Debe la SCJN Tomar el Caso de los Libros de Texto Gratuitos: UNPF
Por Gilberto Solís Flores
En cumplimiento de su
principal y especifico objetivo obviamente es defender los derechos de nuestros
hijos, de todos los niños mexicanos y de sus familias, como ha hecho desde hace
más de 106 años, el Pleno de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en
todo el país, alza la voz nuevamente, sugiere y solicita, atenta y cordialmente
a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que
ATRAIGAN PRONTO el caso del amparo de los libros de Texto Gratuitos ante el
total desacato de las autoridades de la Secretaria de Educación Pública (SEP)
aun cuando el Poder Judicial dictó desde el mes de mayo del año en curso 2023
tajante y categóricamente, la suspensión definitiva a los “renovados” Libros de
Texto de la educación Primaria Básica.
A través de reciente
comunicado oficial de prensa, los integrantes de la Unión Nacional de Padres de
Familia exponen el asunto a la Máxima Instancia de México, por la relevancia
que tiene el caso a nivel nacional, y el riesgo que implica no atender este
tema para una generación entera de mexicanos, y esperan que la SCJN atraiga
pronto el caso.
Solicitan atentamente a la SCJN
que ejerza su facultad de atracción del juicio de amparo sobre el que recayó
una suspensión definitiva en mayo pasado, que obliga a la Secretaría de
Educación Pública a suspender la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos
(LTG), por no estar sujetos a un programa de estudios, y por el incumplimiento
de la Ley en su edición y distribución.
Tal como se informó en su
oportunidad, los tradicionales LTG que desde hace muchas décadas generación
tras generación se distribuyen en la Escuelas Primarias, repentinamente la
actual Administración Federal, a través de la SEP impuso una “caprichosa
renovación” a dicha edición educativa infantil con una ideología y doctrina
ajena en riesgo de la formación de los niños mexicanos.
La demanda de amparo
presentada por la UNPF destaca la ausencia de programas de estudio y la omisión
de procedimientos establecidos en la Ley General de Educación (LGE) incluye la
consulta previa requerida tanto por la Constitución como por la propia. Esta omisión daña no sólo la impresión de
libros, sino también la formación del personal docente, con severas
consecuencias directas en el desarrollo diario de los educadores frente al
aula, señala el comunicado oficial.
La suspensión que obtuvo la
UNPF está fundada en el interés legítimo que tienen los padres de familia por
la educación de sus hijos y en la necesidad de atender con seriedad y efectividad
los grandes retos que tiene México en materia educativa, y que se agravaron con
la pandemia del Covid 19: el rezago educativo, la deserción escolar, el mantenimiento
y mejoramiento de infraestructura, la capacitación docente y la adecuada aplicación
de los contenidos educativos, señalan los Padres de Familia.
En su solicitud a la Suprema Corte,
los Padres de Familia en todo el país, desde una postura institucional,
considerar los siguientes aspectos principales:
1.- Interés Superlativo: evaluar la gravedad del
caso en relación con el posible daño de valores sociales, políticos, de
convivencia, bienestar, o estabilidad del Estado mexicano, especialmente en el
ámbito de la educación.
2. Trascendencia del caso:
reconocer la importancia excepcional o novedosa que podría tener la fijación de
un criterio jurídico para casos futuros, así como la complejidad sistémica de
la situación.
“Con esta petición a la Corte,
reiteramos nuestra postura en favor de que haya libros de texto, pero conforme
a la ley y con la calidad necesaria para garantizar la educación de nuestros
hijos”, declaró Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la UNPF.
Señaló asimismo, “Confiamos
en que los Ministros actuarán con compromiso y responsabilidad para garantizar
que se cumpla la Ley y podamos, pronto, volver a tener materiales eficaces y
positivos que permitan a los estudiantes enfrentar los enormes retos que tienen”,
reiteró que La UNPF fundamentó esta petición en la preocupación por la gravedad
del tema, ya que el eventual perjuicio (no afectación) del proceso educativo de
las futuras generaciones podría impactar de manera importante en el
funcionamiento de una sociedad democrática.
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