*** Fue aprobado por unanimidad en lo general y en lo
particular por 481 votos; la nueva norma se remitió al Ejecutivo Federal para
su inmediata publicación en el Diario Oficial de la Federación
*** El magistrado Rafael
Guerra Álvarez, en su calidad de presidente de la CONATRIB, exaltó este histórico
procedimiento jurídico con el cual se reunifican los Códigos Civil y familiar a
nivel nacional
BLAS A. BUENDÍA
Luego de más de ocho décadas de rezagos jurídicos, la
Cámara de Diputados avaló, en lo general y en lo particular, el dictamen a la
minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares,
para homologar los ordenamientos a nivel nacional, priorizando la oralidad y el
efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita,
garantizando el apego a los derechos humanos.
Dicha codificación será de orden público, interés
social y observancia general en todo el territorio nacional, cuya finalidad es
establecer la regulación procesal civil y familiar, con base en los derechos
humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
El documento, enviado al Ejecutivo Federal para sus
efectos constitucionales, consta de 1,191 artículos divididos en 10 libros, 43
capítulos y 81 secciones, con un total de 20 artículos transitorios previstos
para su implementación.
Fue avalado por unanimidad, tanto en lo general como
en lo particular con 481 votos a favor. En la discusión en lo particular se
presentaron propuestas de modificación a los artículos 4, 506 y 509, así como
al segundo y sexto transitorios del proyecto de decreto.
El dictamen que en primera instancia fue presentado
por iniciativa por la CONATRIB (Comisión Nacional de Tribunales Superiores de
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos), que dirige el magistrado Rafael
Guerra Álvarez, precisa que el sistema de impartición de justicia en materias
civil y familiar será adversarial, democrático y oral.
En este sentido, el también presidente del Poder
Judicial de la Ciudad de México, exaltó esta histórica reforma al reunificar
los Códigos Civil y familiar, por lo que consideró que la CONATRIB y todos los
tribunales de la Nación contribuyeron en hacer las enmiendas contemporáneas,
toda vez que se contará con las tecnologías de la información en la impartición
de justicia, un sistema impugnativo que permita aprovechar los beneficios de la
oralidad y, en general, procedimientos más respetuosos de los derechos humanos.
El nuevo Código, recordó, tiene 12 componentes
principales, como son el sistema de impartición de justicia en materia civil y
familiar; el de la competencia objetiva y subjetiva; y el de disposiciones
comunes en procedimientos civiles y familiares, entre otros.
El documento en referencia, contempla y regula las
acciones colectivas para la defensa y protección de los derechos e intereses
colectivos que serán ejercidas ante los órganos jurisdiccionales de la
Federación en el ámbito federal y sólo podrán promoverse en materia de
relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio
ambiente.
Considera que todos los procedimientos judiciales y
los trámites que los integran, del orden civil y familiar, podrán tramitarse en
línea y, en su caso, celebrarse todas o algunas audiencias a distancia,
presentarse promociones y emitirse resoluciones electrónicas, así como
autenticarse las mismas con firma electrónica certificada.
Menciona que la finalidad es la transición de una
diversidad de legislaciones procesales hacia la instauración de un modelo
único, prioriza la resolución del fondo del conflicto por encima de las
formalidades procesales, contempla el enfoque social y aprovecha las
herramientas tecnológicas como medio para mejorar la accesibilidad a la
justicia.
Además, señala que el uso auxiliar de la justicia
alternativa permitirá reducir la saturación de los sistemas de impartición de
justicia en el ámbito local y cumplir con el deber estatal de resolver las
controversias que se originen entre los particulares.
Será un instrumento de pacificación
En la fundamentación, el presidente de la Comisión de
Justicia, diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), señaló que “este es el
avance jurídico legislativo más importante de los últimos años”; el nuevo
Código es la legislación más importante en materia jurídica desde la reforma
penal de 2008, pero ésta “es de mucho mayor calado”.
Indicó que se habla en el país de acerca de un millón
500 mil litigios; de esa cifra, el 64% es de la materia civil y familiar.
“Estamos de problemas cotidianos y de todos los días. Lo que estamos aprobando
son las nuevas reglas de los juicios y las implicaciones que esto tiene en la
sociedad. No podemos hablar de gobernabilidad y armonía social, si no hablamos
de justicia”.
Si bien subrayó que este Código se puede convertir en
un verdadero instrumento de pacificación social y avanzamos en una lucha
histórica a favor de las mujeres, ponderó que con él, se puede dar en meses un
proceso de adopción; agrega el concepto de juicios sumarios orales, para que
los Consejos de la Judicatura y los poderes judiciales en los estados decidan
cuáles de estos procesos civiles se podrán dirimir en menos de 30 días y de
manera oral, y avanza de la parte escrita a la totalidad de la oralidad de los
juicios, a la digitalización de los juicios. En este nuevo Código se logra la
agilización.
Dijo que este proceso no acaba aquí, pues para que el
Código entre en vigencia pasarán 4 años, 4 años de vacatio legis.
“Yo los exhorto a que este producto ya terminado se pueda socializar en los
estados, en las legislaturas, con los Tribunales Superiores de Justicia, a fin
garantizar el acceso a la justicia para las y los mexicanos y, sobre todo, de
quien más lo necesita”.
Parteaguas en justicia cotidiana
En los posicionamientos, la diputada Aleida Alavez
Ruiz (Morena) enfatizó que este Código Nacional de Procedimientos Civiles y
Familiares “sin duda alguna, es un parteaguas a nivel nacional en la aplicación
de justicia cotidiana”.
Aseguró que “damos un cuerpo normativo que esperamos
trascienda en tiempo, pero sobre todo que nos acerque a la pacificación social
y al ideal de justicia pronta y expedita para todas y todos los ciudadanos. Es
una gran aportación de esta Legislatura”, encumbró.
Explicó que con este código a nivel nacional los
procedimientos de orden civil y familiar deberán ajustarse a los mismos
parámetros de forma tal que, independientemente del orden de gobierno, ya sea
federal o local, existirán los mismos procedimientos, lo que incluye, entre
otras cuestiones, sus denominaciones, plazos procesales y medios de
impugnación. Destacó que la regulación de la justicia civil y justicia familiar
se realizará en libros separados.
Mecanismo útil
Del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la
diputada Lizbeth Mata Lozano expresó que se está ante un momento histórico, al
legislar la justicia cotidiana y la impartición de justicia, el mecanismo más
útil para resolver cualquier conflicto ante los individuos.
En México, de acuerdo con el Censo Nacional de
Impartición de Justicia Estatal del INEGI-2019, más de 65% de los asuntos
ingresados en primera instancia fueron en esta materia (27% civil y 39%
familiar).
Por ello, afirmó, es necesario actualizar la
legislación, creando un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares,
“documento que ha sido posible aterrizarlo por el trabajo de la sociedad civil,
de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y diversos colectivos; es
una iniciativa de la sociedad y para la sociedad y representa una justicia que
requieren todos los ciudadanos en lo cotidiano y en el día a día”.
Beneficiará miles de mexicanos
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) dijo que el
Código Nacional es muestra de que “en el Congreso sí se hacen las cosas bien y
se construyen grandes instrumentos jurídicos en beneficio de las y los
mexicanos. Brinda la oportunidad de dejar un legado legislativo significativo
para todas y todos", reseñó.
Puntualizó que su Grupo Parlamentario celebra la
aprobación de este dictamen y adelantó que el voto será a favor; sin embargo,
agregó, es indispensable la infraestructura, inmobiliario y la capacitación
para juzgadores y litigantes, para lo cual se requiere presupuesto. “Parte
importante del éxito de la implementación de este nuevo Código se resume en
presupuesto”.
Gran logro y de trascendencia
federal su aprobación
Sonia Mendoza Díaz, diputada del PVEM, destacó que
este Código es de trascendencia, ya que tiene 1,191 artículos con 20
transitorios. “Es un gran logro aprobarlo”. Detalló que algunos de los
objetivos más importantes es que “viene a solucionar de fondo los juicios y
revalora el principio constitucional que establece el deber de los tribunales
de administrar justicia pronta, rápida que le solucione el conflicto a los
ciudadanos”.
Argumentó que la expedición del Código facilitará el
desarrollo de procedimientos en materia civil y familiar y se incorporan los
principios de oralidad, inmediación, publicidad, igualdad, contradicción y
continuidad.
Se garantiza que las personas juzgadoras y servidores
públicos y operadores del sistema de justicia otorguen un trato adecuado a las
personas en condición de vulnerabilidad.
Renovación procesal
Mary Carmen Bernal Martínez, diputada del PT, afirmó
que no es menor lo que se apruebó, pues además de ser uno de los cuerpos
legislativos más completos será uno de los más importantes con amplio beneficio
e impacto en las ciudadanas y los ciudadanos; será uno de los mejores
instrumentos jurídicos para resolver las necesidades y conflictos entre los
particulares de la justicia cotidiana.
Indicó que este instrumento renueva completamente los
procedimientos en materia civil y familiar, privilegia la oralidad, la
protección de algunos grupos y sectores vulnerables, establece el uso y aprovechamiento
de las tecnologías de la información, propone que las notificaciones sean a
través de correo, con excepción del emplazamiento, el cual debe ser de forma
personal, y plantea la creación de una plataforma digital para registrar
actores, demandados y juicios.
Un paso para conseguir la paz
El diputado Braulio López Ochoa Mijares (MC) afirmó
que el Código Nacional tiene varios beneficios. Comentó que la justicia digital
permite facilitar y agilizar los procedimientos, también, establece los
principios de elegibilidad, equivalencia funcional, neutralidad tecnológica y
seguridad en la información.
“Lo que importa aquí es que la deliberación gana, la
escucha gana, la razón gana, y este es un triunfo de la gente que busca
construir un país mejor y por eso se logran estos buenos resultados. Resolver
lo cotidiano es un paso enorme para conseguir la paz en el país”, subrayó.
Mejoramiento acceso a la justicia
La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) aseveró que
el dictamen “representa un clamor de la ciudadanía en el mejoramiento del
acceso a la justicia en la denominada justicia cotidiana”, la cual con este
nuevo Código tendrá una visión con perspectiva de género y apego total a los
derechos humanos. “Hoy damos un gran avance en la defensa de los derechos
humanos y atendemos los reclamos de las mujeres que han sido
invisibilizados”.
Precisó que “estamos hablando del acceso a la justicia
digital, de la homogenización de plazos y procesos a nivel nacional, la
implementación de un sistema de ejecución de sentencia breve por audiencias; se
prepondera el principio de igualdad entre las partes y no discriminación
durante todas las etapas del juicio”.
Resaltó que cuando se traten de personas con
discapacidad se adopta el modelo social dejando a un lado los juicios de
interdictos y se obliga a que se juzgue con perspectiva de infancia y
adolescencia.
Posturas a favor
El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI)
consideró que sin duda el Código traerá, después de más de 80 años de vigencia,
la oportunidad de tener una sola codificación para las entidades federativas.
“Adecuamos el sistema de justicia a los nuevos
tiempos, al uso de la tecnología de la información y la comunicación como vías
en tiempos de pandemia para acercar a la ciudadanía a la justicia”.
La diputada Kathia María Bolio Pinelo (PAN) afirmó que
es una deuda histórica del Poder Legislativo para la solución de controversias
jurídicas entre particulares. “Hoy damos un gran paso para acercar certeza
jurídica y garantizar justicia, principalmente a menores, mujeres, a grupos en
situación de vulnerabilidad, al garantizar el dictamen justicia con perspectiva
de género y derechos humanos”.
Reginaldo Sandoval Flores, diputado del PT, celebró
que hoy se apruebe este Código, el cual “es una verdadera revolución en la ruta
de la justicia desde el ámbito judicial”.
Destacó la creación de la plataforma digital Sistema
Nacional de Información Jurisdiccional; no obstante, pidió ponerse de acuerdo
para darle recursos con claridad.
La diputada Julieta Mejía Ibáñez (MC) resaltó que se
está por agilizar más del 70% de los juicios del país; habrá simplificación de
los procedimientos de justicia cotidiana y se da respuesta a un reclamo social,
con un nuevo Código.
Su aprobación es un gran avance para mejorar la vida
cotidiana de todos los mexicanos. “Nos acercamos a tener una justicia pronta,
completa y gratuita; es un avance para escuchar a las víctimas. Es una reforma
progresista”.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM)
sostuvo que el Código será “la aportación más importante de esta Legislatura;
es una reforma de gran calado, ya que el 70% de los juicios en México serán
resueltos por este Código”. Aseguró que representa un gran paso en la
modernización del andamiaje jurídico para facilitar la justicia cotidiana.
Evangelina Moreno Guerra, diputada de Morena, apuntó
que la expedición del Código “marcará un antes y un después de la impartición
de justicia en materia civil y familiar”.
Puntualizó que contar con un modelo único
procedimental, además de homologar criterios y simplificar procesos, garantiza
el derecho de todas las personas al acceso a la justicia. “Es un Código
progresista”, remarcó.
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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