miércoles, 6 de noviembre de 2019


REQUIRE PJCDMX PARA 2020 UN PRESUPUESTO DE 12 MIL 761.2 MDP, PLANTEA EN EL CONGRESO EL MAG. GUERRA ÁLVAREZ
  
*** El presidente del órgano judicial capitalino sostuvo una mesa de trabajo con diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la que señaló los proyectos prioritarios de la institución para el próximo ejercicio fiscal 2020.

***Al  argumentar  sobre lo requerido, el magistrado recordó que estándares internacionales recomiendan contar con 16 jueces por cada 100 habitantes, cifra que en la Ciudad de México apenas llega a cuatro por 100 mil habitantes 
**Sobre la “Puerta Giratoria” en los procesos "p**de la CDMX, para garantizar la seguridad en la capital de la República

BLAS A. BUENDÍA
Reportero Free Lance


Juan Carlos Martínez
Editor de El Corredor Informátivo
jeancarleon@hotmail.com

El Poder Legislativo y el Poder Judicial ya estudian la necesidad de suprimir la “puerta giratoria” para garantizar la seguridad de la ciudad de México, toda vez que muchas ciudadanos que delinquen, ven una salida fácil por la fragilidad del proceso penal de la capital lo que ha originado una inseguridad a plenitud en la urbe más grande del mundo.
Lo anterior quedó establecido durante la presencia del presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien solicitó a diputados del Congreso local 12 mil 761.2 millones de pesos como presupuesto para 2020 del Tribunal Superior de Justicia capitalino, en una mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a quienes dejó en claro los proyectos prioritarios de la institución para el próximo ejercicio fiscal.
En el salón Heberto Castillo del Congreso, al argumentar sobre la necesidad de los recursos que se solicitan, Guerra Álvarez enfatizó que estándares internacionales recomiendan contar con 16 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que en la Ciudad de México apenas se llega a cuatro por cada 100 habitantes.
Durante la sesión de trabajo, el magistrado explicó que de los 12 mil 761.2 millones de pesos solicitados para el próximo año, 8 mil 575.1 millones de pesos corresponden a acciones permanentes, es decir, por conceptos básicos indispensables, entre éstos, nómina, materiales, servicios y obra.
Respecto a los restantes 4 mil 186.1 millones de pesos, explicó que se destinarán a acciones transitorias, que tienen que ver con proyectos prioritarios para la institución tales como el fortalecimiento de la oralidad en las materias civil-mercantil, familiar y penal, así como el establecimiento de una Sala Constitucional y 22 juzgados de tutela.
Además, abundó, en avanzar en la primera etapa de la implementación de la justicia laboral, que tiene que ver con la creación de infraestructura y capacitación.
El magistrado presidente precisó que, para el fortalecimiento de la oralidad en el órgano judicial capitalino, en 2020 se tiene proyectado crear tres unidades de gestión judicial más: una para las salas de oralidad adyacentes al Reclusorio Preventivo Varonil Norte; otra para las adyacentes al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, y una más para la materia de Ejecución de Sanciones Penales.
Además, el establecimiento de 20 juzgados de oralidad más para la materia civil-mercantil, y 20 juzgados más para la oralidad en materia familiar.
Al final de la sesión, el magistrado Guerra Álvarez, en entrevista con reporteros, se refirió al tema de la solicitud de mayores recursos para el rubro de servicios personales dentro del presupuesto para 2020, y puntualizó que esto es así dado el mayor número de personal que se tendrá que contratar, tanto para la consolidación de la oralidad en las materias civil-mercantil, familiar y penal, así como para crear la estructura con la que funcionará la Sala Constitucional y los juzgados de tutela.
Asimismo, en respuesta a una pregunta de reporteros, el también presidente del Consejo de la Judicatura local se pronunció, como especialistas en derecho penal, por la supresión del auto de vinculación a proceso dentro del sistema procesal penal acusatorio para reducir, o de plano suprimir, la puerta giratoria.

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