Los anales de ilegalidad contra ex Ruta 100

 
*** Con la detención de Ricardo Barco "n", “se desmorona el edificio de impunidad” que operó por 29 años en la ex Ruta 100
*** Después de 29 años, Ricardo "n", ex representante legal de trabajadores de la extinta línea de transporte público Ruta 100, fue detenido por defraudar a alrededor de 12 mil empleados
*** La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detalló que el hombre fue arrestado en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de administración fraudulenta, cometido en abril de 1995; lo detuvieron en la colonia Roma Norte
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
Ricardo Barco López fue capturado el miércoles 22 de mayo de 2024 en calles de la Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición del juez que lo requirió para determinar su situación legal.
Ricardo Barco López dice que “él no manejó dinero”, cuando fue el jefe del clan y actor intelectual quien organizó y planeó el descomunal fraude, junto con su inseparable compinche Gabino Camacho "n", Ernesto Ávila "n", Arturo Mendoza "n", José Fernando García "n" y Eulalio Duran "n", todos ellos, en Asociación Delictuosa, traicionaron y despojaron de su inversión del 30% a los trabajadores de Ruta-100, que invirtieron en el Grupo Metropolitano de Transporte, saqueó que duró más de 28 años, y cuyas empresas de GMT, fueron transformadas en las líneas que alimentan las rutas de los metrobuses.
“Los inversionista de Grupo Metropolitano de Transporte pedimos justicia al titular del juzgado 35 en materia penal, radicado en el Reclusorio Norte para que aplique todo el peso de la ley a estos gánster que causaron un daño descomunal, económico, moral y psicológico a los inversionistas de GMT, dejándolos en la vil miseria”, acusó  la Comisión.
Si bien demandan al PJCDMX conducirse con ética en la detención del mayor defraudador que haya existido en el pulpo camionero de la capital de la República, la influencia barquista llegó a su fin.
De tal suerte que la Comisión Liquidadora de la ex Ruta 100, hizo un atento llamado al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, que conforme a los elementos probatorios que permitieron la captura de uno de los asesores jurídicos de esta central camionera —desarticulada por Decreto el 8 de abril de 1995—, el juez de la causa se conduzca con apremio ético, alejado de la tentación de los brazos de la corrupción.
Aplaudió las acciones de coordinación que llevaron al cabo tanto la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal Superior de justicia, ambos locales, para la localización del defraudador Ricardo "n", quien anduvo prófugo de la justicia por casi tres décadas, marcando un precedente de impunidad en el mundo, que finalmente el aparato de justicia hizo su tarea conforme a la aplicación del estado de Derecho que aún gobierna a todo el país.
Sin embargo, el titular del juzgado 35 en materia penal, radicado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, “otorgó la libertad condicionada electrónica para su control”, ya que Ricardo "n" siendo una persona de la tercera edad y acusado vinculatoriamente por el delito de Administración Fraudulenta, antes, durante y después de la desaparición del SUTAUR-100, abusó de su cargo para englobar una riqueza descomunal a lo lardo de 29 años, hasta hoy en día, que asciende a más de mil millones de dólares.
Según lo establecido en el artículo 55 del Código Penal Federal de México, se contempla que cuando un imputado sea una persona de 70 años de edad o más, o esté afectada por una enfermedad grave o terminal, el tribunal competente tiene la facultad de ordenar que la prisión preventiva se cumpla en el domicilio del presunto inculpado o, en su caso, en un centro médico o geriátrico.
Con base a la petición de sus abogados, azuzados por los familiares de Ricardo "n", a quien se le observaba desalineado y con un semblante de “suma preocupación” y un gesto de “malos amigos”, jamás imaginó que en la curva de su vida fuera detenido y estar desvelado tras las rejas de una prisión capitalina, esperando el destino de su libertad.
Su impunidad duró hasta que los honorables juzgadores estudiaron meticulosamente este caso que reinaba en los anales de la ilegalidad, es decir, a lo largo de los últimos 29 años, pasaron infinidad de jueces que se declaraban “incompetentes políticamente” para ejercer la acción penal.
Pero fue hasta que una nueva camada de togados, conforme a sus atribuciones constitucionales, optaron por girar instrucciones para la pronta localización de dicho inculpado, quien al ser atrapado por la Policía de Investigación de la FGJCDMX, Ricardo "n" quien pretendió padecer de amnesia senil, se quejó que su detención se cumplimentó sin la orden de arresto, cuando ya la existía desde hace años.
Durante el inicio del proceso penal, su defensa adujo que su cliente se quejó de que le fueron violados sus derechos humanos, a pesar que su retención se enmarcó sin ningún forcejeo, salvo cuando se le leyeron las causales de ser requerido por un juzgado en materia penal.
La Comisión Liquidadora de la ex Ruta-100, sin embargo, arguyó que “la detención de Barco es un indicio de que por fin se le hará justicia a los más de 12 mil ex trabajadores defraudados”, con lo cual “ese edificio de impunidad que se había erigido por más de 29 años, comenzó a desmoronarse”, porque el juzgado 35 de lo Penal está próximo en obsequiar más órdenes de presentación por las demandas de fraude maquinado en su modalidad agravada y asociación delictuosa, asentadas desde un inicio en el Juzgado Primero Civil del tribunal de la gran ciudad, con vista en materia penal.
La influencia barquista llegó a su fin, indicaron querellantes; demandaron tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial, ambos de la Ciudad de México, mantener los procedimientos legales para evitar cualquier queja de violación a los derechos humanos de posibles inculpados, ya que si bien de los 43 vinculados enlistados, más del 50% ya han fallecido por diversas causas y enfermedades atribuibles a la tercera edad, es decir, esa pandilla fue desapareciendo llevándose a su tumba una impunidad inexplicable absoluta.
“Lo importante de este ocurso judicial, es que la pirámide delictuosa que encabezaba el ahora detenido Ricardo Barco López, que junto con su inseparable cómplice Gabino Camacho "n" —quien promovió un amparo para evitar momentáneamente cualquier requerimiento judicial por el mismo delito de Administración Fraudulenta—, tienen sus horas contadas para ser detenidos y procesados conforme a los ordenamientos de las leyes mexicanas”, estimó la Comisión Liquidadora de ex Ruta 100.
Paralelo a ello, un grupúsculo de trabajadores contrarios a la Comisión Liquidadora de ex Ruta 100, asistió a Palacio Nacional para pedirle al Presidente Andrés Manuel López Obrador, instruya a las instancias legales solucionar en definitiva el conflicto de la central camionera urbana desaparecida el 8 de abril de 1995.
Hicieron llegar una carta al Ejecutivo federal, en cuya misiva —con garrafales faltas de sintaxis y ortografía, debido a la ignorancia empleada por su terminología del acervo jurídico—, cuestionaron la evolución republicana de la Presidencia de la República.
“Cuántas veces usted ha manifestado que en México la justicia siempre es para quien tiene dinero, y la prueba más palpable y reciente, es la de las y los ex trabajadores de la extinta Ruta-100, ya que el viernes 22 de mayo pasado, detuvieron al ex asesor del SUTAUR-100 (Ricardo Barco López) que fue el principal artífice del Fraude Administrativo en contra los 12,004 ex ruteros”, indica el documento entregado en Oficialía de Partes del Ejecutivo Federal.
Hace referencia a la detención y remisión al Reclusorio Norte del defraudador Ricardo "n", el viernes por la madrugada, “liberándolo al puro estilo político corrupto, bajo el pretexto de su edad y supuesta enfermedad”, el juez de la causa le dictó arresto domiciliario, esperando ahora que el Ministerio Público de la FGJCDMX, y todos los demás seudo líderes del sindicato desaparecido hace justamente 29 años, respondan a las acusaciones que se dirigen por el mismo camino por el cual fue detenido Barco López.
Y la pregunta —apunta finalmente el texto— ¿dónde quedan los derechos de los ex trabajadores para recuperar su patrimonio…? ¿Qué, de verdad, “el todo poderoso caballero es don dinero”, para ganar impunidad en su gobierno?
La Comisión Liquidadora de la R-100, compartió un atento aviso a los compañeros del SUTAUR-100 principalmente a los compañeros que dejaron inversión del 30% en las empresas de GMT, ya que el sedicente “abogado” Guadalupe Carmona está enviando mensajes a través Facebook, que sus juicios de amparos va a tener resultados, cometiendo el delito de defraudación ya que a los interesados les cobra una alta cuota para darle seguimiento a sus demandas.
“Para aquellos compañeros ex trabajadores de la Ruta 100 que pueden promover juicio de amparo y tengan este resultado y en caso de estar interesados, el equipo de abogados cobrara costes que ascienden entre 2,500 a 3,000 pesos, más $500 para copias, que por ende, se cobrar el 35% de lo que se recupere, esas son las condiciones, para quien guste, pero aclara que a nadie se obliga, y a nadie se le ruega”.
Al respecto, la Comisión Liquidadora Ruta 100, alertó a los sutaures en no caer en el juego del engaño, toda vez que Guadalupe Carmona, integrante del Grupo Periférico, primero él decía que todo era a resultados (…) y criticaba a todo mundo, por lo que ahora le tienen que pagar seis mil pesos por adelantado, cuando se recupere lo que se gane, tendría que saldar el 35% por comisión.
“Este sujeto quiere hacerse rico con la ignorancia de nuestros compañeros, pretendiendo seguir los pasos de Ricardo Barco, pretendiendo quedarse con todo, si se llegara a darse lo que él dice, pero ya veremos la forma de que también a nuestros compañeros inversionistas les toque”, apuntó la Comisión.

Referente a las votaciones del domingo 2 de junio, estableció que, “lo que esperábamos nosotros, los del SUTAUR-100 destapamos a Claudia Sheimbaum y ganó la Presidencia de la República Mexicana, en tanto que Clara Brugada ganó el Gobierno de la Ciudad de México; ellos entran en funciones el 1 de octubre de 2024, por lo que buscaran una audiencia con la nueva Jefa de Gobierno para ver los adeudos del gobierno con los ex trabajadores de Ruta-100, para clarificar que les entregue el 28% que les fueron descontaron de sus liquidaciones para ser susceptible a concesiones de transporte público de pasajeros y adeudos de los convenios políticos firmados en 1996 y 1999.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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