Un hito el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, norma garantista en pro a la niñez

 

Un hito el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, Norma  Garantista en Pro a la Niñez

 
*** En su espacio Así es el Derecho, el magistrado civilista Élfego Bautista Pardo, desarrolló precisiones sobre la importancia que posee el Cumplimiento Obligatorio de la Pensión Alimentaria
*** Sin embargo, tiene sus bemoles. El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias emitirá certificados de no inscripción, a petición de la parte interesada.  Las autoridades federales competentes, instrumentarán las medidas de restricción migratoria que establezcan que ninguna persona inscrita en esta norma jurídica, pueda salir del país
*** Es importante mencionar que la lista de deudores se encuentra disponible en la página oficial del Registro Civil http://www.rcivil.cdmx.gob.mx/deudores_alimentarios/ donde se podrá buscar el nombre del deudor alimentario para posibles procedimientos judiciales
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
Los tribunales superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF para integrar al Registro Nacional de Obligaciones.
Se puede considerar que ha sido un hito el nacimiento del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias —único en América Latina— que forma parte de una norma garantista en pro a la niñez, para lo cual, en su espacio Así es el Derecho, el magistrado civilista Élfego Bautista Pardo, desarrolló precisiones sobre la importancia que posee la serie de medidas en el cumplimiento obligatorio de la pensión alimentaria.
Cita que el pasado 22 de marzo el pleno del Senado aprobó por unanimidad, la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Se basó en la Convención sobre los Derechos del Niño de noviembre de 1989, ratificada por México en septiembre de 1990.
En la citada Convención se estableció que todas las autoridades judiciales y administrativas, los órganos legislativos y las instituciones públicas o privadas de bienestar social deberán considerar el interés superior del niño, apuntó.
Titular de la Tercera Ponencia de la Quinta Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, el magistrado Élfego Bautista Pardo destacó que al ratificarse este instrumento internacional, el Estado Mexicano asumió la obligación de adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos a los menores de edad en la Convención, como son: el pleno desarrollo físico, mental y social, y a expresar libremente sus opiniones.
Se reconoce que para que el niño tenga pleno y armonioso desarrollo de la personalidad debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente que le proporcione felicidad, amor y comprensión.
La obligación que tienen todas las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como lo establece el artículo 1° constitucional, indujo al Senado a la modificación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar de forma puntual y adecuada el suministro de los alimentos.
Por la evidente necesidad de agilizar la tramitación de la pensión alimenticia y garantizar su cumplimiento, asunto de gran relevancia para los derechos de niñas, niños y adolescentes, se presentó un proyecto garantista del derecho familiar, que comprende el derecho a la satisfacción de las necesidades de sustento y supervivencia, la alimentación, nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médico-hospitalaria y, en su caso, gastos de embarazo y parto.
Incluye gastos para instrucción en todos sus niveles y aun para aprender oficio o arte, y con relación a los menores con algún tipo de discapacidad o interdictos, lo necesario para lograr, en lo posible, su habitación, rehabilitación y desarrollo.
Fue por todo eso que el pleno senatorial acordó instituir el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, cuyo objetivo es concentrar la información acerca de deudores y acreedores a ellas, a fin de dotar de efectiva protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Se indica que las autoridades de los tres órdenes de gobierno dispondrán lo necesario a fin de que la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias se incluya entre los requisitos a cumplir para gestionar y obtener licencias y permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y viaje, participar como candidato a cargo de elección popular y en procesos de selección para asumir el cargo de juez o magistrado en los ámbitos local y federal.
Asimismo, deberá ser presentado para poder hacer trámites ante notario público relativos a la compraventa de inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales, y en el Registro Civil los solicitantes de licencia matrimonial deben demostrar que ninguno se encuentra en el Registro como deudor de la pensión alimentaria.
 
Medidas
En los estudios que el Congreso que integra a la Cámara de Diputados y el Senado de la República, se acordó que las procuradurías de Protección de las entidades federativas y de la Ciudad de México, tendrán acceso total a las bases de datos del Registro Nacional de Obligaciones.
Los datos recabados podrán ser utilizados para fines estadísticos o de análisis que se consideren necesarios. La actualización del registro deberá realizarse de forma mensual.
Subraya que toda persona a quien, por su cargo, corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el Juez o la autoridad responsable del fuero local; de no hacerlo, será sancionado y responderá solidariamente para el pago de daños y perjuicios que cause al acreedor alimentario por omisiones o informes falsos, sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos locales.
Señala que las autoridades federales competentes, instrumentarán medidas de restricción migratoria que establezcan que ninguna persona inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias puede salir del país cuando: sea deudor alimentario moroso o existan medios de prueba que permita al Juez determinar la existencia de un riesgo importante de que la salida del país sea utilizada como un medio de evasión de pago.
En consecuencia, el decreto publicado el pasado 8 de mayo en el DOF es el siguiente:
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias.
Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo de la fracción I del artículo 103; se adiciona una fracción VI al artículo 120, recorriéndose la subsecuente; y se adiciona una Sección Cuarta al Capítulo Tercero, denominada "Del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias", que comprende los artículos 135 Bis a 135 Septies de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 103. ...
I. ...
Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de sustento y supervivencia y, en la especie:
a) La alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médico-hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto;
b) Los gastos derivados de la educación y la formación para proporcionar a los menores un oficio, arte o profesión, adecuados a sus circunstancias personales, y
c) Con relación a los menores con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo;
II. a XI. ...
...
...
Artículo 120. ...
I. a IV. ...
V. Prestar apoyo y colaboración técnica y administrativa en las materias reguladas en esta Ley, a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;
VI. Tendrá a su cargo el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en los términos que establece esta Ley, y
VII.   ... / Capítulo Tercero / Del Sistema Nacional de Protección Integral / Sección Cuarta
Del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias
Artículo 135 Bis. Se crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias cuyo objeto es concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Los Tribunales Superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF para que con ella integre al Registro Nacional de Obligaciones.
La calidad de deudor moroso se difundirá en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el cual, será público con base en lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas y de la Ciudad de México tendrán acceso total a las bases de datos del Registro Nacional de Obligaciones.
Los datos recabados en este registro podrán ser utilizados para los fines estadísticos o de análisis que se consideren necesarios.
La actualización del registro deberá realizarse de forma mensual.
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Artículo 135 Ter. Toda persona a quien, por su cargo, corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el Juez o la autoridad responsable del fuero local; de no hacerlo, será sancionada en los términos establecidos por el artículo 157 de esta Ley y responderá solidariamente para el pago de daños y perjuicios que cause al acreedor alimentario por las omisiones o informes falsos, sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales.
El deudor alimentario deberá informar, en un máximo de quince días hábiles al acreedor alimentario, al Juez o la autoridad responsable del fuero local cualquier cambio en su empleo, la ubicación de ésta y el puesto o cargo que desempeñará, a efecto de que se actualice la pensión alimenticia decretada.
Artículo 135 Quáter. La inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias deberá especificar cuando menos:
I. Nombre o nombres, apellidos, Clave Única de Registro de Población y clave y homoclave del Registro Federal de Contribuyentes del deudor alimentario;
II. Órgano jurisdiccional que ordenó la inscripción, cuantía del cumplimiento de la obligación alimentaria y plazo de pago de los alimentos definitivos, y
I
II. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la cual deriva la inscripción.
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Artículo 135 Quinquies. El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias emitirá certificados de no inscripción, a petición de la parte interesada. Para efecto de lo anterior, se dispondrá de un sitio web en el cual se genere automáticamente el certificado de forma gratuita, mismo que contendrá como mínimo la siguiente información:
I. Nombre o nombres, apellidos y Clave Única de Registro de Población del deudor alimentario;
II. Órgano jurisdiccional que ordenó el registro, cuantía de la pensión y estado de cumplimiento.
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Artículo 135 Sexties. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, dispondrán lo necesario a fin de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Entre los trámites y procedimientos que podrán requerir la expedición de ese certificado, se encuentran los siguientes:
I. Obtención de licencias y permisos para conducir;
II. Obtención de pasaporte o documento de identidad y viaje;
I
II. Para participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular;
IV. Para participar como aspirante a cargos de jueces, magistrados en el ámbito local o federal;
V. Los que se realicen ante notario público relativos a la compraventa de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales, y
VI. En las solicitudes de matrimonio, el juez del Registro Civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro, mencionando la situación que guardan respecto de las obligaciones que tiene.
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Artículo 135 Septies. Las autoridades federales competentes, instrumentarán las medidas de restricción migratoria que establezcan que ninguna persona inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias pueda salir del país, cuando:
I. Sea deudor alimentario moroso.
II. Existan medios de prueba que permitan al Juez determinar la existencia de un riesgo importante de que la salida del país sea utilizada como un medio de evasión de pago.
El impedimento para salir del país deberá ser solicitado por el acreedor o por quienes tengan su guardia y custodia ante el Juez correspondiente, quien, en su caso, deberá notificar a las autoridades migratorias respectivas para los efectos conducentes.
En el caso de la fracción I de este artículo; el Juez podrá autorizar la salida del país si se garantiza el pago de por lo menos la mitad del adeudo que se tenga por el pago de alimentos y un depósito que corresponda al pago adelantado desde noventa hasta trescientos sesenta y cinco días de la pensión, según las circunstancias, o bien proporcione cualquier otra garantía, que a criterio del Juez garantice el cumplimiento de la obligación.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Sistema Nacional DIF contará con un plazo de trescientos días hábiles para la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Tercero. Los Congresos Locales y los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, contarán con un plazo no mayor a ciento veinte días hábiles a partir del inicio de la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, para armonizar el marco normativo correspondiente, en armonía con los lineamientos que establezca el Sistema Nacional DIF, conforme a lo establecido por el presente Decreto.
Cuarto. La autoridad encargada del Registro Nacional, en el término de noventa días naturales, emitirá la normativa a través de la cual se establezca el formato, tiempo, modo y lugar para que las autoridades locales obligadas en el presente decreto cumplan con las obligaciones establecidas a través del presente Decreto.
Es importante mencionar que la lista de deudores se encuentra disponible en la página oficial del Registro Civil http://www.rcivil.cdmx.gob.mx/deudores_alimentarios/ donde se podrá buscar el nombre del deudor alimentario para posibles procedimientos judiciales.
 
Reportero Free Lance *
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