MÉXICO,
EL PAÍS MÁS VIOLENTO E INSEGURO DEL MUNDO DESPUÉS DE SIRIA: MAG. ÉLFEGO
BAUTISTA PARDO
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El jurista mexicano tocó el tema de la
inseguridad y sus repercusiones en la economía de México
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En los tres primeros meses de 2017, se
levantaron cinco mil 775 carpetas de investigación por homicidio doloso y 23
mil 643 por robo a negocio, y el pasado mes de marzo expone el primer lugar de
víctimas de homicidio doloso (dos mil 256) y el quinto en víctimas de homicidio
culposo (mil 598) desde que se tienen registros oficiales de víctimas
BLAS
A. BUENDÍA
El magistrado Élfego Bautista Pardo,
titular de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, tocó un tema que a la mayoría y al mismo país en general, preocupa
como es la seguridad.
En su análisis “Así es el derecho”, el
jurista mexicano concreta que la seguridad es uno de los más delicados temas en
el país. Lamentablemente, día a día nos despertamos con noticias de homicidios,
secuestros, violaciones, robos, hechos que a pesar de que autoridades y
especialistas intentan minimizar y se consideren normales, generan en los
ciudadanos la percepción de inseguridad y falta de protección, y convicción de
ineficacia en la importante tarea de proporcionar seguridad.
En la última encuesta nacional de
victimización y percepción sobre la seguridad pública, de septiembre del año
pasado, quedó evidenciado el descontento de la población con la función más
básica del Estado, proporcionar seguridad para el libre desarrollo de las
actividades sociales, económicas y culturales de sus ciudadanos.
En efecto, 72 por ciento de los
mayores de 18 años consideran que existe inseguridad en las entidades
federativas donde residen, y 65.1 por ciento se sienten inseguros en sus
ámbitos más próximos, como lo son su municipio, delegación o colonia.
No es solo problema de percepción, ni
causado por medios informativos amarillistas; actualmente la seguridad en
México es endeble, indica el reporte de delitos de alto impacto elaborado por
el Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, cuyas
cifras de incidencia delictiva en diversas regiones del país son alarmantes, ya
que durante marzo pasado, tres de los delitos de alto impacto (homicidio,
secuestro y extorsión) reportaron aumentos del número de carpetas de
investigación y de víctimas respecto a febrero, así como si se compara con
marzo de 2016 o el primer trimestre de este año con el del año pasado.
En los tres primeros (meses) de este
año se levantaron cinco mil 775 carpetas de investigación por homicidio doloso
y 23 mil 643 por robo a negocio, y el pasado mes de marzo expone el primer
lugar de víctimas de homicidio doloso (dos mil 256) y el quinto en víctimas de
homicidio culposo (mil 598) desde que se tienen registros oficiales de
víctimas. Todo esto sin contar la cifra negra, es decir el porcentaje de
delitos que no son denunciados, el cual se estima en más de 90 por ciento,
según datos del INEGI.
Además, resalta la información recién
conocida relativa a que internacionalmente, México es el más violento e
inseguro del mundo después de Siria, pese a no tener una guerra civil o intervención.
Ahora, la percepción de inseguridad
suele traducirse en reclamos ciudadanos, que recriminan al Estado por este tipo
de sucesos, como pudo observarse en las manifestaciones provocadas por el
hallazgo, la semana pasada en Ciudad Universitaria, del cuerpo de una mujer
ahorcada con cable telefónico. Aunque a la fecha no se ha comprobado que se
trate de feminicidio, gran parte de la comunidad lo ha asimilado como tal y han
dirigido sus reclamos a las instituciones estatales.
Este reproche social a las
instituciones encargadas de la seguridad pública, nada nuevo, parece agudizarse
día a día desde la desaparición de cuarenta y tres estudiantes normalistas en
septiembre de 2014 en Guerrero, y resulta reclamo legítimo, no por el concepto
de que las autoridades participen en la comisión de los hechos delictivos, sino
por el incumplimiento de la obligación del Estado de proporcionar seguridad
pública, que es derecho humano fundamental.
Dadas las circunstancias, las
autoridades parecen no hacerse cargo de que en su artículo 21, la Constitución
Política establece claramente que la seguridad pública es una función a cargo
de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la
prevención; la investigación y persecución de los delitos; además el artículo
Tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona, y en su artículo Séptimo la Convención Americana sobre Derechos
Humanos establece que las personas tienen derecho a la seguridad.
Es decir, tanto por mandato constitucional
como por garantizar el derecho de los ciudadanos, las instituciones públicas
están obligadas a garantizar seguridad, esencialmente para la subsistencia de
la comunidad, pero también para la existencia mínima del Estado, pues si en el
pacto social que da origen al Estado los individuos ceden parte de sus
libertades, es para obtener ciertos beneficios por parte del entramado estatal,
y la seguridad es el más elemental de ellos, indispensable también para el
desarrollo de cada una de las actividades humanas y para las actividades del
propio Estado.
Si no somos capaces de garantizar la
seguridad se ponen en riesgo las actividades sociales, políticas y sobre todo
económicas, se juega con la vida y el patrimonio individual de las personas,
pero también peligran las inversiones privadas internas y externas que crean
los empleos y hacen posible el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Por
todo esto, la seguridad debe ser prioridad impostergable, y aún hay mucho por
hacer para garantizarla, puntualizó el magistrado Élfego Batista Pardo, quien
asevera: “Así es el Derecho”.
Cabe resaltar que en el marco de un simposium
del Instituto Internacional de Estados Estratégicos en su Encuesta de
Conflictos Armados, sus expertos determinaron que “las raíces del conflicto se
encuentran dentro de las instituciones débiles de México y el desarrollo
socioeconómico insuficiente”.
Precisaron finalmente que en Siria
existe una guerra civil que ha sido la causante de un porcentaje tan elevado de
muertos comparado a los registrados en la República Mexicana. “En México a
pesar de no contar con tanques de guerra y aviones de combate su porcentaje de
muertos a consecuencia del narcotráfico lo posiciona dentro de los países más
peligros, ya que los carteles mexicanos cada vez son más competitivos”,
concluyeron expertos ponentes.
