado de Excepción, y dar cumplimiento que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no protegerá a criminales por muy influyentes que sean.
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magòn-2021
filtrodedatospoliticos@gmail.com