Ginebra, Suiza, 2 de febrero de 2015
Mensaje del embajador Juan Manuel Gómez Robledo,
subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, durante la
sustentación del informe de México sobre el cumplimiento de la Convención para
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CED)
Señor Presidente:
Con convicción y responsabilidad,
acudimos a sustentar el informe que México rindió ante el Comité contra la
Desaparición Forzada, conforme a las obligaciones que hemos asumido en virtud
de la Convención.
Todos saben el papel que desempeño
México en la promoción de este instrumento internacional, a fin de contar con
la norma universal que genere los cambios internos que requiere la prevención y
sanción de la más abominable violación a los derechos humanos.
Estamos seguros que este diálogo del que
derivarán sus recomendaciones nos permitirá fortalecer las medidas que México
ha adoptado desde la entrada en vigor de la Convención en 2010 y comprometer
nuevas acciones.
La Delegación incluye representantes del
Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, a nivel federal, un comisionado de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero también funcionarios de los
Estados, y de manera destacada, el Gobernador del Estado de Coahuila y
Coordinador de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de
Gobernadores.
Señor Presidente, distinguidos miembros
del Comité:
México reconoce sin la menor ambigüedad
que, a pesar de los importantes avances que existen en el país en materia de derechos
humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar. Nuestra presencia hoy
ante ustedes deriva de la obligación de rendir cuentas acerca del estado que
guarda el cumplimiento de la Convención.
Pero esta sustentación ocurre en una
circunstancia particularmente dolorosa que ha generado urbi et orbi indignación
y repudio, pero también determinación y contundencia para satisfacer el derecho
a la verdad y a la justicia. En ese
cometido están comprometidos gobierno y sociedad.
La desaparición forzada de los
estudiantes de Ayotzinapa pone de manifiesto, una vez más, que debemos seguir
atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción,
para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña, y así
fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y justicia.
Cuando se juzgue y sancione a todos los
responsables de estos actos de barbarie y se acredite plenamente el paradero de
los desaparecidos, podremos, Estado y sociedad pasar del dolor a la recomposición
del tejido social. Y consolidar el México en paz, el México incluyente que haga
realidad el estado de derecho que todos anhelamos.
Con profundo respeto a los familiares de
algunos de los estudiantes desaparecidos aquí presentes y a las organizaciones
que los representan, expresamos nuestra solidaridad para con las víctimas de
violaciones a los derechos humanos y todas las víctimas del delito en
México.
Señor Presidente:
Las acciones emprendidas por el Gobierno
Federal, las brigadas de búsqueda en vida de los normalistas desaparecidos que
han realizado las instituciones de seguridad pública en compañía de los
familiares, así como el trabajo científico que se ha compartido con los peritos
independientes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), han
permitido que la PGR construya una investigación criminal sin precedentes en la
historia reciente de México.
Sin embargo, conscientes de la necesidad
de hacer aún más transparente la acción del Estado, los representantes de las
víctimas de los sucesos de Iguala y el Gobierno Federal solicitamos el 13 de
octubre de 2014 la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). El 18 de noviembre
firmamos un acuerdo para tal fin y el 21 la dotamos de los recursos financieros
que requiere para el desahogo de su mandato. El 16 de enero de 2015,
finalmente, la Comisión designó a un grupo de expertos independientes que
deberá iniciar su labor en los próximos días. Quiero subrayar que el mandato de
estos expertos trasciende la verificación de todas y cada una de las
actuaciones del Estado en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por
la Comisión Interamericana: El Grupo de expertos podrá también hacer
recomendaciones que atiendan, en un sentido más amplio, problemas de carácter
estructural.
México se mantiene abierto a recibir
cooperación de otras instituciones internacionales y de los gobiernos de los
países que nos lo han ofrecido, entre los que se encuentran, a manera de
ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. (tales como la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Comité Internacional
de La Cruz Roja y la Unión Europea).
Bienvenidas sean, pues, la mirada
externa y la crítica constructiva. Pero
es claro que la labor de vigilancia que ejerce cualquier organización
internacional de derechos humanos, si quiere tener el efecto útil que se
propone, debería privilegiar el diálogo en torno a una agenda compartida que
evite incurrir solo en la descalificación.
Con este espíritu, nos ponemos a la
disposición de las organizaciones que han acompañado esta sustentación para
reunirnos mañana por la tarde aquí en Ginebra, y desde luego en México, y
evaluar juntos el camino a seguir.
Señor Presidente:
.jpg)
A la luz de estos acontecimientos, se ha
reforzado la urgencia de contar con un sistema de prevención integral que
considere los contextos de la criminalidad en diferentes zonas. Asimismo, se ha
reforzado la importancia de redoblar nuestros esfuerzos para transformar la
forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular
la investigación ministerial, pericial y policial de la desaparición de personas
para el cabal cumplimiento de los derechos humanos en México.
México ha vivido un proceso de
transformación que se ha dado en etapas sucesivas, en el contexto de la
consolidación de la democracia. Las reformas constitucionales sobre el sistema
de justicia penal, amparo y derechos humanos y la forma vanguardista en que
estas reformas han sido interpretadas por el Poder Judicial se traducen, sin
lugar a dudas, en la mayor ampliación de derechos de las personas en un siglo.
De forma más reciente, el Presidente de
la República anunció el 27 de noviembre de 2014, 10 medidas para mejorar la seguridad, la
justicia y el Estado de derecho en México, en las que se comprometió a diseñar
un conjunto de acciones que incluyan la elaboración de una iniciativa de reforma
que faculta al Congreso de la Unión para expedir las Leyes Generales en materia
de prevención de la Tortura y Desaparición Forzada, la creación de un Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas y uno de Información Genética y fortalecer los
protocolos y procedimientos para que, en casos de desaparición forzada, las
investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales.
Con estos cambios se modificará el
esquema de coordinación para generar uno cooperativo en donde, bajo reglas
definidas pero también flexibles, las autoridades locales puedan conocer de
delitos federales y las autoridades federales de delitos locales, evitando la
rigidez actual del sistema de competencias penales.
Con lo anterior, se pretende generar una
coordinación eficiente entre los tres órdenes de gobierno, a fin de que puedan actuar simultáneamente
sobre la misma materia. Este tipo de facultades deben quedar explícitas en la
legislación nacional, en donde se
precise el alcance de las atribuciones y responsabilidades de cada uno.
Estas iniciativas fueron objeto de
discusión por parte de servidores públicos, académicos y de la sociedad civil,
en distintos foros organizados por el Senado de la República, apenas el pasado
20, 21 y 22 de enero, con la intención de estar en posibilidades de aprobar un
dictamen en el próximo mes de febrero que incorpore las visiones de los
diferentes sectores.
Por lo que se refiere a la atención de
víctimas de violaciones a los derechos humanos y de delitos en nuestro país,
preciso que por mandato de la Ley General de Víctimas se creó el Sistema
Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), el cual se instaló el 15 de enero de
2014 y está integrado por la máxima representación de los titulares de los
Poderes Federales de la Unión, de los tres órdenes de gobierno, así como de
organismos públicos de derechos humanos.
Cabe destacar que el reconocimiento de
la calidad de víctima tiene como efecto acceder a la reparación integral que
incluye las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción
y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva,
material, moral y simbólica. En lo relativo a la compensación las víctimas
tienen acceso a los recursos de un Fondo creado especialmente para tal efecto.
Estoy seguro que el Comité querrá dialogar con el representante de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas aquí presente.
Señor Presidente,
Un análisis objetivo de la situación de
los derechos humanos en México, además de reconocer los retos considerables,
sobre todo a nivel local, obliga a tener en mente la evolución en la
construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos. Para ir más allá
de la crítica, vale la pena recordar de dónde venimos y, sin triunfalismos,
apreciar lo que la sociedad y las instituciones públicas en México hemos
avanzado a lo largo de poco más de tres décadas.
Es con ese ánimo que México acude ante
este Comité no sólo para recibir sus recomendaciones, sino para contribuir como
uno de los 44 Estados parte a la construcción del nuevo régimen internacional
que establece la Convención. Se trata de una etapa crucial en la que México alentará siempre al Comité a
actuar con sentido de responsabilidad, de diálogo y cooperación con aquellos
Estados que voluntariamente decidimos asumir las obligaciones derivadas de la
Convención.
No hay comentarios:
Publicar un comentario