martes, 20 de febrero de 2024

Jueces de ejecución del PJCDMX, facultados para actuar en defensa de derechos de reos

Jueces de ejecución del PJCDMX, facultados para actuar en defensa de derechos de reos

*** El juez de la materia del órgano judicial capitalino, Jorge Osornio Alvarado, dijo que este tipo de impartidores de justicia no sólo resuelven sobre los beneficios que solicitan las personas en reclusión
*** Incluso sus familiares hasta en cuarto grado, precisó, pueden hacer del conocimiento del juez de la vulneración a sus derechos, según se establece en la Ley Nacional de Ejecución Penal
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
Los jueces de ejecución de sanciones penales no sólo se encargan de resolver sobre los beneficios penitenciarios que solicitan las personas en reclusión, ya que también están facultados para actuar cuando en casos en los que estas consideran vulnerados sus derechos al interior de los reclusorios, afirmó el juez de esa materia, Jorge Osornio Alvarado, del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez.
“La gente no se da cuenta que estamos aquí (los jueces de ejecución de sanciones penales) para poder ayudarles si existe alguna inconformidad, si los golpean, si los castigan a cada rato; si llegan a sus dormitorios y ahí les ponen un celular o droga y los culpan a ellos”, dijo.
El impartidor de justicia consideró que las personas privadas de la libertad no acuden al juez de sanciones penales para denunciar la vulneración a sus derechos por desconocimiento, o incluso por temor a sufrir restricciones por parte de la autoridad penitenciaria, como salidas al patio, o represalias como un cambio de dormitorio.
Precisó que los reos o sus familiares hasta en cuarto grado pueden hacer del conocimiento del juez de ejecución de sanciones de situaciones que vulneren sus derechos humanos en reclusión, acorde a lo estipulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que se resuelva la controversia.
Osornio Alvarado aseguró que las personas privadas de la libertad deben dejar de lado cualquier tipo de miedo, al subrayar que “si no hacemos cosas diferentes no va a pasar nada diferente y van a seguir exactamente en lo mismo”.
Mencionó que cuando los reos hacen del conocimiento a la autoridad penitenciaria de manera directa alguna vulneración a sus derechos, y ésta les da una respuesta negativa a sus intereses, o no le contesta, también puede hacerlo del conocimiento del juez de ejecución de sanciones penales.
Detalló que en el PJCDMX hay en funciones 42 juzgadores de ejecución de sanciones, de los cuales 36 pertenecen al sistema procesal penal acusatorio, cuatro en el sistema mixto y dos especializados en justicia para adolescentes.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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Lineamientos garantizan en el PJCDMX respeto a derechos humanos de indígenas

Lineamientos garantizan en el PJCDMX respeto a derechos humanos de indígenas

*** El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México emitió este mes los lineamientos para la prestación de los servicios de interpretación, traducción, opinión técnica, dictamen cultural o dictamen lingüístico, con los que se da certidumbre jurídica a las personas indígenas que son parte en un proceso judicial
·*** Estos, son de carácter obligatorio para los servidores públicos intervinientes, con los cuales, además, se garantiza el debido proceso y una impartición de justicia en condiciones de igualdad y no discriminación
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
Para dar certidumbre jurídica, garantizar el debido proceso y el respeto irrestricto a los derechos humanos de personas indígenas que son parte en un juicio, entre éstos a la igualdad y no discriminación, los impartidores de justicia, el personal de apoyo judicial y administrativo del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), que encabeza el magistrado Rafael Guerra Álvarez, cuentan desde este mes con los lineamientos que rigen su actuar en esa materia.
Esto, luego de que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (CJCDMX) emitiera los Lineamientos para los servicios de interpretación, traducción, opinión técnica, dictamen cultural o dictamen lingüístico que presta el Poder Judicial de la Ciudad de México para garantizar la atención efectiva y protección de los derechos de las personas indígenas, en su calidad de actor, demandado, imputado, víctima o testigo.
Aunque esos servicios ya se prestaban, el órgano de administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia de la capital de la República, consideró pertinente emitir los citados lineamientos, a fin establecer disposiciones generales de carácter obligatorio que deberán atenderse al interior de la institución por los servidores públicos que intervienen en la prestación de los servicios señalados.
“Y con ello proteger y garantizar el debido proceso y acceso a una justicia siempre en condiciones de igualdad y no discriminación”, se establece en el documento en el que además se subraya que se deberá garantizar a las personas indígenas “un trato respetuoso, igualitario, digno y sin discriminación, y con ello coadyuvar en la promoción y protección de sus derechos”.
Los lineamientos se componen de tres títulos; el primero, relativo a las disposiciones generales; el segundo, al servicio de interpretación y traducción, y el tercero, a los dictámenes y/o peritajes: opinión técnica, dictamen o peritaje cultural y dictamen lingüístico.
En el documento aprobado se detallan los procedimientos a seguir en la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del órgano judicial capitalino, en aquellos casos en los que personas indígenas, como partes en un proceso jurisdiccional, requieren el servicio de traducción o de interpretación, por petición de ellos mismos, sus defensores o incluso del impartidor de justicia que conoce de su expediente.
Asimismo, en los casos en los que los juzgadores requieren de una opinión técnica, dictamen o peritaje cultural o dictamen lingüístico, que les ayude a conocer y comprender el contexto de la situación de las personas indígenas sujetas a un proceso judicial, ya sea de índole familiar, civil-mercantil, penal o laboral.
Los servicios de interpretación, traducción, opinión técnica, dictamen cultural o dictamen lingüístico prestados a favor de las personas de origen indígena, son cubiertos con recursos económicos del tribunal, que se erogan a favor de especialistas en la materia pertenecientes asociaciones u organizaciones civiles o públicas con las que el órgano judicial capitalino tiene una vinculación institucional para tal efecto.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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Gestión integral de riesgos y protección civil promueven la resiliencia de la población: Guerra Álvarez

 

Gestión integral de riesgos y protección civil promueven la resiliencia de la población: Guerra Álvarez

*** Al firmar de convenio de colaboración con el H. Cuerpo de Bomberos dela Ciudad de México, precisó que a partir de ese instrumento, se generarán bases y mecanismos de asistencia, así como líneas de trabajo que aporten conocimientos en materia de gestión integral de riesgos de desastres y protección civil
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, afirmó que la gestión integral de riesgos y la protección civil promueven la resiliencia de la población, además de que son las herramientas más importantes para enfrentar crisis históricas “como las que hemos podido superar juntos”.
Así lo comentó al firmar un convenio de colaboración con el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, Juan Manuel Pérez Cova, cuyo propósito es generar bases y mecanismos de colaboración, así como líneas de trabajo que aporten conocimientos en materia de gestión integral de riesgos de desastres y protección civil.
Con este instrumento se sientan las bases para generar conocimiento, a partir de entrenamientos básico, intermedio y avanzado para la prevención, combate y extinción de incendios, así como elementos básicos y avanzados de comunicación para brigadistas, primeros auxilios, nociones de búsqueda y rescate en estructuras.
Guerra Álvarez subrayó que el objetivo del acuerdo es generar una cultura en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, a partir de fortalecer los vínculos entre el PJCDMX y el H. Cuerpo de Bomberos, tendentes a promover un perfil de enseñanza y capacitación que se traduzca en seguridad para las vidas humanas.
“Espero que los frutos de este convenio se reflejen no sólo en trabajos de prevención, sino además en una robusta agenda de capacitación, programas de investigación, acuerdos específicos y proyectos de interés en beneficio mutuo”, comentó el jurisconsulto.
En el Salón Constitucional, subrayó el papel de los bomberos y de los integrantes de las brigadas de Protección Civil del PJCDMX: “A nombre de toda la comunidad judicial, agradezco con el mayor reconocimiento y humildad el ejemplo, valor y trabajo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y de nuestras brigadas de Protección Civil. Su vocación de servicio, su valor y profesionalismo son capaces de la hazaña más valiosa concebida por la humanidad: salvar vidas”.
El acuerdo prevé que ambas instituciones aportarán sus conocimientos en materia educativa, científica, tecnológica y de innovación, enfocada a la materia de gestión integral de riesgos y protección civil, con el propósito de establecer un vínculo a partir del cual realicen trabajo de prevención, capacitaciones, programas, acuerdos, proyectos de interés con beneficio mutuo e intercambio de experiencia.
El acto contó con la presencia del cuerpo de brigadistas adscritos a la Dirección de Protección Civil del órgano judicial, de mandos y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, consejeras y consejeros de la Judicatura, magistradas, magistrados, juezas y jueces, así como titulares de áreas de apoyo administrativo y judicial.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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Jueces familiares del PJCDMX resuelven adopciones internacionales de menores


 Jueces familiares del PJCDMX resuelven adopciones internacionales de menores

 
*** Así señaló la jueza Séptimo Familiar del órgano judicial, Margarita Gallegos López, quien recordó que forman parte de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez
*** Esta instancia se formó en 2010, en el seno de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del PJCDMX
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
México cuenta con una red de jueces familiares locales encargados de velar por los menores de edad sujetos a adopción por parte de ciudadanos de otros países, así como de restituirlos a sus familias cuando son sustraídos y llevados a otras naciones o traídos a México sin consentimiento de alguno de sus progenitores, destacó la jueza Séptimo Familiar, Margarita Gallegos López, del Poder Judicial de la Ciudad de México, que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez.
Precisó que, en el caso del Poder Judicial capitalino, son 10 los impartidores de justicia especializados en adopción y restitución internacional de menores, cuyos juzgadores forman parte de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez, creada en 2010, en el seno de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), actualmente presidida también por el magistrado Guerra Álvarez.
Destacó que año con año, a instancias de la CONATRIB, se reúnen los integrantes de la Red para mantener el compromiso y responsabilidad con los temas de adopción y restitución internacional, y, para que, a través de los presidentes de cada uno de los 32 tribunales locales del país, “nos ayuden a tener coordinación” con los jueces de cada entidad federativa.
Gallegos López comentó que México ha signado diversos tratados internacionales, y que, a raíz, de una reforma constitucional de 2011, los instrumentos suscritos se convirtieron en norma de cumplimiento obligatorio para el país.
“(Los tratados) forman parte de la normatividad que debe cumplir México frente a los demás Estados. Por ello es que se empezó a trabajar a partir de ese año (2011) y a dar capacitación a nivel nacional a todos los jueces que teníamos que resolver sobre situaciones de carácter internacional, y pues ya llevamos a cabo 14 reuniones de esta Red”, agregó.
Sobre restitución internacional, mencionó que, acorde a lo señalado por la Convención de Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, el procedimiento no debe durar más de seis semanas. Sin embargo, reconoció que ese plazo se puede prolongar debido a que se llegan a presentar problemas para dar con la localización del progenitor sustractor y con el menor.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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Actuaciones en juicios mercantiles

 

Actuaciones en juicios mercantiles

*** Caducidad de la instancia en juicios orales mercantiles
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
La caducidad de la instancia es institución procesal de orden público, irrenunciable, y no puede ser materia de convenio entre las partes, ya que su objetivo es evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente y se deje al arbitrio de las partes su impulso procesal o su paralización indefinida, dijo el magistrado civilista Élfego Bautista Pardo.
En su análisis político-jurídico Así es el Derecho, donde aborda el tema “Caducidad de la instancia en juicios orales mercantiles, advirtió por lo anterior, que de permitirlo se obstaculizaría la impartición de justicia pronta y expedita  —también de interés público—, y opera de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio, desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, en los plazos establecidos para cada materia, conforme a la legislación aplicable.
Sin embargo, fundamentó, conforme a la Tesis: VII.2o.C.46 C (11a.), publicada el pasado 2 de febrero en el Semanario Judicial de la Federación, en el juicio oral mercantil la fase postulatoria o escrita termina con el desahogo de la vista con la contestación de la demanda o transcurrido el plazo para ello, por lo que una vez concluida no puede operar la caducidad de la instancia, aun en la hipótesis de que hubiera transcurrido el plazo relativo en esa etapa.
Lo anterior, precisó, en virtud de que el artículo 1390 Bis 9 del Código de Comercio, indica que las únicas promociones escritas son la demanda, la contestación, la reconvención, la contestación a la reconvención, el desahogo de vista y la nulidad de actuaciones.
Por lo tanto, explicó, si los querellantes agotan la parte postulatoria o escrita del juicio oral mercantil, la que concluye con la vista con las excepciones y defensas o, en su caso, cuando transcurra el plazo otorgado para desahogarla, conforme al artículo 1390 Bis 20 de dicho ordenamiento, el juez debe señalar de inmediato la fecha y hora para la audiencia preliminar y, por ende, no es dable que terminada esa fase pueda operar la caducidad de la instancia, aun cuando hubiera transcurrido el plazo relativo, pues para ello el juzgador debió decretarla en dicha etapa.
Esa consideración es congruente con los principios de concentración y continuidad, pues tienen como objetivo procurar el desahogo de la mayor cantidad de actuaciones procesales en una sola audiencia o en el menor número de diligencias procesales, tomando en cuenta que las audiencias deben ser ininterrumpidas, se suspenden excepcionalmente en los términos establecidos en la legislación procesal correspondiente, lo que corresponde al juez, conforme al principio de dirección procesal, pues la rectoría del proceso está confinada únicamente a las autoridades jurisdiccionales, según sea el caso, por lo que, independiente de la petición de las partes, el juzgador debe dar continuidad al juicio, lo que impide que opere la caducidad de la instancia.
Se debe considerar el tipo de juicio y etapa en que está, a fin de determinar si se debe solicitar la caducidad de la instancia o no, ante su eventual improcedencia.
En síntesis, el juicio ejecutivo mercantil se lleva a cabo cuando la demanda mercantil se realiza en un documento que es consecuencia de: 1. Sentencia ejecutoria; 2. Instrumentos públicos; 3. Confesión judicial del deudor; 4. Títulos de créditos; 5. Pólizas de seguro de acuerdo a la ley mercantil; 6. Decisión de los peritos: importe del siniestro; y 7. Facturas, cuentas corrientes, firmados por el deudor.
El magistrado Élfego Bautista Pardo, es Titular de la Tercera Ponencia de la Quinta Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, que encabeza el magistrado penalista Rafael Guerra Álvarez.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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A renovar votos de entrega y virtud en PJCDMX: Guerra Álvarez

 

A renovar votos de entrega y virtud en PJCDMX: Guerra Álvarez

*** Así lo planteó el presidente del órgano judicial capitalino, al pie del asta bandera de la Ciudad Judicial, donde encabeza la ceremonia de honores a la bandera
*** En su alocución, recordó la efeméride de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, hace 77 años, del Decreto que reconoció el derecho de la mujer a votar y ser votada en los comicios municipales
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
Al pie del asta bandera de la Ciudad Judicial, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, aseguró que es importante que el órgano judicial y su comunidad “renovemos votos” de entrega y virtud, a fin de inspirar a generaciones futuras a entregar su vida a la nación.
 
En la ceremonia de honores a la bandera, subrayó que “profesamos nuestra lealtad” a valores que hacen a la Patria digna de entregarle la vida, porque así las generaciones tejidas en el tiempo materializan los principios de libertad y de justicia en la realidad cotidiana del pueblo de México.
“Hacemos esta ceremonia para consolidar el liderazgo moral del Poder Judicial y refrendar su lealtad a la base sobre la cual Nuestros Héroes edificaron una Nación, y al mismo tiempo proyectamos una emoción que enriquece nuestro espíritu y esa es la ofrenda más importante”, comentó.
En su alocución, Guerra Álvarez recordó la efeméride de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, un día como hoy de hace 77 años, del Decreto que reconoció el derecho de la mujer a votar y ser votada en los comicios municipales.
“Muchos años de conquistas en más de medio siglo han convertido a México en un país en los que los derechos político-electorales de las mujeres son materia de la mayor defensa y ponderación”, dijo ante consejeras y consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México, magistradas y magistrados, jueza y jueces, titulares de áreas administrativas y de apoyo judicial, trabajadores y miembros de la Asociación de Jubilados de la institución.
Afirmó que en pleno Siglo XXI, se vive un proceso electoral en el que las principales candidatas presidenciales son mujeres que demuestran la congruencia social y política de nuestro pueblo por la paridad de género.
Con la presencia de la banda de guerra, la banda de música y la escolta de honor y de la Secretaría de la Defensa Nacional, el magistrado convocó a los miembros de la institución a no dar por hecho las palabras que se invocan en el Juramento a la Bandera.
“Cada vez que recitamos el Juramento a la Bandera, estamos haciendo una promesa solemne de lealtad a las ideas inmortales que fundaron esta nación y mantienen unida a nuestra sociedad”, planteó.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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Inicia PJCDMX segunda etapa de capacitación para la implementación del CNPCyF

 

Inicia PJCDMX segunda etapa de capacitación para la implementación del CNPCyF

*** Está dirigida a 45 magistrados, 173 jueces y unos 1,518 servidores de carrera judicial de las materias civil y familiar, tanto de proceso oral como escrito
*** Se trata de un programa académico aprobado por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, a propuesta de la Comisión para la Implementación de la Oralidad Civil-Mercantil y Extinción de Dominio y del Instituto de Estudios Judiciales
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
Este lunes inicia en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), que encabeza el magistrado Rafael Guerra Álvarez, la segunda etapa de capacitación a magistradas, magistrados, juezas, jueces y servidores públicos de carrera judicial, con miras a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF).
Se trata de un programa académico de capacitación que se impartirá en el Instituto de Estudios Judiciales del órgano judicial capitalino, dirigido a 45 magistrados, 173 jueces y aproximadamente 1,518 de servidores públicos de carrera judicial, todos de las materias civil y familiar.
El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, también presidido por el magistrado Guerra Álvarez, aprobó el citado programa, a propuesta de la Comisión para la Implementación de la Oralidad Civil-Mercantil y Extinción de Dominio y del Instituto de Estudios Judiciales, que da continuidad a la capacitación iniciada en octubre pasado.
A partir de este lunes, como ya se describió, inicia el evento académico Dirección de Audiencias Civiles y Familiares, dirigido a impartidores de justicia, en sus facetas de primera y segunda instancia, tanto de proceso oral como escrito.
Por otra parte, se prevé la impartición de la capacitación denominada Generalidades del juicio oral, para secretarios proyectistas, secretarios de acuerdos, secretarios judiciales, auxiliares de acuerdos, conciliadores, auxiliares judiciales, pasantes de derecho y jefes de procedimientos de amparos de salas y juzgados civiles y familiares.
 
Reportero Free Lance *
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