Cuando la justicia alcanza al poder del volante
Por Karl-os Novo
Tuvieron que pasar más de seis años para que
el apellido de una mujer común, María Inés Ponce, volviera a pronunciarse con
dignidad en los pasillos de la justicia mexicana. La anciana, atropellada el 28
de agosto de 2017 en las calles de Álvaro Obregón, murió víctima no solo de la
imprudencia de un conductor, sino del largo y desgastante silencio que suele
acompañar a quienes enfrentan a las grandes empresas del transporte.
El Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito en
materia Civil del Primer Circuito resolvió de forma definitiva: la empresa
Autobuses México–Toluca–Zinacantepec y Ramales S.A. de C.V., perteneciente al
grupo empresarial de los hermanos Alcántara —ligados al poderoso Grupo
Atlacomulco—, deberá pagar 13 millones de pesos por responsabilidad civil
objetiva, daño moral e intereses moratorios a los familiares de la víctima.
La resolución judicial confirma lo que
durante años fue evidente: la falta de pericia y de protocolos de seguridad por
parte de los operadores de transporte público puede tener consecuencias
irreparables. La vida de una persona no se mide en cifras, pero en un país
donde la impunidad al volante es casi cotidiana, este fallo representa un
precedente que devuelve un poco de fe en el sistema judicial.
Los abogados de los deudos han señalado con
justa indignación que la empresa se mostró inhumana e irresponsable, negándose
a reparar el daño incluso antes de iniciar la contienda legal. Una postura
cínica, considerando la magnitud de sus inversiones en transporte y aviación.
Pero así son muchos gigantes del sector: cuando la tragedia los alcanza,
intentan esconderse tras el blindaje de sus corporativos.
Hoy, la sentencia a favor de la familia
Ponce Gómez no borra el dolor, pero reivindica la memoria de una mujer que
caminaba tranquilamente por su colonia y fue arrollada por el descuido. También
deja una lección para los empresarios que mueven miles de pasajeros cada día:
el volante no solo carga con vidas, también con la responsabilidad moral y
civil de cuidarlas.
La justicia llegó tarde, pero llegó. Y eso,
en México, ya es noticia.
