EL Corredor Informativo

El desalojo del predio Londres 7, se ejecutó mediante mandato judicial

• El Movimiento Nacional de Vivienda Digna para los Indígenas Desplazados, anunció la factibilidad de impulsar ante las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, así como del Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, mecanismos de apoyo de vivienda y así evitar que grupos partidistas dejen de explotar a este pobre sector que vive constantemente en la vulnerabilidad

BLAS A. BUENDÍA
Reportero Free Lance
filtrodedattospolíticos@gmail.com

JUAN CARLOS MARTÍNEZ
Editor

Por enésima ocasión, sin lesionados ni detenidos, elementos  policiacoscumplimentaron una sentencia ejecutoriada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para desalojar un predio que se hallaba invadido por paracaidistas pertenecientes a la sociedad otomí.

La comunidad de la alcaldía en Cuauhtémoc, pese a que reconocieron que en dicho sitio era ocupado de forma irregular, ya era la tercera ocasión que fue  desalojaba en los últimos 30 años, solo que en esta nueva faceta hubo forcejeos entre policías capitalinos que portaban escudos, cascos y equipo de protección tipo antimotines, en operativo que en momentos parecía salirse de control.

Al respecto, el Movimiento Nacional de Vivienda Digna para los Indígenas Desplazados (MONAVIDID), anunció la factibilidad de impulsar ante las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, así como del Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, mecanismos de apoyo de vivienda y así evitar que grupos partidistas dejen de explotar a este pobre sector que vive constantemente en la vulnerabilidad.

Jorge López Rico, coordinador del MONAVIDID -un organismo apolítico que socialmente apoya a las clases más necesitadas sin afanes de lucro-, reconoció que las comunidades indígenas carecen de todo tipo de apoyos lo que los ha orillado a integrarse en acciones ilegales de invadir predios desocupados en la capital de la república, o que nadie reclama, a fin de protegerse y donde vivir.

En entrevista desarrollada en el marco de la sesión pública de la Cámara de Diputados, manifestó su beneplácito por el hecho de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo no estar de acuerdo con la redacción del artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos, que si bien se trata de un albazo legislativo, se protegería inadecuadamente a las personas que invaden inmuebles en la urbe más grande del mundo.

López Rico comentó que es acertada la posición de la Jefa del Ejecutivo local, cuando la doctora Sheinbaum precisó que personalmente no está de acuerdo con lo que se plantea. “Me parece –afirmó- que no se puede confundir el derecho a la vivienda con el derecho del poseedor de un edificio a que le paguen la renta. Tienen que discutirlo los diputados, algunos diputados me hablaron, también algunas personas del Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. 

En la víspera, la mandataria capitalina dijo que el artículo 60 de la norma en Derechos Humanos, Capítulo Vivienda, no se encontraba en la iniciativa original que envió al Congreso capitalino. “No sé de dónde salió esta propuesta, pero nosotros no la enviamos así. Esta ley la trabajaron con la Comisión de Derechos Humanos y otras organizaciones”, destacó.

Sheinbaum Pardo abundó que las legislaciones deben ir enfocadas a la creación de vivienda social que corresponde tanto al Gobierno de la Ciudad como al federal, y a los propios desarrolladores inmobiliarios, por lo que el dirigente Jorge López Rico, se sumó a ese esfuerzo de coadyuvar y orientar a todas las comunidades indígenas radicadas en la capital del país, a quienes les urge la búsqueda dónde pernoctar, abriendo espacios en beneficio de la familia.

“Desde mi perspectiva, el que una persona no pague renta durante mucho tiempo y por eso sí gana un juicio, no poderlo sacar de la vivienda, pues también yo creo que es un exceso”, consideró la mandataria local, quien insistió en que la controvertida legislación debe ser revisada por los diputados locales y encontrar una salida al problema.

El desalojo. Si bien el desalojo del predio Londres 7 se ejecutó mediante mandato judicial, los elementos de tareas de disuasión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), procediendo conforme a Derecho, lograron evacuar a los invasores, toda vez que éstos últimos, al observar que eran rebasados en proporción al número de elementos policiacos, pretendieron no solo discutir con los uniformados, sino retaron a golpes a los representantes de los medios de comunicación; afortunadamente solo se trató de un zafarrancho sin que nadie saliera lastimado.

Sin embargo, ante el amago policiaco, una señora de la comunidad otomí –cuyo nombre no fue revelado-, pretendió frenar el paso de camionetas oficiales con su hijo que cargaba a sus espaldas envuelto en su reboso. Se detectó que se presentaron varias camionetas donde ya cargaban muebles de madera ya que en ese predio, sus moradores ilegales lo ocupaban también como taller de carpintería.

Ante este embate, los invasores anunciaron que presentarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, debido a que en el desalojo presuntamente fueron golpeados varios indígenas, solo que el parte policiaco a través de videos, desmiente totalmente ese tipo de versiones.

El predio de Londres 7, que se localiza en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, aparentemente fue “abandonado” por sus dueños de origen judío tras los sismos de septiembre de 1985, y quienes optaron por solicitar la intervención de las autoridades correspondientes para rescatar las ruinas en que se encuentran varios edificios deteriorados por el tiempo.

Frente a la evolución del desalojo, los moradores ilegales del vecindario, acusaron que fueron violentados de sus derechos humanos ya que se montó un vistoso operativo policiaco sorpresa, acusando a los uniformados del delito de robo ya que indicaron que fueron víctimas del hampa uniformada.

Sin poder acreditar el monto de lo hurtado, señalaron que entre los avíos se presume que tienen un costo de 350 mil pesos, además que la policía sustrajo dinero en efectivo sin documentar el monto de lo supuestamente sustraído.

Los invasores de terrenos ociosos, según reportes del Congreso de la Ciudad de México, a través de su Comisión de Vivienda, revelaron que ante la falta de poseer una vivienda digna y decorosa, cientos de indígenas han tenido la necesidad de invadir predios abandonados que aparentemente no tienen dueño por hallarse en litigio en juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza el Magistrado penalista Rafael Guerra Álvarez.

La Comisión de Vivienda del Congreso local, indicó que consecutivamente a la comunidad otomí se les pidió que respetaran la privacidad del inmueble, que aun cuando se hallaba aparentemente abandonado, tiene un dueño cuyo nombre no fue revelado.

Durante el desalojo hubo tensión, gritos, jaloneos y empujones entre policías, personas desalojadas y representantes de medios de comunicación, según el parte policiaco de la SSP.

La acción comenzó después de las 13:00 horas del jueves 30 de mayo, para desalojar el predio que colinda con una iglesia y que tiene entradas por la calle de Roma (a su cruce con Milán) y con la calle de Londres, frente al Museo de Cera, que estaba ocupado por lo menos desde el año 2015 por supuestos comerciantes y artesanos indígenas.

En el operativo, que fue transmitido en vivo por diversas televisoras, se pudo observar a un grupo de al menos 50 policías capitalinos cuando sacaban a las personas del interior del inmueble y de las carpas que ocupaban en tramos de las calles de Roma, Milán y parte de la banqueta de la calle de Londres.

En la movilización no hubo detenidos, pero concluyó con la limpieza del predio, ya que una cuadrilla tuvo que desinfectar con cloro los espacios invadidos, que por mucho tiempo fue escenario de la desidia de sus dueños, donde invasores tuvieron la “certeza” de vivir por años sin pagar un solo peso al erario.

Hoy en día, la calle de Londres luce sin la presencia de invasores de terrenos abandonados, pues se montó un operativo de vigilancia las 24 horas, por lo que sus dueños pretenden construir una plaza comercial en los próximos años. 

La calle de Londres, localizado en el perímetro de lo que también se conoce como extensión de la Zona Rosa, recobra su panorámica turística de sus edificios antiguos sin la presencia de personas que profesionalmente se identifican como invasores y que supuestamente están afiliados a varios partidos políticos, es decir, el del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde practican con toda impunidad, actos de corrupción, robándose los predios abandonados en la capital de la República Mexicana.

El Movimiento Nacional de Vivienda Digna para los Indígenas Desplazados que encabeza Jorge López Rico, finalmente exhortó al gobierno de la Ciudad de México, que en vez de utilizar la fuerza pública en el desalojo de predios invadidos, establezca acciones de conciliación entre los afectados para proyectar programas de vivienda.