*** Sus actos de corrupción no han tenido paralelo, se ha transformado en el cuarto sector del quehacer político de México, disfrazado con la 4T; lamentablemente, los barones del narcotráfico tiene sometido al Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas
*** No se puede presumir que México sea un país libre, o que esté a punto de sufrir un Golpe de Estado militar, cuando éste ya domina todo el desarrollo del país, que si bien ha descuidado la soberanía de la Nación, desde principios del actual sexenio, el presidente López Obrador le delegó muchísimas responsabilidades dejando a un lado el Servicio Civil de Carrera
*** Hacer viajes de placer por territorio mexicano, es una aventura de hallar hasta la muerte
BLAS A. BUENDÍA *
Desde
finales de la pasada administración federal, la del político mexiquense Enrique
Peña Nieto, el sector verde olivo se dio cuenta del gran poder que tiene, una
férrea disciplina, personal capacitado, armamento suficiente y desde luego
personal de mando autorizado.
Inició sus actividades delictivas en los retenes carreteros, como una especie de entrenamiento en sus nuevas labores de corrupción.
Con acciones intimidatorias, con armas largas a la vista de la víctima “seleccionada”, el comandante del retén amenaza al tripulante del coche particular —casi siempre padre de familia con esposa y niños—, quienes son obligados a gritos y soportando un vocabulario grotesco, a descender de su vehículo.
El modus operandi se centra en agobiar a sus víctimas fortuitas a través del miedo, el susto y la inconcebible provocación, que termina en las acciones de intimidación, mismas que van al extremo, porque un soldado raso tiene la consigna de “sembrar” pistolas reglamentarias, pero en épocas del combate al narcotráfico, se les inducen hasta drogas.
Pretexto suficiente para iniciar la amenaza de llevarlo ante las autoridades bajo el cargo de portación de arma de Uso Exclusivo del Ejército, que tiene una penalidad de varios años de cárcel y una abultada multa. O, en el peor de los casos, quedar detenido por supuestamente “haber cometido” delitos contra la salud.
La cuota para “olvidar” este tipo de problemas, fluctúa entre 100 mil a 200 mil pesos; el corrupto capitán sugiere a sus víctimas, que hagan un esfuerzo y le señalan que puede recibir cheques o transferencia bancaria. Hay pruebas de todo este mecanismo de corrupción, que soslayan el principio del Estado de Derecho.
Al inicio del presente gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el poder verde fue acreditado hasta el infinito: los uniformados controlan casi todo, como son aduanas, puertos marítimos y fronterizos, así como los aeropuertos. No hubo necesidad de declarar un Golpe de Estado militar al mando civil, sino que éste no solo se entregó de “a pechito”, sino pactó que la riqueza sería repartida entre unos cuantos.
Los militares vigilan los ductos de la riqueza petrolera, construyen puentes y oficinas bancarias —que están bajo su mando—, que así como les pintan las cosas, en breve administrarán una línea aérea, además de brindar protección a connotadas bandas delictivas.
Realizan labores policiacas, tareas para las que no están capacitados, pues es ajena a su obligación de garantizar la Soberanía de la Nación, que día a día, se va perdiendo en el limbo del poder.
Su poder militar es de tal tamaño, al mando del General Cuatro Estrellas, Luis Crescencio Sandoval González, que de forma descarada se ha dado el lujo de viajar por todo el mundo en compañía de su familia, familiares políticos, personal de asistencia, utilizando naves militares, todo con cargo al erario.
“¿Cuál es el problema?”, externa irresponsablemente el mismo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de quien se esperaba que fuera el mejor presidente de México, muy por encima del emblemático presidente Benito Juárez García, pero resultó ser una boñiga andante, de aquellas malolientes y putrefactas.
Lo que parece ser un “Golpe de Estado Militar”, en la praxis está “consensuado”, ya que el poderío de los militares (el pueblo uniformado y armado), tiene tal alcance que se dice que tiene sometido o intimidado a Andrés Manuel López Obrador, quien tiene el cargo de Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas, cargo que se le confiere por ser el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en turno.
Los indicios de corrupción de algunos miembros del Ejercito Mexicano no es nuevo; se recuerdan los casos de los generales José de Jesús Gutiérrez Rebollo, a quien se le conoció como el “zar de la lucha contra el tráfico de drogas”.
Rebollo fue degradado ante todos los Generales Divisionarios en activo, durante un evento llevado a cabo en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, acusado de los delitos de soborno, obstrucción de la justicia y facilitar el transporte de drogas, fue condenado por narcotráfico, corrupción y delincuencia organizada. Falleció a causa de un tumor cerebral.
Otro Divisionario involucrado en el problema de las drogas fue Mario Arturo Acosta Chaparro; fue uno de los artífices de la lucha en contra de los grupos guerrilleros, en especial contra la guerrilla de Lucio Cabañas; el mílite fue acusado del delito de desaparición forzada. También fue vinculado por delitos contra la salud por su presunta cercanía con el Cartel de Juárez, de Amado Carrillo Fuentes.
Es de hacer notar que también conocido como “El Señor de los Cielos” por la flota de aeronaves con las que contaba —entre las que había varios Boeing 727 que utilizaba para transportar droga y tener una fortuna de miles de millones de dólares—, fue un narcotraficante mexicano que se hizo líder del Cártel de Juárez después de que Miguel Ángel Félix Gallardo fuera arrestado.
Socio del capo Pablo Escobar, Carrillo usaba su flota de aeronaves Boeing 727 para transportar droga. Falleció en un hospital de la Ciudad de México tras someterse a una extensa cirugía plástica para cambiar su apariencia. En sus últimos días fue extensamente buscado por las autoridades de Argentina, Colombia, Estados Unidos de América y sobre todo las autoridades de México.
Mario Arturo Acosta Chaparro, por su parte, fue ejecutado de varios disparos, en mayo de 2010, cuando circulaba por calles de la colonia Roma Sur, la versión oficial que fue asesinado por un sujeto que pretendió arrebatarle un valioso reloj de pulso.
Oriundo del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Acosta Chaparro, fue un militar mexicano que participó en la Guerra sucia en México. A Acosta Chaparro se le recuerda por ser uno de los encargados de efectuar las operaciones represivas en contra de la guerrilla de Lucio Cabañas y otras guerrillas contra el gobierno en las décadas de 1980 y 1990.
En 2002 fue indiciado por delitos contra la salud por su presunta vinculación con grupos con el Cártel de Juárez, pero fue exonerado junto al General Francisco Quirós Hermosillo, quien fuera relacionado con “El Señor de los Cielos”, Amado Carrillo Fuentes.
Se presume que el capo entregaba grandes sumas de dinero y costosos regalos a cambio de protección. Fue delatado por un testigo protegido llamado Gustavo Tarín. Le fue retirado el grado de General de División y purgó siete años en prisión. Falleció de cáncer terminal, internado en el Hospital Militar.
En fecha reciente, el 15 de octubre de 2020, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, el General de División y ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Fue liberado sorpresivamente dos meses después por cuestiones meramente políticas.
La captura no la llevó a cabo el Departamento de Justicia. Fue detenido por un grupo de la DEA. Cienfuegos fue titular de la SEDENA en el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto; estuvo acusado de violar los derechos humanos, entre ellos la ejecución extrajudicial de personas en Tlatlaya.
Frente a toda esta secuencia de hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su momento festinó la captura del General Cienfuegos, con la narrativa que “era prueba de la descomposición y corrupción” de la anterior administración peñista. Lo comparó con Genaro García Luna, quien está acusado de distribuir y apoyar al transporte de cocaína. Está detenido en una prisión norteamericana donde se le desarrolla un juicio penal.
Horas después, el tabasqueño cambió su opinión y manifestó que las autoridades del país vecino lo acusaron sin pruebas y amenazó con expulsar a los agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration) comisionados en territorio nacional para que lo liberaran de inmediato.
También se presume que debido a presiones del personal de mando de la Defensa Nacional, se logró el retorno del Divisionario a fin de que no fuera enjuiciado en los Estados Unidos y fue regresado a territorio nacional.
En ese contexto, el Departamento de Justicia de la Unión Americana, desestimó los cargos penales en contra del General de División Salvador Cienfuegos Zepeda. A la fecha, no se menciona la situación legal del ex titular de la SEDENA, porque consideran que es un “secreto de Estado”.
Vivir o viajar por territorio mexicano es un acto de “arrojo y valentía” de la ciudadanía, ya que la corrupción ha alcanzado a los grados inferiores, en especial los de Capitán, cuyas acciones ilícitas se concentran en las carreteras federales. El “moche” fluctúa entre los 100 mil y 200 mil pesos.
Ante la presencia de los retenes militares en la Red de Carreteras del país, el o los conductores que siempre, de preferencia son padres de familia, esposa e hijos, son detenidos bajo la sapiencia que se enfrentarán a militares corruptos, mismos que están coludidos con el crimen organizado.
El Oficial al Mando les convoca a que descienda de la unidad. En tanto un soldado raso les coloca una pistola bajo el asiento, y le informa al Capitán que “halló” un arma de Uso Exclusivo del Ejército.
Automáticamente, ante el asombro e indefensión de la ciudadanía, en seguida son víctimas de la intimidación, diciéndoles los militares que “es un delito grave”, que tiene cárcel de varios años y multa por miles de pesos.
Pero el “honesto oficial” propone una cuota de entre 100 mil o 200 mil pesos, a cambio de “olvidar” el hecho. La victima acepta, a fin de no tener que ser llevado a una zona militar y que su familia sea objeto de escarnio.
Entrega un cheque o realiza una trasferencia por la cantidad exigida por el militar corrupto. Hay pruebas documentales de los hechos que ocurren en las carreteras México-Veracruz; México-Oaxaca y México-Tabasco, que es un corredor donde impera “la corrupción sin freno”.
Solo cabe puntualizar un lógico cuestionamiento: ¿con que valor los soldados (el pueblo armado y uniformado) podrían seguir gritando POR EL HONOR DE MEXICO, cuando su estela de desfachatez es interminable por todos estos sucesos ya descritos?
Lo más lamentable de todo este conflicto nació cuando en las elecciones federales del 2018, el propio pueblo mexicano “se echó la soga al cuello”, al confiar su voto a favor de un político que con el paso de sus cuatro primeros años, se transformó en un dictador aprendiz de comunista, que para sus antagonistas, solo se trata de un presidente que no es presidente, sino un forajido asalta-caminos, que hoy vive como invasor en Palacio Nacional.
El resultado de todo lo anterior se resume en que el fenómeno de la oclocracia fue abordada por la kakistocracia, tomando en consideración que México desde hace décadas se convirtió en un país inseguro, imperando la anarquía del poder de facto del narcotráfico, el cual, paralelamente, tiene bajo su mando al gobierno constitucional que encabeza un fratricida confeso y líder de la 4T (Cuarta Transformación), llamado Andrés Manuel López Obrador.
México, en síntesis, tiene a un Ejército podrido que está controlado por el crimen organizado. Sus actos de corrupción no han tenido paralelo, se ha transformado en el cuarto sector del quehacer político de México, disfrazado con la 4T que, lamentablemente, los barones del narco, tienen sometido al Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas.
No se puede presumir que México sea un país libre, o que esté a punto de sufrir un Golpe de Estado militar, cuando éste ya domina todo el desarrollo del país, que si bien ha descuidado la soberanía de la Nación, desde principios del actual sexenio, el presidente López Obrador le delegó muchísimas responsabilidades dejando a un lado a profesionales del Servicio Civil de Carrera.
Hacer viajes de placer por territorio mexicano, es una aventura de hallar hasta la muerte, porque México es el cementerio más grande de América Latina y del mundo entero.
La seguridad ya es inexistente lo que ha provocado que millones de turistas ya no vengan a los polos turísticos del país. Cada día, México se está quedando solo, que al paso que va, emulará las desgracias que se viven en Cuba y Venezuela, entre otros lares del Planeta, donde los gobiernos autócratas, están saturado de narco-criminales.
Las sombras de la militarización
José Jesús Borjón Nieto, Doctor y maestro en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia y ex profesor-investigador por oposición en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), entre otros cargos, hablaba en un simposium sobre “La lucha contra el crimen organizado y las sombras de la militarización”, dada la fuerza que ha adquirido el narcotráfico en los últimos años y el incremento de la violencia registrada hasta hoy en día.
Aclaró que el término “lucha” se suele utilizar como sinónimo de “guerra, combate y batalla”, conceptos que si bien se usan en forma metafórica, a veces se acercan bastante a los utilizados en combates reales, como es el caso de la militarización y represión del crimen organizado.
Militarización que suele definirse como un proceso en el que se advierte no solo la presencia en instancias civiles del gobierno, esto es, que hay más militares en la Fiscalía General de la República, o en puestos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o en los distintos niveles de gobierno, e incluso en áreas sensibles de inteligencia civil.
A lo anterior se debe agregar, por lo que se refiere al concepto de “seguridad nacional”, que se trata de un término relativamente reciente, pues se empieza a trabajar en los ámbitos académicos y periodísticos desde 1986 a la fecha.
Sin embargo, ni el Gobierno de Miguel de la Madrid, ni el de Carlos Salinas, ni el de Ernesto Zedillo, donde se da la transición, se llega a las últimas consecuencias de considerar al tráfico de drogas como asunto de seguridad nacional, ya que esto implica automáticamente poner a la cabeza del combate a las drogas, a las fuerzas armadas.
En realidad —afirma— no se puede argumentar con base en la Constitución que es un asunto de seguridad nacional; se puede argumentar por razones políticas, pero no por razones constitucionales.
Después de esas aclaraciones, parece oportuno agregar que el hecho utilizar los términos “combate”, “batalla” y/o “guerra” contra el narcotráfico, se debe a la inercia de considerar que el tema del crimen organizado, particularmente en lo que se refiere a tráfico de estupefacientes y secuestro de personas, es un asunto que, supuestamente, cae dentro del ámbito de la seguridad nacional, con lo cual se pretende legitimar la participación de las fuerzas armadas en ese combate.
Por mi parte —dijo el Doctor José Jesús Borjón Nieto— hago desde ahora la aclaración de que esos términos están siendo utilizados de forma metafórica, para inflar un supuesto peligro que es el que conviene al poder de dominación de algunos Estados, empezando por nuestro vecino del norte y siguiendo por nuestros vecinos del Cono Sur, donde, a pesar de las dictaduras y regímenes militares que han padecido, actualmente ninguno de ellos incluye la lucha antinarcótica como tema de seguridad nacional para involucrar a sus fuerzas armadas, con excepción de Colombia, que juntos todos, se ejerce una política del totalitarismo.
Si bien en el momento actual no parece conveniente retirar a las fuerzas armadas del combate al narcotráfico —precisó— su participación en esa misión no debe continuar de manera indefinida, por la violencia que genera el peligro de corrupción de las fuerzas armadas y el riesgo de la militarización en todo el territorio mexicano, tomando en cuenta la escalada represiva de los últimos años, es decir, que se ha recrudecido en el gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador.
En sus manos y como jefe del Ejecutivo, López Obrador urge combatir el dogmatismo que representa todo un enlistado de amargas experiencias como son las drogas ilícitas, la delincuencia organizada, la militarización, los traficantes de estupefacientes, la lucha antinarcóticos, la seguridad pública, la seguridad nacional, la corrupción endémica, incluso, sin respetar los derechos humanos.
Entre los antecedentes, se menciona que la participación de las fuerzas armadas, principalmente del Ejército, en la lucha contra las drogas, se remonta por lo menos a 1947, cuando se crea la Dirección Federal de Seguridad (en adelante DFS y posteriormente su completa desaparición), dependiente de Gobernación, poniendo al frente de ella al coronel Carlos Serrano.
Como es sabido, a la DFS se le dieron atribuciones de intervenir en asuntos de drogas. En ese mismo año, se dio autorización a la PGR, hoy Fiscalía, para coordinar el combate a la producción y tráfico de drogas, competencia que anteriormente tenía la Secretaría de Salubridad.
En el sexenio de Miguel de la Madrid, fue director de la DFS Antonio Zorrilla, a quien el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, le exigió despedir a algunos comandantes por los vínculos que tenían éstos con los traficantes de drogas; Zorrilla, en vez de cumplir la orden de despedirlos, les dio nombramiento de asesores.
La prepotencia y abuso de poder a que llegó la DFS fue de dominio público. Al mismo Zorrilla se le acusó de ser autor intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía, motivo por el cual fue juzgado y sentenciado a prisión.
En ese mismo sexenio, gente de la DFS ayudó a Rafael Caro Quintero a huir de México, luego del asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA (Drug Enforcement Agency) lo que puso en crisis las relaciones entre México y Estados Unidos, lo que motivó la desaparición de la DFS en 1985, por orden presidencial.
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los vínculos del narcotráfico llegan hasta la familia presidencial, uno de cuyos eslabones fue el llamado “hermano incómodo” (Raúl), quien después de haber sido acusado y sentenciado por un supuesto enriquecimiento ilícito, fue puesto en libertad después de diez años, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento del grado de responsabilidad que hubiera tenido, o si se trató de una venganza política.
Se tiene conocimiento de que la PGR ejerció las facultades que le fueron otorgadas desde 1947 en materia de combate a las drogas, con apoyo de las fuerzas armadas, particularmente del Ejército.
En el mandato de Carlos Salinas de Gortari, la SEDENA efectuó solamente el 5% de las confiscaciones de cocaína, cifra que aumentó a 35% durante la gestión de Ernesto Zedillo.
A finales del sexenio zedillista, la PGR todavía actuaba de forma preponderante, pues realizaba el 60% de los decomisos de marihuana y de otras drogas. Sin embargo, en los primeros cuatro años del gobierno de Vicente Fox, la PGR sólo contribuyó con decomisos del orden de “…el 30.2% de goma de opio y el 38.8% de heroína…”; la SEDENA, en cambio, decomisó el 80% en los primeros cuatro años de Fox, lo cual denota el desplazamiento que con el tiempo harían los militares con referencia a la PGR, hoy Fiscalía General de la República.
En la actualidad, se tiene la impresión en la opinión pública de que la SEDENA sigue su propio derrotero y que la ahora FGR tiene hacia ella una subordinación completa.
Respecto a los incrementos del presupuesto destinado al combate contra las drogas, aseguraba Carlos Resa Nestares, ex consultor del programa de las Naciones Unidas para la fiscalización de las drogas ilícitas, “…los sucesivos incrementos del presupuesto no han sido de ninguna utilidad, pues aunque les gusta mucho (a los de la FGR) aparecer en la prensa, no hay trabajo eficaz…”
A este respecto, agregaba que la lucha antinarcóticos tiene varios parámetros, “…uno es desarticular a las organizaciones, en el que la entonces PGR era relativamente eficiente con las que ya están en el declive industrial...”, que llegado el tristemente célebre líder de la Cuarta Transformación, México vive en la completa degradación.
Frente a todo este esquema, basta formular el asecho de los agentes de la DEA en México, ¿en qué va a terminar la militarización del combate a las drogas?, ¿continuará la escalada que se ha registrado hasta el presente?, y ¿qué peligros implica para nuestro país?
Sacar a las fuerzas armadas de la lucha contra el narcotráfico no será una tarea fácil, ya que el de México, tiene a un Ejército podrido controlado por el mismísimo crimen organizado.
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
filtrodedatospoliticos@gmail.com
Inició sus actividades delictivas en los retenes carreteros, como una especie de entrenamiento en sus nuevas labores de corrupción.
Con acciones intimidatorias, con armas largas a la vista de la víctima “seleccionada”, el comandante del retén amenaza al tripulante del coche particular —casi siempre padre de familia con esposa y niños—, quienes son obligados a gritos y soportando un vocabulario grotesco, a descender de su vehículo.
El modus operandi se centra en agobiar a sus víctimas fortuitas a través del miedo, el susto y la inconcebible provocación, que termina en las acciones de intimidación, mismas que van al extremo, porque un soldado raso tiene la consigna de “sembrar” pistolas reglamentarias, pero en épocas del combate al narcotráfico, se les inducen hasta drogas.
Pretexto suficiente para iniciar la amenaza de llevarlo ante las autoridades bajo el cargo de portación de arma de Uso Exclusivo del Ejército, que tiene una penalidad de varios años de cárcel y una abultada multa. O, en el peor de los casos, quedar detenido por supuestamente “haber cometido” delitos contra la salud.
La cuota para “olvidar” este tipo de problemas, fluctúa entre 100 mil a 200 mil pesos; el corrupto capitán sugiere a sus víctimas, que hagan un esfuerzo y le señalan que puede recibir cheques o transferencia bancaria. Hay pruebas de todo este mecanismo de corrupción, que soslayan el principio del Estado de Derecho.
Al inicio del presente gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el poder verde fue acreditado hasta el infinito: los uniformados controlan casi todo, como son aduanas, puertos marítimos y fronterizos, así como los aeropuertos. No hubo necesidad de declarar un Golpe de Estado militar al mando civil, sino que éste no solo se entregó de “a pechito”, sino pactó que la riqueza sería repartida entre unos cuantos.
Los militares vigilan los ductos de la riqueza petrolera, construyen puentes y oficinas bancarias —que están bajo su mando—, que así como les pintan las cosas, en breve administrarán una línea aérea, además de brindar protección a connotadas bandas delictivas.
Realizan labores policiacas, tareas para las que no están capacitados, pues es ajena a su obligación de garantizar la Soberanía de la Nación, que día a día, se va perdiendo en el limbo del poder.
Su poder militar es de tal tamaño, al mando del General Cuatro Estrellas, Luis Crescencio Sandoval González, que de forma descarada se ha dado el lujo de viajar por todo el mundo en compañía de su familia, familiares políticos, personal de asistencia, utilizando naves militares, todo con cargo al erario.
“¿Cuál es el problema?”, externa irresponsablemente el mismo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de quien se esperaba que fuera el mejor presidente de México, muy por encima del emblemático presidente Benito Juárez García, pero resultó ser una boñiga andante, de aquellas malolientes y putrefactas.
Lo que parece ser un “Golpe de Estado Militar”, en la praxis está “consensuado”, ya que el poderío de los militares (el pueblo uniformado y armado), tiene tal alcance que se dice que tiene sometido o intimidado a Andrés Manuel López Obrador, quien tiene el cargo de Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas, cargo que se le confiere por ser el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en turno.
Los indicios de corrupción de algunos miembros del Ejercito Mexicano no es nuevo; se recuerdan los casos de los generales José de Jesús Gutiérrez Rebollo, a quien se le conoció como el “zar de la lucha contra el tráfico de drogas”.
Rebollo fue degradado ante todos los Generales Divisionarios en activo, durante un evento llevado a cabo en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, acusado de los delitos de soborno, obstrucción de la justicia y facilitar el transporte de drogas, fue condenado por narcotráfico, corrupción y delincuencia organizada. Falleció a causa de un tumor cerebral.
Otro Divisionario involucrado en el problema de las drogas fue Mario Arturo Acosta Chaparro; fue uno de los artífices de la lucha en contra de los grupos guerrilleros, en especial contra la guerrilla de Lucio Cabañas; el mílite fue acusado del delito de desaparición forzada. También fue vinculado por delitos contra la salud por su presunta cercanía con el Cartel de Juárez, de Amado Carrillo Fuentes.
Es de hacer notar que también conocido como “El Señor de los Cielos” por la flota de aeronaves con las que contaba —entre las que había varios Boeing 727 que utilizaba para transportar droga y tener una fortuna de miles de millones de dólares—, fue un narcotraficante mexicano que se hizo líder del Cártel de Juárez después de que Miguel Ángel Félix Gallardo fuera arrestado.
Socio del capo Pablo Escobar, Carrillo usaba su flota de aeronaves Boeing 727 para transportar droga. Falleció en un hospital de la Ciudad de México tras someterse a una extensa cirugía plástica para cambiar su apariencia. En sus últimos días fue extensamente buscado por las autoridades de Argentina, Colombia, Estados Unidos de América y sobre todo las autoridades de México.
Mario Arturo Acosta Chaparro, por su parte, fue ejecutado de varios disparos, en mayo de 2010, cuando circulaba por calles de la colonia Roma Sur, la versión oficial que fue asesinado por un sujeto que pretendió arrebatarle un valioso reloj de pulso.
Oriundo del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Acosta Chaparro, fue un militar mexicano que participó en la Guerra sucia en México. A Acosta Chaparro se le recuerda por ser uno de los encargados de efectuar las operaciones represivas en contra de la guerrilla de Lucio Cabañas y otras guerrillas contra el gobierno en las décadas de 1980 y 1990.
En 2002 fue indiciado por delitos contra la salud por su presunta vinculación con grupos con el Cártel de Juárez, pero fue exonerado junto al General Francisco Quirós Hermosillo, quien fuera relacionado con “El Señor de los Cielos”, Amado Carrillo Fuentes.
Se presume que el capo entregaba grandes sumas de dinero y costosos regalos a cambio de protección. Fue delatado por un testigo protegido llamado Gustavo Tarín. Le fue retirado el grado de General de División y purgó siete años en prisión. Falleció de cáncer terminal, internado en el Hospital Militar.
En fecha reciente, el 15 de octubre de 2020, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, el General de División y ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Fue liberado sorpresivamente dos meses después por cuestiones meramente políticas.
La captura no la llevó a cabo el Departamento de Justicia. Fue detenido por un grupo de la DEA. Cienfuegos fue titular de la SEDENA en el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto; estuvo acusado de violar los derechos humanos, entre ellos la ejecución extrajudicial de personas en Tlatlaya.
Frente a toda esta secuencia de hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su momento festinó la captura del General Cienfuegos, con la narrativa que “era prueba de la descomposición y corrupción” de la anterior administración peñista. Lo comparó con Genaro García Luna, quien está acusado de distribuir y apoyar al transporte de cocaína. Está detenido en una prisión norteamericana donde se le desarrolla un juicio penal.
Horas después, el tabasqueño cambió su opinión y manifestó que las autoridades del país vecino lo acusaron sin pruebas y amenazó con expulsar a los agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration) comisionados en territorio nacional para que lo liberaran de inmediato.
También se presume que debido a presiones del personal de mando de la Defensa Nacional, se logró el retorno del Divisionario a fin de que no fuera enjuiciado en los Estados Unidos y fue regresado a territorio nacional.
En ese contexto, el Departamento de Justicia de la Unión Americana, desestimó los cargos penales en contra del General de División Salvador Cienfuegos Zepeda. A la fecha, no se menciona la situación legal del ex titular de la SEDENA, porque consideran que es un “secreto de Estado”.
Vivir o viajar por territorio mexicano es un acto de “arrojo y valentía” de la ciudadanía, ya que la corrupción ha alcanzado a los grados inferiores, en especial los de Capitán, cuyas acciones ilícitas se concentran en las carreteras federales. El “moche” fluctúa entre los 100 mil y 200 mil pesos.
Ante la presencia de los retenes militares en la Red de Carreteras del país, el o los conductores que siempre, de preferencia son padres de familia, esposa e hijos, son detenidos bajo la sapiencia que se enfrentarán a militares corruptos, mismos que están coludidos con el crimen organizado.
El Oficial al Mando les convoca a que descienda de la unidad. En tanto un soldado raso les coloca una pistola bajo el asiento, y le informa al Capitán que “halló” un arma de Uso Exclusivo del Ejército.
Automáticamente, ante el asombro e indefensión de la ciudadanía, en seguida son víctimas de la intimidación, diciéndoles los militares que “es un delito grave”, que tiene cárcel de varios años y multa por miles de pesos.
Pero el “honesto oficial” propone una cuota de entre 100 mil o 200 mil pesos, a cambio de “olvidar” el hecho. La victima acepta, a fin de no tener que ser llevado a una zona militar y que su familia sea objeto de escarnio.
Entrega un cheque o realiza una trasferencia por la cantidad exigida por el militar corrupto. Hay pruebas documentales de los hechos que ocurren en las carreteras México-Veracruz; México-Oaxaca y México-Tabasco, que es un corredor donde impera “la corrupción sin freno”.
Solo cabe puntualizar un lógico cuestionamiento: ¿con que valor los soldados (el pueblo armado y uniformado) podrían seguir gritando POR EL HONOR DE MEXICO, cuando su estela de desfachatez es interminable por todos estos sucesos ya descritos?
Lo más lamentable de todo este conflicto nació cuando en las elecciones federales del 2018, el propio pueblo mexicano “se echó la soga al cuello”, al confiar su voto a favor de un político que con el paso de sus cuatro primeros años, se transformó en un dictador aprendiz de comunista, que para sus antagonistas, solo se trata de un presidente que no es presidente, sino un forajido asalta-caminos, que hoy vive como invasor en Palacio Nacional.
El resultado de todo lo anterior se resume en que el fenómeno de la oclocracia fue abordada por la kakistocracia, tomando en consideración que México desde hace décadas se convirtió en un país inseguro, imperando la anarquía del poder de facto del narcotráfico, el cual, paralelamente, tiene bajo su mando al gobierno constitucional que encabeza un fratricida confeso y líder de la 4T (Cuarta Transformación), llamado Andrés Manuel López Obrador.
México, en síntesis, tiene a un Ejército podrido que está controlado por el crimen organizado. Sus actos de corrupción no han tenido paralelo, se ha transformado en el cuarto sector del quehacer político de México, disfrazado con la 4T que, lamentablemente, los barones del narco, tienen sometido al Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas.
No se puede presumir que México sea un país libre, o que esté a punto de sufrir un Golpe de Estado militar, cuando éste ya domina todo el desarrollo del país, que si bien ha descuidado la soberanía de la Nación, desde principios del actual sexenio, el presidente López Obrador le delegó muchísimas responsabilidades dejando a un lado a profesionales del Servicio Civil de Carrera.
Hacer viajes de placer por territorio mexicano, es una aventura de hallar hasta la muerte, porque México es el cementerio más grande de América Latina y del mundo entero.
La seguridad ya es inexistente lo que ha provocado que millones de turistas ya no vengan a los polos turísticos del país. Cada día, México se está quedando solo, que al paso que va, emulará las desgracias que se viven en Cuba y Venezuela, entre otros lares del Planeta, donde los gobiernos autócratas, están saturado de narco-criminales.
Las sombras de la militarización
José Jesús Borjón Nieto, Doctor y maestro en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia y ex profesor-investigador por oposición en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), entre otros cargos, hablaba en un simposium sobre “La lucha contra el crimen organizado y las sombras de la militarización”, dada la fuerza que ha adquirido el narcotráfico en los últimos años y el incremento de la violencia registrada hasta hoy en día.
Aclaró que el término “lucha” se suele utilizar como sinónimo de “guerra, combate y batalla”, conceptos que si bien se usan en forma metafórica, a veces se acercan bastante a los utilizados en combates reales, como es el caso de la militarización y represión del crimen organizado.
Militarización que suele definirse como un proceso en el que se advierte no solo la presencia en instancias civiles del gobierno, esto es, que hay más militares en la Fiscalía General de la República, o en puestos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o en los distintos niveles de gobierno, e incluso en áreas sensibles de inteligencia civil.
A lo anterior se debe agregar, por lo que se refiere al concepto de “seguridad nacional”, que se trata de un término relativamente reciente, pues se empieza a trabajar en los ámbitos académicos y periodísticos desde 1986 a la fecha.
Sin embargo, ni el Gobierno de Miguel de la Madrid, ni el de Carlos Salinas, ni el de Ernesto Zedillo, donde se da la transición, se llega a las últimas consecuencias de considerar al tráfico de drogas como asunto de seguridad nacional, ya que esto implica automáticamente poner a la cabeza del combate a las drogas, a las fuerzas armadas.
En realidad —afirma— no se puede argumentar con base en la Constitución que es un asunto de seguridad nacional; se puede argumentar por razones políticas, pero no por razones constitucionales.
Después de esas aclaraciones, parece oportuno agregar que el hecho utilizar los términos “combate”, “batalla” y/o “guerra” contra el narcotráfico, se debe a la inercia de considerar que el tema del crimen organizado, particularmente en lo que se refiere a tráfico de estupefacientes y secuestro de personas, es un asunto que, supuestamente, cae dentro del ámbito de la seguridad nacional, con lo cual se pretende legitimar la participación de las fuerzas armadas en ese combate.
Por mi parte —dijo el Doctor José Jesús Borjón Nieto— hago desde ahora la aclaración de que esos términos están siendo utilizados de forma metafórica, para inflar un supuesto peligro que es el que conviene al poder de dominación de algunos Estados, empezando por nuestro vecino del norte y siguiendo por nuestros vecinos del Cono Sur, donde, a pesar de las dictaduras y regímenes militares que han padecido, actualmente ninguno de ellos incluye la lucha antinarcótica como tema de seguridad nacional para involucrar a sus fuerzas armadas, con excepción de Colombia, que juntos todos, se ejerce una política del totalitarismo.
Si bien en el momento actual no parece conveniente retirar a las fuerzas armadas del combate al narcotráfico —precisó— su participación en esa misión no debe continuar de manera indefinida, por la violencia que genera el peligro de corrupción de las fuerzas armadas y el riesgo de la militarización en todo el territorio mexicano, tomando en cuenta la escalada represiva de los últimos años, es decir, que se ha recrudecido en el gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador.
En sus manos y como jefe del Ejecutivo, López Obrador urge combatir el dogmatismo que representa todo un enlistado de amargas experiencias como son las drogas ilícitas, la delincuencia organizada, la militarización, los traficantes de estupefacientes, la lucha antinarcóticos, la seguridad pública, la seguridad nacional, la corrupción endémica, incluso, sin respetar los derechos humanos.
Entre los antecedentes, se menciona que la participación de las fuerzas armadas, principalmente del Ejército, en la lucha contra las drogas, se remonta por lo menos a 1947, cuando se crea la Dirección Federal de Seguridad (en adelante DFS y posteriormente su completa desaparición), dependiente de Gobernación, poniendo al frente de ella al coronel Carlos Serrano.
Como es sabido, a la DFS se le dieron atribuciones de intervenir en asuntos de drogas. En ese mismo año, se dio autorización a la PGR, hoy Fiscalía, para coordinar el combate a la producción y tráfico de drogas, competencia que anteriormente tenía la Secretaría de Salubridad.
En el sexenio de Miguel de la Madrid, fue director de la DFS Antonio Zorrilla, a quien el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, le exigió despedir a algunos comandantes por los vínculos que tenían éstos con los traficantes de drogas; Zorrilla, en vez de cumplir la orden de despedirlos, les dio nombramiento de asesores.
La prepotencia y abuso de poder a que llegó la DFS fue de dominio público. Al mismo Zorrilla se le acusó de ser autor intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía, motivo por el cual fue juzgado y sentenciado a prisión.
En ese mismo sexenio, gente de la DFS ayudó a Rafael Caro Quintero a huir de México, luego del asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA (Drug Enforcement Agency) lo que puso en crisis las relaciones entre México y Estados Unidos, lo que motivó la desaparición de la DFS en 1985, por orden presidencial.
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los vínculos del narcotráfico llegan hasta la familia presidencial, uno de cuyos eslabones fue el llamado “hermano incómodo” (Raúl), quien después de haber sido acusado y sentenciado por un supuesto enriquecimiento ilícito, fue puesto en libertad después de diez años, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento del grado de responsabilidad que hubiera tenido, o si se trató de una venganza política.
Se tiene conocimiento de que la PGR ejerció las facultades que le fueron otorgadas desde 1947 en materia de combate a las drogas, con apoyo de las fuerzas armadas, particularmente del Ejército.
En el mandato de Carlos Salinas de Gortari, la SEDENA efectuó solamente el 5% de las confiscaciones de cocaína, cifra que aumentó a 35% durante la gestión de Ernesto Zedillo.
A finales del sexenio zedillista, la PGR todavía actuaba de forma preponderante, pues realizaba el 60% de los decomisos de marihuana y de otras drogas. Sin embargo, en los primeros cuatro años del gobierno de Vicente Fox, la PGR sólo contribuyó con decomisos del orden de “…el 30.2% de goma de opio y el 38.8% de heroína…”; la SEDENA, en cambio, decomisó el 80% en los primeros cuatro años de Fox, lo cual denota el desplazamiento que con el tiempo harían los militares con referencia a la PGR, hoy Fiscalía General de la República.
En la actualidad, se tiene la impresión en la opinión pública de que la SEDENA sigue su propio derrotero y que la ahora FGR tiene hacia ella una subordinación completa.
Respecto a los incrementos del presupuesto destinado al combate contra las drogas, aseguraba Carlos Resa Nestares, ex consultor del programa de las Naciones Unidas para la fiscalización de las drogas ilícitas, “…los sucesivos incrementos del presupuesto no han sido de ninguna utilidad, pues aunque les gusta mucho (a los de la FGR) aparecer en la prensa, no hay trabajo eficaz…”
A este respecto, agregaba que la lucha antinarcóticos tiene varios parámetros, “…uno es desarticular a las organizaciones, en el que la entonces PGR era relativamente eficiente con las que ya están en el declive industrial...”, que llegado el tristemente célebre líder de la Cuarta Transformación, México vive en la completa degradación.
Frente a todo este esquema, basta formular el asecho de los agentes de la DEA en México, ¿en qué va a terminar la militarización del combate a las drogas?, ¿continuará la escalada que se ha registrado hasta el presente?, y ¿qué peligros implica para nuestro país?
Sacar a las fuerzas armadas de la lucha contra el narcotráfico no será una tarea fácil, ya que el de México, tiene a un Ejército podrido controlado por el mismísimo crimen organizado.
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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