Intensa capacitación en perspectiva de género y DH en el PJCDMX

*** Inician en mayo un total de 43 actividades, entre cursos, talleres y diplomados, tendentes a promover, difundir y fomentar la aplicación del enfoque de perspectiva de género y de derechos humanos entre el personal jurisdiccional, de apoyo judicial y administrativo
*** Este esfuerzo de capacitación se enmarca en el Programa para Fortalecer el Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México 2024; coadyuvarán en las actividades nueve organizaciones e instituciones, entre otras, ONU-Mujeres, Amnistía Internacional y la Organización Internacional para las Migraciones
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), encabezado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, iniciará una intensa campaña de capacitación, compuesta por 43 actividades, entre cursos, talleres y diplomados, con el objetivo de promover, difundir y fomentar la aplicación del enfoque de perspectiva de género y de derechos humanos entre el personal jurisdiccional, de apoyo judicial y administrativo.
En el marco del Programa para Fortalecer el Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México-2024, nueve organizaciones e instituciones coadyuvarán con la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos (DEOCyDH) del órgano judicial, en la impartición de estas actividades de capacitación.
Se trata de cursos, talleres y diplomados que serán impartidos de manera presencial y otros en línea, los cuales se desarrollarán entre los meses de mayo y octubre próximos, con los cuales se busca brindar a las y los servidores públicos más y mejores herramientas en los rubros de perspectiva de género y derechos humanos.
El Programa para Fortalecer el Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México-2024, se basa en cuatro ejes fundamentales: capacitación, difusión, publicación de contenidos y eventos; todos estos, tendentes a la visualizar, proteger y garantizar la igualdad de género de todas las personas y el respeto a los derechos humanos, en especial de aquellas que integran grupos vulnerables.
Por lo que hace a igualdad de género, se impartirán los diplomados Derechos humanos desde la perspectiva de género, así como Impartición de justicia con Perspectiva de Género; entre otros, los talleres Redacción de sentencias con perspectiva de género y ¿Cómo usar el indicador de perspectiva de género en el Sistema de Versiones Públicas (SIEVP)?
Además, los cursos Yo sé de género 1-2-3: conceptos básicos de género; Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas por razones de género; Género y derechos humanos, así como Acceso a la justicia con perspectiva de género, así como Comunicación incluyente y no sexista.
En el rubro de derechos humanos, los diplomados Enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia y Desarrollo integral con perspectiva de derechos humanos; los talleres Protocolo de atención a personas mayores en el Poder Judicial de la Ciudad de México y Protocolo para personas con discapacidad psicosocial e intelectual.
Asimismo, los cursos Lectura fácil. Introducción a la adaptación; Introducción a los trastornos del espectro del autismo; Protección y asistencia para migrantes vulnerables a la violencia, la explotación y el abuso, y La seguridad digital y los derechos humanos, entre otros.
En total, 43 actividades que serán impartidas por personal de la DEOCyDH, pero también integrantes de las siguientes instituciones y organizaciones: el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de las Mujeres local, ONU-Mujeres, Inclusión Plena (España), Amnistía Internacional y la Organización Internacional para las Migraciones.
 
Reportero Free Lance *
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El ámbito espacial jurídico

*** Incompetencia por territorio, las personas juzgadoras deben abstenerse de plantearla al recibir la demanda, detalla el magistrado civilista Élfego Bautista Pardo, en su espacio Así es el Derecho

 
BLAS A. BUENDÍA *

Juan Carlos Martínez

Editor: El Corredor Informativo

Los criterios legales para definir la competencia territorial se fundan en los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, equidad procesal que debe existir entre las partes en el juicio y acceso a la jurisdicción establecidos, respectivamente en los artículos 1º, 14 segundo párrafo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La competencia por territorio es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, la cual depende de la división territorial que efectúe el Estado para distribuir mejor el trabajo y los recursos económicos, considerando factores geográficos, demográficos y sociales. Este ámbito recibe diferentes denominaciones: circuitos, distritos, partidos judiciales, entre otros, o jurisdicción en el extranjero.
Así, la competencia por razón de territorio es la única legalmente prorrogable mediante el acuerdo contractual relativo, pues el legislador previó que dicha figura fuese prorrogable, lo que significa que se otorgará competencia al juzgador para conocer de un negocio que originalmente carecía de ésta, es decir, se traslada el conocimiento del juicio a un juez que originalmente y de acuerdo con la ley, carecía de atribuciones, previo acuerdo entre las partes para su desplazamiento.
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la Tesis 1ª/J. 30/2024. 11ª., en la que, como criterio jurídico, estableció que, al emitir la primera actuación en un asunto las personas juzgadoras deben abstenerse de plantear su incompetencia legal por razón de territorio cuando opera la aceptación tácita de las partes a su jurisdicción en los casos donde las partes pueden elegir al órgano jurisdiccional por virtud de la competencia prorrogada.
Lo anterior se debe a que de conformidad con lo previsto en los artículos 1094 del Código de Comercio y 23 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que la competencia territorial puede ser prorrogable por mutuo consentimiento de las partes y, además, existe la posibilidad de sumisión tácita de la parte promovente cuando presenta su demanda ante determinado órgano jurisdiccional, así como de la parte demandada al contestar la demanda sin hacer valer la excepción de incompetencia.
Bajo esa tesitura, la presentación de una demanda en la que la parte actora se somete tácitamente a la jurisdicción de determinado órgano jurisdiccional, en los casos donde se puede prorrogar la competencia territorial, implica la renuncia a cualquier otra competencia, la que puede ser coincidente con la intención de la parte demandada de someterse tácitamente a la competencia de ese juzgado o tribunal.
En ese supuesto, el órgano jurisdiccional deberá dar trámite a la demanda para que se otorgue la oportunidad a la parte demandada de someterse tácitamente a esa jurisdicción, en los supuestos de competencia prorrogada o, en su caso, que haga valer las excepciones de incompetencia.
De lo contrario, si desde el primer acuerdo que emita el órgano jurisdiccional resolviera no conocer del juicio que la parte actora ha decidido promover en su jurisdicción, eliminaría la figura de la sumisión tácita, en contravención al derecho de acceso a la justicia de las personas.
Así es el Derecho, puntualizó el maestro y magistrado civilista Élfego Bautista Pardo, titular de la Tercera Ponencia de la Quinta Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, que encabeza el magistrado penalista Rafael Guerra Álvarez.
 
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PJCDMX ya es el más grande del mundo: Guerra Álvarez

*** Esto, dijo, de acuerdo con la Organización Internacional de Magistrados, derivado de las materias que ha sumado a su jurisdicción: laboral, tutela de derechos humanos y Sala Constitucional; en reunión con jueces de control, enfatizó que esto es motivo para sentir orgullo

 
BLAS A. BUENDÍA *
 
Ante jueces de control, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, destacó que el órgano judicial capitalino ya es el más grande no solo de América Latina, sino del mundo, de acuerdo con la Organización Internacional de Magistrados.
Al reunirse con los impartidores de justicia, explicó que esto deriva de las materias que ha sumado el Tribunal Superior de Justicia capitalino a su jurisdicción, es decir, laboral, tutela de derechos humanos y Sala Constitucional, y enfatizó que esto es motivo para sentir orgullo, porque forma parte del órgano judicial más grande del orbe.
Para dimensionar la labor cotidiana de la institución, recordó que recientemente se difundió que tan solo en enero pasado el Tribunal emitió 402,235 acuerdos a través de juzgados y unidades de gestión judicial, mismo periodo en el que se dictaron 6,394 sentencias y en el que ingresaron 26,231 expedientes.
En diálogo con los impartidores de justicia del sistema procesal penal acusatorio, asimismo enfatizó el control y paz social con los que contribuyen al dictar sus resoluciones, y les reiteró que al emitir estas piensen en la sociedad y en su seguridad, más allá de sus capacidades que como juristas poseen.
Guerra Álvarez también destacó su papel en el tema de la capacitación en oralidad en la que han contribuido ahora que en el PJCDMX se está realizando la importante labor de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Dijo que, aunque son materias diferentes, al final de cuentas lo importante es su experiencia en la oralidad, y destacó que gran parte de los jueces de control cuentan en su haber con dos mil audiencias presididas.
Previo a un recorrido que realizó por las cinco unidades de gestión judicial ubicadas en la calle de Dr. Lavista, acompañado por consejeros de la Judicatura y titulares de áreas administrativas y de apoyo judicial, el también presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México señaló la importancia de la oralidad y de la justicia en línea hacia la que transita el órgano judicial capitalino.
La oralidad será total, abundó, y recordó que en materia de digitalización de expedientes el PJCDMX, a la fecha, ha digitalizado 323 mil 872 expedientes, que son la totalidad de todas las materias; esto representa, puntualizó, la digitalización de 327 millones de imágenes.
Antes de reunirse con las y los jueces, Guerra Álvarez encabezó el izamiento de la bandera en la Ciudad Judicial.
 
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Alienta PJCDMX revinculación familiar

*** Esto, entre integrantes de familias cuyos progenitores están inmersos en un juicio de divorcio
*** Se orienta a madres y padres respecto a la importancia del derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia y de convivencia con el progenitor que no ostenta la guarda y custodia, así como con su familia extensa
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
Profesionales multidisciplinarios del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez, orientan a madres y padres inmersos en un juicio de divorcio respecto a la importancia del derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia y de convivencia con el progenitor que no ostenta la guarda y custodia, así como con su familia extensa.
Esto, a través del Programa de Revinculación Familiar del Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM), de la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial (CIEAJ) del órgano judicial capitalino, como un servicio único e innovador que subraya la importancia para los menores de edad sobre el régimen de visitas y convivencias, en tanto se desarrolla el juicio de divorcio.
Transitorio y multidisciplinario, el programa también tiene como objetivo acompañar y contener a los integrantes de la familia, en especial niñas, niños y adolescentes, y, además, que los profesionales de la Coordinación emitan recomendaciones que faciliten el cumplimiento de régimen de visitas y convivencias de una manera asertiva e independiente.
El programa inicia con una entrevista diagnóstica cuya finalidad es la de conocer las necesidades específicas de la familia, y se compone de cuatro fases de convivencia; las dos primeras se desarrollan dentro de los inmuebles del PJCDMX, los cuales cuentan con instalaciones y material lúdico apto para el desarrollo de los encuentros, acorde a las etapas del desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.
La tercera fase de convivencias se realiza en el Parque La Hormiga del Bosque de Chapultepec, con cuyas autoridades se tiene una colaboración tendente a lograr una convivencia entre los menores de edad y su progenitor no custodio en un espacio abierto y seguro.
Esta fase tiene como finalidad que los integrantes de la familia puedan consolidar su confianza para transitar hacia la fase cuatro, que se caracteriza por desarrollarse fuera de las instalaciones tanto de las instalaciones del PJCDMX como del Parque La Hormiga, y es el preámbulo para una convivencia libre.
Se debe señalar que las familias, acorde a sus propias necesidades, pueden o no transitar en todas las fases del Programa de Revinculación Familiar hasta alcanzar la independencia del CECOFAM, dependiente del órgano judicial cuyo titular es el magistrado Guerra Álvarez.
El citado programa del CIEAJ, cuya titular es Mariana Ortiz Castañares, apoya a los integrantes de las familias a la realización de las convivencias a través de talleres psicoeducativos, actividades colectivas, pláticas asistidas y coordinación parental; esto, con el fin de que los involucrados logren la adquisición de conocimientos y herramientas que les permitan favorecer la revinculación familiar, la comunicación y el establecimiento de acuerdos entre los progenitores en beneficio del desarrollo biopsicosocial de las niñas, niños y adolescentes.
 
Reportero Free Lance *
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Retos de la UNAM

*** 1968-2024
*** Con desagradable dolor, aún se recuerda el paso de los féretros de aquellos compañeros estudiantes que ultimó un Ejército manipulado por el poder presidencial
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
El abogado Alberto Woolrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A. C., presentó una analogía particularmente del Movimiento Estudiantil de 1968, que con el transcurrir del tiempo, la UNAM no ha quedado exenta de las asechanzas de enemigos fortuitos enquistados en sus aulas para destruir su autonomía.
Cita: Recuerdo como si tuvieran lugar ahora las destacadas enseñanzas de Ricardo Franco Guzmán en nuestras aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con asistencia de Francisco Guillén Bribiesca y de varios penalistas que respetaban el Código Penal, apenas horas después de aquel movimiento social en 1968.
Don Ricardo Franco Guzmán, a la sazón brillante abogado postulante, y que tantas veces había defendido con éxito a sus clientes en condiciones no siempre favorables por los abusos de autoridad, pero siempre coherente y comprometido con la dignidad y con su labor profesional en forma abierta y sin reservas, nos decía:
“Asistimos  a un Movimiento un tanto confuso por la situación de tensión vivida al haber el Ejército Mexicano vulnerado nuestra Soberanía Universitaria”, hechos deshonrosos que aplaudió el gobierno, al igual que aplaudían el paso de los féretros de aquellos compañeros estudiantes que ultimaron.
Tras largas pausas cargadas de emoción, también afirmaba: “La dignidad de la Universidad debe volver la espalda a quien violó nuestra casa de estudios, pero también como universitarios, estamos obligados a volver la espalda a ese grupo de seudo estudiantes que pretenden destruir nuestras instituciones democráticas mediante el uso de las armas y las denostaciones que efectúan a los mexicanos que defienden nuestra soberanía para evitar la infiltración de ideologías ajenas a nuestras costumbres, tradiciones y leyes”.
Como estudiantes de la Facultad de Derecho ante todo —rememoró el abogado Woolrich— “deben de analizar con claridad la exposición de ideas que efectúa ese grupúsculo de interesados en derrocar al gobierno, la dureza de conceptos, para echar por tierra la libertad que pregona nuestra Constitución Política; y, todo ello, de cara a la justicia y a México”.
En estos momentos que transitamos “tenemos que reafirmar en que ese modelo de nuestro Pacto Federal es lo que requiere la justicia de nuestro México”, apuntó.
Y continuó: En aquellos días de pestilentes proclamas de aquellos interesados en destruir las instituciones, Don Ricardo Franco Guzmán nos precisaba que “las prácticas democráticas vitales —proveer justicia, pedir cuentas, rechazar arbitrariedades, desdeñar la corrupción—, sólo cobraban sentido en la medida en que los abogados litigantes participáramos e interactuáramos frente al peligro de la militarización, oligarquización y de corrupciones de los órganos de decisión institucional instalados en la lógica del poder, se debe procurar que la abogacía independiente de la República participe y  tenga en cuenta un fuerte compromiso de apertura para que se cumpla con el Pacto de Carranza, ya que con ello se evitarían peligrosas disfunciones del sistema político”.
Puntualizó: Don Ricardo Franco Guzmán, en su calidad de Presidente Vitalicio de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, ahora nos convoca, al igual que en 1968 a respetar a nuestra Carta de Carranza y en dicha convocatoria incluye a abogados, gobernantes y gobernados.
“¡Es cuánto!”, puntualizó el prestigiado abogado Alberto Woolrich Ortiz.
 
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Dinamismo en el PJCDMX

*** En tan solo un mes, emitió 402,235 acuerdos y 6,349 sentencias; en enero pasado, asimismo, al órgano judicial ingresaron 26,231 expedientes, y se iniciaron 19,547 juicios; en el mismo periodo se realizaron un total de 15,587 audiencias
*** El Sistema de Justicia Digital sigue adaptándose a las nuevas realidades tecnológicas para mejorar la eficiencia y accesibilidad del aparato autónomo judicial en la capital de la República Mexicana
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
Un total de 402,235 acuerdos emitió el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), encabezado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, tan solo en el mes de enero pasado, a través de juzgados y unidades de gestión judicial, mismo periodo en el que se dictaron 6,394 sentencias y en el que ingresaron 26,231 expedientes.
Esta extensa carga de trabajo desahogada por los órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia, el más grande de América Latina, se desprende de cifras de la Dirección de Estadística de la Presidencia del órgano judicial, las cuales indican, asimismo, que se iniciaron en juzgados y a través de unidades de gestión judicial 19,547 juicios, y se concluyeron 12,768 asuntos, en tanto que se realizaron un total de 15,587 audiencias.
En relación a la materia laboral, de la que conoce el órgano judicial capitalino a partir de octubre de 2022, el PJCDMX emitió 5,642, acuerdos en asuntos individuales y 170 en asuntos colectivos.
Por lo que hace a sentencias, 48 en asuntos individuales, y en cuanto a expedientes ingresados, 1,873 de laboral en asuntos individuales y 25 de asuntos colectivos.
En el rubro de juicios iniciados, 1,598 en asuntos individuales, y 23 en asuntos colectivos; asuntos concluidos, 187 en asuntos individuales y 32 en asuntos colectivos. Por lo que hace a audiencias, 240 en asuntos individuales y 79 en asuntos colectivos.
De los 402,235 acuerdos emitidos, 314,053 fueron del sistema tradicional y 88,182 del sistema oral; por lo que hace al primero, 150,942 corresponden a la materia civil; 147,367, a la familiar; 9,318 a ejecución de sanciones penales; 5,805, a la penal; 383, a penal de delitos no graves; 160, a tutela de derechos humanos, 78 a justicia para adolescentes.
Por lo que hace a los acuerdos del sistema oral, 37,846 fueron de la materia civil; 27,479, penal; 13,860, ejecución de sanciones penales; 1,604, justicia para adolescentes, y 1,581, familiar.
En cuanto a las 6,394 sentencias, 5,047 fueron del sistema tradicional y 1,347 del sistema oral; por lo que hace al primero, 2,513 corresponden a familiar; 2,508 a civil; 23 a penal (20 condenatorias y 3 absolutorias); 2 a tutela de derechos humanos, y 1 a penal de delitos no graves (condenatoria). Por lo que hace al oral, 609 fueron de la materia civil; 405, penal (376 condenatorias y 29 absolutorias); 279, familiar, y 6, justicia para adolescentes (5 condenatorias y 1 absolutoria).
Respecto a los 26,231 expedientes ingresados, 17,751 fueron al sistema tradicional y 8,480 al sistema oral; en relación a los primeros, 9,597 a la materia civil; 7,588, familiar; 485, ejecución de sanciones penales; 63, penal; 15, penal de delitos no graves, y 3, tutela de derechos humanos; por lo que hace al sistema oral, 2,439, a la materia civil; 2,826, penal; 910, familiar oral; 378, ejecución, y 29, justicia para adolescentes.
De los 19,547 juicios iniciados, 13,466 corresponden al sistema tradicional y 6,081 al sistema oral; en cuanto al primero, 8,198 fueron de la materia civil; 4,827, familiar; 434, ejecución de sanciones penales; 5, tutela de derechos humanos; 1, penal, y 1, penal de delitos no graves. Del sistema oral, 2,037, civil; 1,535, penal; 537, familiar; 326, especializado en ejecución de sanciones penales; 19, justicia para adolescentes, y 6, especializado en ejecución de medidas sancionadoras.
De los 12,768 asuntos concluidos, del sistema tradicional fueron 8,843 y del oral 3,925; respecto al tradicional, 5,644 corresponden a la materia civil; 3,035, familiar; 85, ejecución de sanciones penales; 47, penal; 30, penal de delitos no graves, y 2, tutela de derechos humanos. En cuanto al oral, 1,575, a penal; 1,508, civil; 336, familiar; 247, especializado en ejecución de sanciones penales, y 40, adolescentes.
En el rubro de las 15,587 audiencias, del sistema tradicional fueron 8,922 y del sistema oral 6,665. En cuanto al primero, 4,736, de la materia familiar; 3,756 civil; 251, penal; 158, ejecución de sanciones penales; 16, penal de delitos no graves; 4, tutela de derechos humanos, y 1, justicia para adolescentes. Por lo que hace al segundo, 4,489, penal; 1,125 civil; 430, familiar; 231, especializado en ejecución de sanciones penales, y 71, justicia para adolescentes.
De tal suerte que el Poder Judicial de la Ciudad de México sigue siendo uno de los órganos autónomos que mayor número de trabajo desarrolla cotidianamente, pues su tarea fundamental es la de impartir justicia imparcial y gratuita, lo que legitima su campo de acción ante una sociedad democrática cada día más demandante.
Asimismo, el Sistema de Justicia Digital aprobado en la Ciudad de México es una medida que busca modernizar y agilizar la impartición de justicia mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Aquí están los aspectos clave:
Implementación Tecnológica: Los organismos encargados de impartir justicia, como el Poder Judicial de la CDMX, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Electoral, el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, y el Tribunal de Justicia Administrativa, pueden adoptar progresivamente un sistema de justicia en línea. Esto implica utilizar plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas para modernizar y mejorar el funcionamiento del sistema judicial.
Expediente Digital: Se debe implementar un expediente digital, que incluye el uso de sellos electrónicos. Además, se establecerá una Oficialía de Partes Virtual para recibir comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias, notificaciones y otras diligencias judiciales a través del correo electrónico.
Beneficios: La justicia electrónica permitirá: Reactivar y agilizar la impartición de justicia. Generar ahorros económicos. Reducir tiempos y traslados. Cuidar la salud al minimizar la necesidad de presencia física en los juzgados.
En resumen, el Sistema de Justicia Digital sigue adaptándose a las nuevas realidades tecnológicas para mejorar la eficiencia y accesibilidad del aparato autónomo judicial en la capital de la República Mexicana, con un amplio dinamismo.
 
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La División de Poderes se encuentra en un punto crítico

*** Alertó el ministro Juan Luis González Alcántara-Carrancá, en la conferencia inaugural del Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2024, organizada por el Poder Judicial de la Ciudad de México
*** “Es notorio en sistemas presidenciales, en donde los titulares del Ejecutivo gozan de un púlpito privilegiado desde el cual pueden, si se lo proponen, emprender ataques poderosos para cuestiona la legitimidad de la judicatura que no cuenta con un foro equiparable para responder”, subrayó
 
BLAS A.BUENDÍA *
 

Editor: Juan Carlos Martínez

El Corredor Informativo  

El ministro Juan Luis González Alcántara-Carrancá aseguró que los impatidores de justicia (juezas, jueces, magistradas y magistrados) “no son políticos en campaña” y destacó que las sutilezas del desempeño de la función Jurisdiccional se pierden en el discurso político cotidiano para menoscabar su legitimidad.
Al mencionar que la División de Poderes se encuentra en un punto crítico, aclaró que “no son propiamente el gobierno, pero tampoco son la oposición en el sentido específico en que se suelen utilizar, por lo menos en nuestro país, en estos términos”.
El respeto a su independencia —precisó— exige a los integrantes de los otros poderes (Ejecutivo y Legislativo), el conocer esta distinción, distinción central de la naturaleza de sus funciones y abordar el dialogo institucional, pero de buena fe.
Ejemplificó: “Cuando una persona acusada por un delito grave, es liberada con base en las violaciones procedimentales, es muy fácil esgrimir acusaciones en contra de todo el tribunal que tomó la decisión”.
En su ponencia magistral, el también ex presidente del entonces Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con base a su experiencia jurídica, subrayó que al desempeñar una función técnica, la Judicatura es vulnerable a ataques de las ramas políticas del gobierno, ante la dificultad del lenguaje que utiliza.
Concretó: “Esto es notorio en sistemas presidenciales, en donde los titulares del Ejecutivo gozan de un púlpito privilegiado desde el cual pueden, si se lo proponen, emprender ataques poderosos para cuestiona la legitimidad de la judicatura que no cuenta con un foro equiparable para responder”.
Y puntualizó: “El estado de Derecho en general y la División de Poderes, se encuentra en punto crítico que demanda soluciones inmediatas”.
 
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