El NSJPA, escrupuloso en respetar
derechos humanos
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Legalidad,
obligatoriedad del derecho y supremacía de la Constitución, responsabilidad del
Estado; iniciaron los trabajos para implementar el Sistema Local Anticorrupción
Resaltó
que a través de la ley se guía la conducta de los ciudadanos porque permite la
solución efectiva, pacífica y eficiente de los conflictos, toda vez que el
Estado de Derecho está centrado en cuatro principios: legalidad, obligatoriedad
de derecho con respecto al Estado, supremacía de la Constitución y la
responsabilidad del Estado en actos frente a los ciudadanos.
El
legislador recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
a partir de 2008 estableció las directrices del Nuevo Sistema de Justicia
Penal, que constan de tres ámbitos: justicia, seguridad y delincuencia
organizada, por ello, el Estado debe considerar cinco retos en cuanto a
derechos humanos y sobre todo que la ciudadanía tenga respeto por las
instituciones.
Es
fundamental promover los instrumentos centrales de vinculación de las
decisiones que se toman en las esferas de gobierno y que protegen a la
ciudadanía, toda vez que es necesario difundir los elementos que conforman la
Constitución en materia de derechos humanos y contribuir en su defensa.
El
diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF,
resaltó por su lado, que este foro servirá para conocer con precisión el Nuevo
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Hizo
un llamado a fin de que la Asamblea Constituyente tome en cuenta las propuestas
que resulten de este foro ya que, dijo, en la Ciudad de México no deben existir
retrocesos por el tema de los derechos humanos y las libertades alcanzadas.
Derivado
de lo anterior, anunció que ya iniciaron los trabajos legislativos para elaborar
e implementar el Sistema Local Anticorrupción en el que, especificó, la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia tiene una participación
importante, que consistirá en elaborar siete leyes.
Con
este Sistema Local Anticorrupción y todo lo que implica se estará a la
vanguardia con un mecanismo legal que evite actos que violen los derechos
humanos y que abone por el bien de la ciudadanía lo que implica, además de las
reformas, generar una estructura distinta en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
aseguró el presidente de la Comisión de Gobierno.
Se
contempla hacer transformaciones en materia penal para sancionar a los
servidores públicos que incurran en irregularidades. Asimismo, se creará una
nueva figura, el Fiscal Anticorrupción, que en su conjunto garantizarán que
cada día existan menos anomalías y se tenga un gobierno transparente.
Estuvieron
en el foro, René Muñoz, presidente de la Fundación Colosio; José Nieves Luna
Castro, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo
Circuito; Miguel Ángel Aguilar López, magistrado del Noveno Tribunal Colegiado
en Materia Penal de Primer Circuito; Ricardo Paredes Calderón, magistrado del
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; Enrique Díaz Aranda,
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como representantes
y titulares de asociaciones civiles de derechos humanos, estudiantes y
académicos.
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